La grave situación de derechos humanos en Colombia tiene sus raíces en la guerra interna, afirmó el gobierno, mientras representantes de la ONU alertaron que los civiles se convirtieron en el principal objetivo de bandos armados que ni siquiera combaten entre sí.
La Comisión de Derechos Humanos de la ONU (Organización de las Naciones Unidas), con sede en Ginebra, analizará la situación de Colombia en su 56 sesión anual, que comenzó el lunes y concluirá el 28 de abril. Mientras, analistas acusan al presidente Andrés Pastrana de no ubicar este problema entre sus prioridades.
En 1999 se produjo en Colombia "una seria degradación del conflicto armado, con gravísimas consecuencias para la población civil", sostuvo en su informe anual la representación en este país de la alta comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, Mary Robinson.
Los civiles son víctimas de grupos paramilitares que "cuentan con apoyo, aquiescencia o tolerancia de los agentes del Estado", de la guerrilla que secuestra, extorsiona y bombardea poblados con armas no convencionales, y de militares que torturan y que cometen homicidios y genocidio, según el informe.
En 1999 se cometieron 403 masacres (asesinato de al menos cuatro personas en el mismo momento y en el mismo lugar), de las cuales 155 fueron responsabilidad de los paramilitares.
Los grupos paramilitares de derecha, que, según el informe, no son reprimidos eficazmente por el Estado, fueron señalados como los mayores violadores de los derechos humanos, pues se les atribuye el asesinato de 900 civiles no combatientes.
El informe insta al gobierno a desmantelar los grupos paramilitares mediante la captura, juicio y sanción de quienes los inspiran, organizan, comandan, integran, apoyan y financian, incluyendo a los agentes del Estado con los que se vinculan.
Según la alta comisionada para los Derechos Humanos, la persistencia de violaciones en Colombia pone de manifiesto "la fragilidad e ineficiencia del Estado" para prevenir atentados y proteger a los civiles no combatientes.
Anders Kompass, representante en Colombia de la alta comisionada para los Derechos Humanos, señaló el martes que el conflicto armado no sólo continuó en 1999 sino que se degradó, y ahora los civiles pasaron de víctimas a ser "objetivo principal de esta guerra".
Los bandos combatientes mantienen escasos combates entre ellos, pero atacan a civiles indefensos con el pretexto de que están vinculados o simpatizan con el bando contrario, según Kompass.
El vicepresidente Gustavo Bell se dedicará en Ginebra a explicar que el duro conflicto interno que afronta Colombia incide en la crisis humanitaria.
El gobierno colombiano manifiesta que se han logrado avances en materia de protección de los derechos humanos, pese a las condiciones adversas generadas por la situación de guerra.
Como resultado de recomendaciones internacionales se desmantelaron cooperativas de vigilancia privada vinculadas supuestamente vinculadas con paramilitares, se prohibió el reclutamiento de menores de 18 años al ejército y se ratificó la convención mundial para prohibir las minas antipersonales.
El vicepresidente explicará también las objeciones del gobierno al proyecto de ley que penaliza la desaparición forzada, atribuidas por analistas al intento de proteger a las fuerzas armadas.
Carlos de Roux, directivo de la no gubernamental Fundación Social, dijo a IPS que Colombia vive una dinámica "expansiva de la guerra", según la cual la población civil sufre los peores perjuicios.
La guerrilla llega a una zona, atrae al campesinado y luego desarrolla una política de extorsiones y secuestros, según De Roux. Detrás, los paramilitares asesinan a campesinos a los que acusa de colaborar con la insurgencia, mientras los narcotraficantes financian a uno u otro bando, agregó.
Frente a esta situación, un Estado en crisis no logra disciplinar a la sociedad carece de "una agenda para la defensa de los derechos de los civiles afectados", afirmó De Roux.
Es "inadmisible" que el gobierno intente escudarse en la guerra civil para justificar la crisis de derechos humanos, sostuvo una fuente del Centro para la Educación y la Cultura Popular (CINEP), la organización no gubernamental más influyente en investigaciones sociales.
La fuente, que pidió reserva de su identidad por razones de seguridad (dos investigadores de CINEP fueron asesinados por supuestos paramilitares en 1998), dijo a IPS que "lo concreto es que los derechos humanos no sólo no están en la agenda del gobierno sino que se ha registrado un retroceso".
Las objeciones que el gobierno presentó al proyecto de ley que penaliza la desaparición forzada es, según el informante del CINEP, una de las muestras de este retroceso.
El aumento de los desplazados por la violencia, que sobrepasan los 1,5 millones (4,9 por ciento de la población), el ritmo de desapariciones de personas, que pasó de una cada dos días a una diario, son señales de ese deterioro, agregó.
Este situación fue señalada este mismo mes por Human Rigths Watch, importante organización de derechos humanos con sede en Nueva York, y por el Departamento de Estado (cancillería) de Estados Unidos.
Estos informes restarán puntos a Colombia en su campaña por lograr apoyo financiero internacional para combatir el narcotráfico y la violencia, advirtieron analistas. (FIN/IPS/yf/mj/hd ip/00
