El canciller de España, Abel Matutes, fue acusado hoy ante la justicia de su país de haber entregado a la prensa el informe médico reservado sobre la salud del ex dictador chileno Augusto Pinochet, detenido hace más de un año en Londres.
El Tribunal Superior de Londres ordenó el martes al Ministerio del Interior británico la entrega a jueces de Bélgica, España, Francia y Suiza del informe médico sobre la salud de Pinochet, cuya extradición reclaman esos países, bajo la condición de que se mantuviese su carácter secreto.
Pero al día siguiente dos diarios madrileños reprodujeron el informe, sin precisar su fuente.
Pinochet se encuentra detenido en Londres desde el 16 de octubre de 1998 y sometido a un proceso de extradición a iniciativa del juez español Baltasar Garzón, bajo la acusación de delitos contra la humanidad mientras fue dictador de Chile (1973- 1990).
A principios de enero, el ministro del Interior británico, Jack Straw, dispuso un examen médico al detenido. Con el resultado en su poder, comunicó a las partes en el juicio su "inclinación" a negar la extradición, por cuanto la salud de Pinochet le impediría comparecer en un juicio.
Ante ese anuncio, el gobierno de Bélgica y seis organizaciones no gubernamentales apelaron ante la Justicia británica, por entender que tenían derecho a conocer el informe y a apelar la anunciada decisión de Straw, si se concretaba.
El jurista Joan Garcés, director del equipo de abogados de la acusación particular y popular en España contra Pinochet, presentó este viernes una ampliación de querella contra Matutes "por revelar información de la que tiene conocimiento en función de su cargo y que no debe ser divulgada".
El escrito de la acusación señala que las embajadas de Bélgica, España, Francia y Suiza recibieron en la tarde del martes en Londres el informe médico dentro de un sobre cerrado.
Todas las embajadas remitieron ese sobre a los respectivos juzgados "sin abrirlo", y el documento se mantuvo en secreto.
Sin embargo, funcionarios del Ministerio de Asuntos Exteriores de España, "bajo la autoridad del querellado", fotocopiaron su contenido y se quedaron con una copia, prosiguió Garcés en su demanda.
"Esa misma tarde-noche del martes 15 funcionarios públicos bajo la autoridad del querellado entregaron, según todos los indicios, una copia a dos diarios de Madrid", agregó.
En el escrito se destaca la actitud contraria del instructor del caso, el juez Baltasar Garzón, quien puso el informe médico en un sobre sellado en cuanto llegó a sus manos y acordó declararlo secreto, siempre sin perderlo de vista y en presencia de oficiales de su juzgado.
Por otro lado, el ex presidente del Tribunal Constitucional, Alvaro Rodríguez Bereijo, afirmó que si la entrega del documento la hubiese cometido un funcionario público esa acción sería perseguible por la justicia.
Fuentes de la cancillería negaron este viernes terminantemente que la filtración del documento haya sido efectuada desde ese organismo.
El gobierno se abstuvo de desmentirlo directamente y su portavoz, Joseph Piqué, dijo, entre risas, que la filtración era una prueba de la habilidad de los periodistas de investigación. (FIN/IPS/td/mj/ip hd/00
