La coalición nacionalista moderada que gobierna el País Vasco con el apoyo de Euskal Herritarrok (EH), alianza afín a la organización ilegal ETA, es la principal víctima política del atentado que acabó el martes con la vida de un parlamentario socialista y de su escolta.
El miércoles, en los funerales de Fernando Buesa a los que asistieron unas 60.000 personas en Vitoria, se registraron insistentes gritos pidiendo la renuncia del presidente del gobierno vasco, Juan José Ibarretxe, quien, sin embargo, había anunciado formalmente la ruptura de todo acuerdo con EH.
La primera consecuencia de esta ruptura sería la pérdida de la mayoría parlamentaria del gobierno de Ibarretxe, quien pertenece al Partido Nacionalista Vasco (PNV), lo que podrá llevar a corto plazo a la disolución del parlamento y el gobierno regional y a la convocatoria de elecciones autonómicas anticipadas.
Además, la estabilidad del gobierno vasco está afectada por la negativa del PNV, su principal fuerza política, a acceder a la demanda de los principales partidos españoles de romper el Pacto de Estella, un acuerdo que lo vincula con EH y es apoyado por ETA.
El Pacto de Estella fue firmado por el PNV, EH, el partido nacionalista moderado Eusko Alkartasuna (EA), la coalición Izquierda Unida (IU) y otros grupos menores que se comprometieron a impulsar la autodeterminación vasca. IU renunció al pacto en enero, cuando ETA cometió un atentado tras 18 meses de tregua.
Buesa, ex vicepresidente del País Vasco y portavoz del Partido Socialista Obrero Español (PSOE) en el Parlamento Autónomo, y su escolta, el agente de la policía autónoma vasca Jorge Díaz Elorza, murieron el martes víctimas del segundo atentado perpetrado por ETA desde entonces.
El hecho ocurrió en Vitoria, capital del País Vasco, a 300 metros de la sede del gobierno regional presidido por Juan José Ibarretxe, del PNV, que actúa coaligado con el partido nacionalista moderado Eusko Alkartasuna (EA) y con el apoyo parlamentario de EH.
Un factor que influirá en la eventual decisión de Ibarretxe de disolver el parlamento será el resultado en el País Vasco de las elecciones generales españolas el 12 de marzo, en las que la primacía regional del PNV será disputada por el centroderechista Partido Popular (PP), que hoy gobierna España, y el PSOE.
El presidente del PNV, Xavier Arzallus, calificó este jueves de "montaje electoral" los gritos contra el PNV e Ibarretxe escuchados en los funerales.
El dirigente nacionalista comentó que con esas actitudes se volvería "a ver desfilar por las calles a los de Cristo Rey", organización neonazi que cometió hechos violentos en los primeros años de la transición española (1975-1982), actualmente disuelto.
El PP, el PSOE, IU y partidos regionalistas de otras zonas exigen al PNV que rompa el Pacto de Estella. Esos partidos afirman que el acuerdo no es afectado por la ruptura de vínculos entre Ibarretxe y EH, porque no fue firmado por el gobierno autónomo sino por el PNV.
Arzallus insistió, en una rueda de prensa, que el PNV no romperá el Pacto de Estella, y afirmó que las consignas contra Ibarretxe fueron impulsadas por agentes del servicio de inteligencia del gobierno central.
Tanto el PP como el PSOE e IU replicaron que las manifestaciones fueron espontáneas.
Javier Rojo, senador del PSOE, dijo que la acusación de Arzallus es un insulto contra los ciudadanos, los que le contestarán en las urnas.
El líder del PSOE y candidato a la presidencia del gobierno español, Joaquín Almunia, dijo que en lo ocurrido "lo único programado fueron los crímenes de ETA".
El dirigente socialista añadió que el gobierno que surja de las elecciones de marzo no negociará con ETA mientras esa organización no renuncie a la violencia, ni con EH en tanto ese grupo no condene claramente los atentados cometidos por aquélla.
Aznar también rechazó las acusaciones de Arzallus y exigió al PNV que rompa el Pacto de Estella.
El portavoz de EH y líder del ala moderada de esa coalición, Arnaldo Otegui, criticó a Ibarretxe por la ruptura parlamentaria, se negó a cuestionar el Pacto de Estella o a condenar el atentado y dijo que la responsabilidad de la muerte de Buesa y Díaz Elorza "recae solo sobre sus autores".
Pero desde las propias filas del nacionalismo independentista llegó una reflexión que apunta a lo que podría ocurrir en los próximos meses en el País Vasco. Txema Montero, abogado defensor de presos etarras, señala que el atentado "fue una demostración palpable de la impotencia de ETA".
Montero atribuye a ETA la orden, acatada por EH, de impulsar la abstención en las elecciones del 12 de marzo. "Estamos, por tanto, ante una guerra contra el resto del pueblo y ante un más que serio aviso al PNV y a EA", añadió, en un artículo publicado este jueves por el matutino El Mundo.
La paz en el País Vasco está en entredicho, ya que un gobierno nacido bajo el Pacto de Estella no ha podido alcanzarla, afirmó el abogado.
"Un nuevo gobierno (vasco) que nazca de unas elecciones donde se debatan ante el electorado las propuestas para una paz justa y duradera se hace imperativo. El actual gobierno vasco debe convocarlas", concluyó. (FIN/IPS/af/mj/ip/00
