El fantasma de la violencia política se presentó en Ecuador en la forma de cartas explosivas, la irrupción de una supuesta organización armada y ataques de políticos de derecha a indígenas y a grupos sociales opuestos a la dolarización y las privatizaciones.
La primera carta explosiva detonó la semana pasada en la cara del periodista Rafael Cuesta, ex diputado del derechista Partido Social Cristiano (PSC), que sufrió pequeñas heridas sin gravedad.
Esta semana, la legisladora del PSC Cynthia Viteri y el dirigente indígena evangélico Marco Morillo recibieron sendos sobres explosivos. Ninguno llegó a explotar porque las víctimas fueron alertadas y la policía pudo desactivarlos.
Todos los envíos fueron realizados desde la ciudad de Cuenca, con el nombre de Gustavo Mendez como remitente.
Otros ocho sobres similares fueron recibidos este jueves por periodistas de Quito y Guayaquil con panfletos del Ejército de Liberación del Pueblo (ELP), que se denomina "organización político-militar" de "tendencia marxista" que procura implantar "el socialismo en Ecuador".
En la proclama, el ELP exige la renuncia del presidente Gustavo Noboa, la conformación de un gobierno popular, la estatización petrolera, el no pago de la deuda externa, la salida de los militares estadounidenses de la Base de Manta y la congelación de los precios de los productos básicos.
También advierte que todos los diputados que apoyen el proyecto de dolarización y privatizaciones, y los empresarios que se beneficiaron durante el gobierno de Jamil Mahuad, derrocado el 21 de enero, son sus objetivos militares.
En las supuesta proclama del ELP se dice que atentaron contra Rafael Cuesta porque colabora en un canal que defiende a la burguesía, contra Cynthia Viteri porque su partido votará a favor de la dolarización, y contra Marco Murillo por dividir al movimiento social.
En el futuro, sus objetivos político-militares serían todas las personas naturales y jurídicas relacionadas con la base naval "imperialista" de Manta, donde hay apostados militares estadounidenses, el gobierno y los banqueros.
El envío de los sobres bomba y la proclama constituyen, para algunos analistas, una provocación de sectores de extrema derecha, en procura de desprestigiar el plebiscito que promueve el movimiento indígena para revocar el mandato de los legisladores, y contra la dolarización y las privatizaciones.
Portavoces de partidos de derecha emitieron declaraciones para involucrar a movimientos sociales en los ataques y en la proclama.
El alcalde de Guayaquil y ex presidente (1984-1988), León Febres Cordero, atribuyó los atentados a la izquierda y consideró que si los indígenas toman las armas también deberían ser enfrentados con armas.
La religiosa católica Elsie Monge, presidenta de la Comisión Ecuménica de Derechos Humanos, señaló a IPS que rechaza todo acto de violencia, pero pidió que se investigue muy bien de donde proceden.
"Pedimos que no se intente involucrar a gente inocente en estos atentados para después justificar la represión", dijo Monge.
La religiosa recordó a las autoridades que muchas veces los parapoliciales vinculados con sectores políticos extremistas "realizan autoatentados para provocar la violencia".
"No acuso nadie en especial pero pido que se investigue", afirmó.
Miguel Lluco, coordinador nacional del indigenista Movimiento Pachakutik, atribuyó las cartas explosivas a sectores de extrema derecha. Lluco recordó que durante el gobierno de Febres Cordero fueron contratados expertos internacionales en terrorismo que capacitaron a la policía en tácticas represivas.
El dirigente político hizo un llamado urgente a la policía y las fuerzas armadas para que investiguen y presenten a la ciudadanía a los responsables de estos hechos.
"El movimiento indígena no tiene recursos económicos ni técnicos para fabricar ese tipo de artefactos. Sospechamos que detrás de esos hechos están los sectores interesados en implantar un modelo económico que favorece a unos pocos, con la dolarización y las privatizaciones", arguyó Lluco.
También aseguró que esos sectores "temen el plebiscito porque saben que la mayoría de los ecuatorianos están contra ese modelo (y) entonces buscan desencadenar un espiral de violencia".
Para Lluco, las cartas explosivas pueden ser una excusa para futuros atentados contra líderes indígenas y populares. "El gobierno tiene la obligación de demostrar la autoría de los responsables. De lo contrario, nos quedamos en las meras presunciones", señaló.
El arzobispo de Cuenca, Luis Alberto Luna Tobar, aseguró que "en Ecuador no hay insurrección ni extremismo, hay casos de violencia" por la crisis que vive el país.
Raúl Moscoso, de la Defensoría del Pueblo, no descartó que exista algún vínculo entre los autores de las cartas explosivas y grupos parapoliciales que habrían participado en 1998 en el asesinato del dirigente sindical Saúl Cañar.
"Hay brigadas de autovigilancia rural, que en unos casos fueron capacitados por la Policía Nacional y en otros por las Fuerzas Armadas", recordó.
Moscoso mencionó las declaraciones del líder paramilitar colombiano Carlos Castaño según las cuales "73 ecuatorianos fueron adiestrados para la muerte" por sus hombres.
Antonio Vargas, presidente de la Conaie, reiteró que el movimiento indígena ha optado por buscar los cambios "que el país necesita sin violencia" y que "no tiene nada que ver con estos atentados".
"Ya hemos dicho que la violencia no lleva a ninguna parte. Movilizar grandes masas con organización es el mejor camino para buscar los cambios", comentó Vargas.
También aseguró que si estos cambios no llegan puede desembocar en la violencia, "pero hay que manejarse con prudencia para que ello no ocurra".
"En todo caso, hay que saber que en el futuro puede darse una gran explosión social, inclusive una guerra civil, porque la gente puede salir a saquear si no tiene para comer", aseguró.
Vargas descartó que el movimiento indígena pueda realizar atentados o iniciar una lucha armada por parte de los indígenas.
Las organizaciones de derechos humanos también exigieron al gobierno que no queden en la impunidad los crímenes del sindicalista Saúl Cañar y del diputado del izquierdista Movimiento Popular Democrático Jaime Hurtado.
Un año después del asesinato de Hurtado, cometido a una cuadra del Congreso Legislativo y de la Corte Suprema de Justicia y en el que estuvieron involucrados colaboradores de la policía, no se descubrieron los autores y los posibles cómplices del crimen estarían a punto de ser liberados.
Mientras, 14 meses después del asesinato de Cañar, quien apareció muerto con muestras de haber sido torturado, no fue detenido ningún sospechosoa ninguna persona.
Para las organizaciones humanitarios, si no se descubre a los "verdaderos autores" de estos crímenes y de las cartas explosivas "se corre el peligro de caer en una espiral de violencia que le haría mucho daño al país". (FIN/IPS/kl/mj/ip/00
