El presidente del gobierno español, José María Aznar, recibió duras críticas de la oposición, los sindicatos, la asociación de fiscales y los abogados de la acusación, por su responsabilidad en la liberación en Londres de Augusto Pinochet.
El jurista Joan Garcés, quien dirige el equipo de abogados de la acusación, consideró negativo para el futuro lo ocurrido el jueves, "porque un acuerdo político interrumpió una indiscutible acción de la justicia.
Por otro lado, fuentes judiciales dijeron a IPS que el juez Baltasar Garzón proseguirá la instrucción del sumario y mantendrá la orden internacional de búsqueda y captura del ex dictador chileno.
El ministro del Interior de Gran Bretaña, Jack Straw, dispuso el jueves la libertad de Pinochet, alegando razones humanitarias, 503 días después de su detención en Londres en la noche del 16 de octubre de 1998 por pedido de Garzón.
Pinochet regresó a Chile en un avión Boeing 707 de la fuerza aérea chilena acondicionado como hospital de emergencia que partió ese mismo día de la localidad británica de Lincolnshire.
El plan de vuelo comprendió una escala técnica en el Caribe y arribó, después de 17 horas de viaje, el viernes por la mañana al aeropuerto internacional de Santiago.
La decisión de Straw podía ser apelada ante un tribunal británico, pero el gobierno español se negó a transmitir las instrucciones de Garzón para hacerlo, con el argumento de que ya no se estaba ante un proceso judicial, sino ante un acto político.
Aznar afirmó, al conocer las noticias de Londres, que su gobierno siempre respetó las decisiones de la justicia y de Straw y que "lo demás es una juerga", aludiendo a las críticas que recibe.
Pero Martín Rodríguez, portavoz de la Asociación de Fiscales, afirmó que las acciones del jefe del gobierno español y del ministro del Interior británico cortaron la acción de la justicia.
Garcés puntualizó que Garzón dio oportunamente las instrucciones para interponer un recurso contra la decisión de Straw, pero que la cancillería no cumplió con su obligación legal de transmitirlas a la Fiscalía británica, que representa a España en el juicio de extradición.
Ese jurista, además, tiene presentada una querella contra el canciller Abel Matutes, por obstrucción de la justicia.
La Asociación contra la Impunidad, que agrupa a todas las organizaciones humanitarias españolas, acusó este jueves al gobierno de bloquear la acción de la justicia.
La Asociación reclamó que Pinochet sea juzgado en Chile y que el presidente electo de aquel país, Ricardo Lagos, cumpla su promesa de ponerlo a disposición de los tribunales chilenos.
Las dos centrales sindicales mayoritarias de España, Comisiones Obreras y Unión General de Trabajadores, también juzgaron inaceptable la posición mantenida durante todo el proceso judicial por el gobierno español, "dedicado a entorpecer la actividad de la justicia".
El secretario general del opositor Partido Socialista Obrero Español, Joaquín Almunia, dijo por su parte que el gobierno no ha hecho otra cosa que apoyar a la defensa de Pinochet desde el principio del juicio de extradición.
Aunque Aznar dijo desde el principio que respetaría la independencia del Poder Judicial, la Fiscalía española presentó todo tipo de recursos contra el procesamiento de Pinochet. El fiscal jefe de la Audiencia Nacional -ante la que se instruye el sumario- recibió incluso a un general chileno en servicio activo, que llegó a Madrid para interesarse por el ex dictador.
El canciller Matutes expresó que la liberación le deja "un cierto sabor amargo, porque la justicia no llegó hasta un último extremo". Pero, añadió que las víctimas de la dictadura lograron una victoria moral y lo ocurrido en Londres "es un aviso para navegantes", o sea una advertencia para que los dictadores sepan que pueden ser detenidos.
También el abogado argentino Carlos Slepoy, parte en la acusación contra Pinochet, reclamó que el sumario no se cierre con el retorno a Chile del actual senador vitalicio, sino que continúe.
Slepoy afirmó que el desenlace del caso, que la acusación considera consecuencia de un acuerdo político entre los gobiernos chileno, británico y español, "es un quebrantamiento de todos los acuerdos internacionales".
Legalmente, correspondía que se siguiera adelante con el juicio de extradición o que se juzgase al ex dictador en Gran Bretaña. Al no ocurrir eso, concluyó Slepoy, se quebrantó la acción judicial. (FIN/IPS/td/ff/hd ip/00
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