Un jefe de policía fue muerto en la ciudad mexicana de Tijuana, centro de un cartel del narcotráfico, en vísperas de la difusión del informe anual de Estados Unidos sobre el combate contra las drogas en el mundo.
Dos días después de fuertes acusaciones del presidente Ernesto Zedillo contra las mafias, y luego de que funcionarios de Estados Unidos sugirieran que la lucha de México contra las drogas sería aprobada, como todos los años desde 1986, el domingo fue acribillado el jefe policial de Tijuana.
Esta ciudad del noroeste de México, en la frontera con Estados Unidos, es uno de los centros del narcotráfico mundial.
El gobierno de México no merece el aval antidrogas pues no hace lo suficiente contra los carteles de narcotraficantes, repiten algunos legisladores estadounidenses cada año.
El Congreso legislativo de Estados Unidos tendrá 30 días desde este miércoles para avalar o rechazar los informes positivos (certificaciones) o negativos (descertificaciones) realizados por el Poder Ejecutivo.
Antes de finalizar marzo, Estados Unidos, el mayor consumidor de drogas del planeta, emite cada año veredictos de certificación plena, condicionada o descertificación a un grupo de entre 25 y 30 países.
Cuando la calificación es negativa, impone sanciones y se opone a que el país afectado reciba préstamos de organismos multilaterales.
Habrá oposición contra México, como siempre, pero no la suficiente para descertificarlo. La vecindad y los intereses políticos y comerciales compartidos aseguran la certificación, opinó Jorge Chabat, experto del Centro de Investigación y Docencia Económica.
Para el investigador Gustavo Carrasco, de la Universidad Nacional Autónoma de México, el asesinato de Alfredo de la Torre, jefe de Seguridad Pública de Tijuana, altera pero no cambia la rutina de la certificación.
En medios políticos locales, el crimen fue interpretado como una respuesta al presidente Zedillo, quien dijo el viernes que "hay que hacer entender a esos criminales que Baja California (donde está Tijuana) no pude ser su casa, que el único lugar que merecen son las cárceles".
Carrasco sostuvo que el proceso de certificación no contribuye a mejorar la lucha antidrogas y ya da signos de agotamiento, pues no sólo es cuestionado por los países examinados, sino también por un sector del gobierno estadounidense.
Este año, al igual que los anteriones, funcionarios antidrogas de Estados Unidos y México se reunieron días antes de conocerse la certificación, anunciaron mayores esfuerzos en la lucha contra las mafias y destacaron su cooperación en la materia.
Al ser cuestionados sobre el proceso de certificación, ambos gobiernos volvieron a repetir, como en años previos, que sus reuniones no tuvieron relación con ese tema y los mexicanos reiteraron que rechazan ese proceso por unilateral y violatorio de la soberanía.
Estados Unidos, donde unas 20 millones de personas consumen drogas y seis millones son consideradas adictas, y México, por donde ingresa la mayoría de los estupefacientes que demanda su vecino, comparten una frontera de 3.200 kilómetros y una intercambio comercial anual de unos 200.000 millones de dólares.
El embajador de Estados Unidos en México, Jeffrey Davidow, señaló la semana pasada que "las sedes del mundo del narcotráfico ya están en México".
La declaración fue criticada por el gobierno de Zedillo porque "no contribuye ni refleja el esfuerzo de cooperación" y despertó nuevas denuncias contra la certificación y la negativa de Washington a reconcer que en su territorio operan poderosos carteles y persiste una fuerte demanda de drogas.
"De los verdaderos jefes de los carteles estadounidenses no se sabe ni el nombre, ni existen esquemas de investigación para establecerlos", señaló el experto en temas relativos a narcotráfico, Jorge Fernández.
"Cuando se les pregunta a las autoridades de nuestros vecinos del norte quiénes manejan el narcotráfico en su país hablan de los colombianos, los mexicanos, los orientales, los jamaiquinos o los rusos, pero nunca de los suyos", lo que es grave error de apreciación, apuntó el observador.
Las evaluaciones y juicios unilaterales en la lucha contra el narcotráfico no son convenientes, reconoció en múltiples ocasiones el propio jefe de la Oficina Nacional para el Control de la Drogas del gobierno de Estados Unidos, Barry McCaffrey.
El funcionario alabó en numerosas ocasiones en las últimas semanas a las autoridades mexicanas por su lucha contra las drogas.
Según los observadores, las voces contra el proceso, que antes procedían sólo de los países evaluados y de foros multilaterales, toman cada vez más fuerza en Estados Unidos.
La semana pasada, el senador republicano del estado de Georgia Paul Coverdell declaró que la certificación no es la mejor vía de cooperación. "Es ciertamente un sistema agresivo que enfrenta a los países y que no hace las cosas más fáciles para nadie", dijo.
En la Organización de Estados Americanos se aprobó el año pasado realizar una evaluación multilateral y no punitiva de sus miembros en la lucha contra el narcotráfico, pero el marco regulatorio de ese proceso aún no está definido.
Los observadores creen que el procedimiento interamericano no logrará eliminar el proceso de certificación de Estados Unidos. (FIN/IPS/dc/mj/ip/00
