El presidente de Chile, Eduardo Frei, dijo que corresponde sólo a los tribunales chilenos aplicar la ley y decidir si el ex dictador Augusto Pinochet es culpable de los delitos de violaciones de derechos humanos de que se le acusa.
En una breve declaración hecha el jueves cuando Pinochet ya estaba en viaje de regreso a Chile, Frei se mostró satisfecho por la decisión del ministro británico del Interior, Jack Straw, quien denegó la extradición de Pinochet a España y permitió su salida de ese país tras 503 días de arresto en Londres.
El vaión que transportó a Pinochet aterrizó el viernes por la mañana en una base aérea del aeropuerto internacional de Santiago, donde fue recibido con honores militares en una ceremonia con la presencia de 150 personas, entre las cuales estuvieron los altos mandos castrenses y políticos derechistas.
"He cumplido con mi compromiso", dijo Frei, cuyo gobierno realizó intensas gestiones ante los gobiernos de España y Gran Bretaña durante los casi 17 meses de arresto de Pinochet, hasta conseguir que Straw lo liberara por razones humanitarias, atendiendo a su deteriorada salud.
"Todos nuestros esfuerzos por lograr el regreso del senador Pinochet han tenido un único fin: que los tribunales chilenos, y no los de otros países, sean los que apliquen la ley, con perseverancia, con prudencia y con madurez. Nuestra democracia puede resolver sus propios problemas", sostuvo el mandatario.
Agregó que "ningún chileno puede estar por sobre el estado de derecho y la justicia en nuestro país. Serán los tribunales chilenos, sin ninguna otra intervención, los que decidirán si el senador Pinochet es responsable de los delitos que se le imputan".
"Tengo una especial confianza en que nuestros jueces desarrollarán su misión sin ninguna otra consideración que el imperio de la ley", señaló.
"Ahora, los tribunales tienen la palabra", recalcó el presidente, luego de agradecer la madurez, la comprensión y el apoyo de los chilenos, factores que a su juicio impidieron que durante el tiempo en que Pinochet permaneció detenido en Londres se desatara una crisis institucional de graves consecuencias.
"El caso Pinochet nos hizo reflexionar sobre nuestro pasado reciente, con toda su carga de divisiones y nos ha impuesto la necesidad de dialogar con mucha franqueza sobre cómo enfrentar nuestra historia de manera constructiva", dijo.
"No queremos que el pasado sea un lastre agobiante. Tampoco queremos un olvido fácil", indicó Frei en su alocución.
"Tengo confianza en que lo aprendido colectivamente en este tiempo nos servirá para mirar con honestidad las últimas décadas y poder así consolidar un futuro de paz y un futuro de tolerancia", dijo por último el mandatario.
El general retirado y senador vitalicio, de 84 años, que gobernó Chile entre septiembre de 1973 y marzo de 1990, fue internado en Hospital Militar, donde se le practicaron estudios de salud y pocas horas después se trasladó a su domicilio en Santiago.
Pinochet recibió también el repudio de las víctimas de violaciones de los derechos humanos, que intensificaron desde el jueves sus esfuerzos para que sea juzgado en este país.
El gobierno se desentendió de los actos de bienvenida al ex dictador, cuya prolongada detención y las gestiones para traerlo de regreso representaron "una de las tareas más difíciles de la política exterior chilena", según dijo el canciller Juan Gabriel Valdés.
"Este fue un asunto desgraciado para la política exterior de nuestro país y el responsable principal es quien mantuvo permanentemente un desprecio a la opinión pública internacional y a quienes criticaron la violación de los derechos humanos en Chile", agregó Valdés.
"La responsabilidad principal de todo este hecho radica en Augusto Pinochet", subrayó el canciller.
La decisión del ministro Straw de aplicar sus facultades discrecionales e interrumpir el juicio de extradición a España de Pinochet, permitió a Frei cumplir su compromiso de conseguir el regreso del general a Chile antes de que concluya su mandato, el día 11.
Corresponderá a su sucesor, Ricardo Lagos, hacer frente al nuevo cuadro político que se abre con Pinochet de vuelta en Chile, que representa también un fuerte desafío para los tribunales de este país, que tramitan 59 querellas criminales contra el ex dictador.
Dirigentes de las agrupaciones de víctimas de la represión, abogados defensores de los derechos humanos y dirigentes políticos de izquierda, iniciaron el mismo jueves las acciones ante la justicia para demandar que Pinochet sea despojado de la inmunidad de que goza como senador vitalicio.
La diputada socialista Isabel Allende, hija del presidente Salvador Allende derrocado por Pinochet en 1973, dijo que es procedente el desafuero parlamentario (retiro de la inmunidad) del ex dictador y se manifestó esperanzada en que los tribunales serán capaces de cumplir con su papel.
La parlamentaria recordó que todos los sectores políticos, incluso el candidato presidencial de la derecha, Joaquín Lavín, sostienen que Pinochet debe responder ante la justicia chilena por los cargos que se le imputan.
El juez Juan Guzmán, quien concentra las 59 querellas presentadas desde enero de 1998, confirmó el jueves que pedirá exámenes médicos sobre la capacidad mental del ex dictador, quien tendría síntomas de demencia senil según los análisis que posibilitaron su liberación en Londres. (FIN/IPS/ggr/dm/hd ip/00
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