El plan antidrogas y de desarrollo del presidente de Colombia, Andrés Pastrana, generará más problemas que soluciones, dicen expertos de tres organizaciones no gubernamentales de derechos humanos, ambiente y de estudio del narcotráfico.
El llamado Plan Colombia no ataca a fondo el problema del tráfico de drogas, el principal objetivo enunciado, y en cambio, profundizará el conflicto interno, con su secuela de más personas desplazadas, violaciones de los derechos humanos y daños al ambiente, sostienen los especialistas.
Ricardo Vargas, coordinador de Acción Andina, que estudia la situación del narcotráfico en la región, señaló que el fuerte componente militar del programa va a producir un aumento de las acciones armadas en el sur del país.
El plan colombiano será financiado en parte por una asistencia de 1.600 millones de dólares de Estados Unidos, que estudia el Congreso a solicitud del presidente Bill Clinton.
El gobierno de Pastrana lo define como "una estrategia integral" para fortalecer la lucha contra el narcotráfico, acabar con la violencia, promover el respeto de los derechos humanos y el desarrollo económico.
La ayuda estadounidense "abre una definitiva relación estructural proyectada a ocho años", con la cual Washington busca afianzar en la región su estrategia antidrogas, dijo Vargas a IPS.
El experto opinó que la ayuda ofrecida por Estados Unidos no va a solucionar el problema del narcotráfico, porque no ataca su principal soporte, que es el capital de las organizaciones criminales para financiar los cultivos.
La asistencia militar estadounidense contenida en el plan, "lleva implícita una redefinición de las Fuerzas Armadas" de Colombia, indicó Vargas.
En ese marco, "la creación de batallones antinarcóticos en el Ejército, como una fase posterior para comprometer a las demás fuerzas de la región", reemplazará en gran parte a la policía en la lucha contra el tráfico de drogas, explicó.
Estos batallones actuarán en el sur de Colombia, con epicentro en el departamento de Putumayo, donde, según las agencias antidrogas estadounidenses, "se produce cerca de 80 por ciento de la coca colombiana, en cultivos protegidos por la guerrilla izquierdista".
Putumayo es una zona estratégica para la coordinación de la guerrilla, que será defendida a muerte, ante lo cual el Estado será incapaz de garantizar la vida de la población civil que va a quedar en medio de una feroz guerra, indicó Vargas.
En caso de plantearse este escenario se intensificará el desplazamiento de personas de sus hogares, uno de los graves problemas que afronta Colombia, apuntó Jorge Rojas, director de la Consejería para los Derechos Humanos y el Desplazamiento.
Rojas estimó en 150.000 las personas que se verán obligadas a dejar la zona por la intensificación de la guerra al implementarse el Plan Colombia, las cuales se sumarán a los 1,5 millones de colombianos desplazados por el conflicto interno en los últimos 15 años.
Un informe de la organización no gubernamental Human Rigths Watch indicó que Colombia ocupó en 1999 el tercer lugar entre los países con mayor número de personas desplazadas por la violencia, detrás de Sudán y Angola.
La tercera advertencia respecto de los efectos negativos del plan antidrogas la hizo Alberto Yepez, del grupo no gubernametal ambientalista Corporación Región, de Medellín.
Yepez sostuvo que los programas de destrucción de cultivos mediante fumigación a realizarse ocasionarán "una grave devastación del ambiente en la región amazónica".
El programa gubernamental prevé desarrollarse durante tres años, con una inversión total de 7.500 millones de dólares, de los cuales Estados Unidos aportaría 1.600 millones, el gobierno colombiano 3.500 millones y el resto por los eventuales donantes que convoque la mesa a instalarse en junio en España.
El proyecto también recibe críticas de otros sectores locales y del exterior.
En una columna periodística publicada en la edición de la revista estadounidense The Economist que circuló la semana pasada se afirma que "el Plan Colombia es ambiguo y los resultados podrían decepcionar".
El columnista agregó que Estados Unidos esta comprometiendo mucho dinero y equipo militar "para pelear en una selva extranjera", en un país donde su presidente enfrenta problemas muy difíciles.
También las insurgentes Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), con las que está negociando Pastrana, consideró que el plan "es una declaratoria de guerra" que se esconde detrás de una supuesta lucha antidrogas.
El portavoz de las FARC en la mesa de diálogo de paz, Raúl Reyes, dijo que ese grupo guerrillero, el mayor y más antiguo del país, rechaza la propuesta de Pastrana, porque "facilitará una mayor injerencia de Estados Unidos en los asuntos internos de Colombia". (FIN/IPS/yf/dm/ip hd en/00
