El asesinato en 1976 en Washington del ex canciller Orlando Letelier fue ordenado por el entonces dictador de Chile, general Augusto Pinochet, pero sus subordinados fueron obligados a mentir en la investigación judicial del caso para protegerlo, según un documento inédito revelado en Santiago.
En una declaración notarial, el brigadier retirado Pedro Espinoza, segundo hombre de la Dirección de Inteligencia Nacional (DINA) en 1976, dejó consignado en 1978 que fue presionado y amenazado por el fiscal militar Héctor Orozco para que ocultara los antecedentes que involucraban a Pinochet en el caso.
En el documento, dado a conocer por la periodista Patricia Verdugo y la abogada Carmen Hertz a la familia Letelier y a la prensa, Espinoza consignó que Orozco lo obligó a declarar que la orden de asesinar al ex canciller chileno provino del jefe de la DINA, el entonces coronel Manuel Contreras.
Espinoza tuvo también que comprometerse ante Orozco a no revelar que éste actuó "por encargo del presidente de la República", según lo asegura en su declaración.
Letelier, que formó parte del gobierno del socialista Salvador Allende (1970-1973), fue asesinado el 21 de septiembre de 1976 junto a su secretaria, la ciudadana estadounidense Ronnie Moffit. El atentado, cometido en Washington, se atribuyó a agentes de la DINA y a cubanos anticastristas.
La investigación fue reabierta hace una semana en Estados Unidos por la Corte del Distrito de Columbia, asiento de la capital, que pidió a la justicia chilena interrogar a 42 ex altos funcionarios civiles y militares de la dictadura de Pinochet (1973- 1990) que pueden aportar nuevos antecedentes sobre el caso.
El fin último de estas diligencias es establecer la responsabilidad en el doble asesinato de Pinochet, quien regresó hace 20 días a Chile, luego de permanecer arrestado en Londres desde el 16 de octubre de 1998 a raíz del pedido de extradición cursado por España a iniciativa del juez Baltasar Garzón.
El ex dictador escapó finalmente de la extradición a España, porque el ministro del Interior británico, Jack Straw, lo favoreció con razones humanitarias, atendiendo al suupuestamente deteriorado estado de salud del general retirado y senador vitalicio de 84 años de edad.
No obstante, Pinochet afronta ahora en Chile su país la posibilidad de ser despojado de su inmunidad como senador para responder ante los tribunales por 74 querellas criminales presentadas en su contra desde enero de 1998, cuando aún era comandante del Ejército, cargo que dejó el 10 de marzo de ese año.
El juez Juan Guzmán, a cargo de las 74 querellas, investiga especialmente los crímenes de la llamada "caravana de la muerte", una misión militar especial que Pinochet conformó luego del golpe de Estado del 11 de septiembre de 1973 para que "agilizara" los juicios contra presos políticos en varias ciudades del país.
Contreras y Espinoza fueron condenados en 1996 a siete y seis años de presidio, respectivamente, por el asesinato de Letelier. En 1978 la justicia denegó la extradición de ambos a Estados Unidos, pero el caso se reabrió en Chile tras el restablecimiento de la democracia en marzo de 1990.
La sentencia abonó a la pena de cárcel períodos anteriores en que los dos ex jefes de la CNI estuvieron detenidos preventivamente. Gracias a esto, Espinoza completó la condena por el caso Letelier hace un mes, pero continúa detenido, porque el juez Guzmán lo encausó en la investigación de la "caravana de la muerte".
Dos fiscales estadounidenses, miembros del equipo legal del Departamento de Justicia, llegaron este miércoles a Santiago para observar el interrogatorio que un magistrado chileno hará a los 42 ex funcionarios y colaboradores de la dictadura identificados como potenciales testigos en el caso Letelier.
El viaje a Chile de los fiscales John Beasely y John William Vanlonkhizen fue interpretado como una señal del interés de Estados Unidos por reabrir la investigación por el asesinato de Letelier y Moffit, considerado el mayor acto de terrorismo internacional realizado en la ciudad de Washington.
La declaración notarial de Espinoza fue considerada "de una trascendencia histórica" por el diputado socialista Juan Pablo Letelier, hijo del asesinado ex ministro.
"Es la primera vez que se sindica la responsabilidad (directa) del general Pinochet en la violación de derechos humanos", observó el diputado.
La declaración que Espinoza redactó ante el notario Arturo Carvajal el 27 de abril de 1978 tiene una extensión de cuatro carillas. Su texto llegó recientemente a Patricia Verdugo, autora de varios libros sobre crímenes represivos, quien obtuvo en 1998 el Premio Nacional de Periodismo.
La periodista se abstuvo de identificar a quien le hizo entrega del documento, limitándose a señalar que se trata de "una persona que tiene una relación muy potente con el mundo militar".
En su declaración ante notario, el ex subjefe de la DINA aludió en cinco ocasiones a Pinochet, todas ellas con relación al testimonio que debió prestar en aquellos años ante el general Orozco, fiscal del Segundo Juzgado Militar del Ejército.
Orozco advirtió a Espinoza, al iniciar el interrogatorio, que el propósito era "dejar libre de polvo y paja (en el caso Letelier) a su Excelencia el Presidente de la República".
El fiscal instruyó a Espinoza para que declarara que la orden de eliminar a Letelier "me la había dado el coronel Contreras" y se indignó cuando el brigadier agregó "por encargo del Presidente de la República", negándose a incluir esa frase en el texto de la declaración.
El mismo Orozco lo amenazó con que sería entregado a Estados Unidos si se negaba a cumplir sus instrucciones, advirtiéndole que su esposa e hijos "correrán una triste suerte al verse abandonados en Chile, no garantizándoles su seguridad". (FIN/IPS/ggr/hd ip/00
