La mitad de las 18 brigadas del ejército de Colombia son cómplices de los paramilitares de derecha, según la organización estadounidense Human Rights Watch (HRW), que pidió al gobierno de Bill Clinton la revisión de su propuesta de ayuda militar a Bogotá.
HRW aseguró a la secretaria de Estado de Estados Unidos, Madeleine Albright, que dispone de "detallada, abundante y fuerte evidencia de una relación estrecha del ejército colombiano con los grupos paramilitares responsables de graves violaciones de los derechos humanos".
"Solicitamos a usted que imponga condiciones estrictas para el mejoramiento de la situación de los derechos humanos a toda ayuda militar a Colombia para asuntos de seguridad", dijo José Miguel Vivanco, director de HRW Americas, en la carta que entregó el miércoles a Albright.
HRW publicó simultáneamente con la carta a Albright el informe "Lazos que atan: Los vínculos entre militares y paramilitares en Colombia", para asegurar que el alto mando colombiano todavía no cumplió la orden del presidente Andrés Pastrana de dar de baja a todos los oficiales que han respaldado a los paramilitares.
El grupo humanitario obtuvo su información de entrevistas con funcionarios de la Fiscalía General de Colombia, algunos de los cuales abandonaron el país por razones de seguridad, de investigaciones propias y de organizaciones no gubernamentales (ONG) colombianas.
El informe y el contenido de la carta a Albright trascendieron cuando el Congreso de Estados Unidos considera el incremento de 300 a 1.600 millones de dólares de la asistencia militar a Colombia, solicitada por Clinton para fortalecer el combate contra el narcotráfico.
Clinton explicó en su mensaje al Congreso que esos recursos se destinarán en primer lugar a la instrucción y equipamiento de tres batallones antidrogas del ejército asignados a las zonas de producción de narcóticos en las meridionales regiones de Putumayo y Caquetá.
El área identificada está controlada por las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, la principal organización guerrillera del país, a la que Washington acusa de proteger el narcotráfico para obtener financiación.
La mayor partida individual de la ayuda suma 450 millones de dólares y se aplicará al suministro de 45 helicópteros de ataque (15 Huey y 30 Black Hawk) para que el ejército colombiano pueda llegar a las áreas remotas de cultivo de coca y de amapola. Los militares colombianos ya disponen de 18 helicópteros Huey.
"Nos proponemos facilitar (al gobierno) la movilidad aérea necesaria para penetrar profundamente en esas zonas sin ley y crear condiciones de seguridad para que los funcionarios y las ONG puedan habilitar allí servicios básicos", explicó la semana última al Congreso el secretario de Estado adjunto para Asuntos del Hemisferio Occidental, Peter Romero.
Washington fue renuente hasta hace poco tiempo a aumentar la ayuda militar a Colombia, debido a la mala gestión de ese país en materia de derechos humanos y a la acusación al predecesor de Pastrana, Ernesto Samper, de haber aceptado apoyo financiero de narcotraficantes a su campaña electoral de 1994.
En cambio, entregó decenas de millones de dólares para la Policía Nacional colombiana.
Pero sin el apoyo del ejército, el esfuerzo de la policía contra el narcotráfico se diluye en las zonas remotas controladas por los guerrilleros, especialmente en el sur, donde la producción de drogas tuvo un crecimiento explosivo en los últimos años, advirtieron funcionarios estadounidenses.
El jefe de la Oficina de Política Nacional contra las Drogas de Estados Unidos, general retirado Barry McCaffrey, informó la semana pasada que la producción de coca de Colombia aumentó 140 por ciento desde 1995.
"Afrontamos un caso de emergencia en materia de drogas en Colombia", dijo McCaffrey ante un comité del Congreso.
"Los estadounidenses tienen que entender que debemos enfrentar esta situación en Colombia y en la región andina si pretendemos cortar el flujo de cocaína y heroína para nuestros propios hijos en Estados Unidos", agregó.
Ochenta por ciento del volumen de cocaína que ingresa de contrabando en Estados Unidos pasa a través de Colombia, de acuerdo con información oficial de Washington.
El gobierno de Clinton asegura que el equipamiento militar previsto en el plan de ayuda será utilizado contra todas las organizaciones armadas que protegen el narcotráfico u obtienen provecho de ese delito, ya sean grupos paramilitares o guerrilleros.
"Los paramilitares no tienen actualmente un papel importante en la protección del tráfico de drogas en el sur del país", aunque disputan esa posición a las FARC, señaló el martes el subsecretario de Estado para Asuntos Políticos, Thomas Pickering, que acababa de regresar de Colombia.
Mientras, las ONG de derechos humanos afirman que los paramilitares son responsables de casi 80 por ciento de los asesinatos por motivos políticos y de la casi totalidad de las grandes matanzas que han hcho de Colombia el país más sangriento de América.
También aseguran que esas organizaciones, agrupadas en las llamadas Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), obtienen apoyo de sectores del ejército.
"El hecho es que el ejército de Colombia continúa aliado con los paramilitares", afirmó Carlos Salinas, especialista en asuntos de América Latina en la sección estadounidense de la ONG Amnistía Internacional, que se opone al incremento de la asistencia militar de Washington a aquel país.
"¿Cómo puede justificar la administración (de Clinton) un importante programa antidrogas que no contempla la participación de los paramilitares en el narcotráfico, pero intenta financiar a los aliados" de éstos?, se preguntó Salinas la semana pasada.
HRW aseguró disponer de información que implica a brigadas del ejército colombiano asignadas a tres grandes ciudades, entre las que se cuenta Bogotá, y a otras seis unidades, en operaciones conjuntas con los paramilitares o en otras actividades de apoyo a esos grupos.
"Esas unidades operan en las cinco divisiones" que componen el ejército. "En otras palabras, el respaldo militar a la actividad de los paramilitares se extiende a todo el país e incluso a las áreas a las que será destinada la asistencia de Estados Unidos", según el informe.
HRW destacó en particular que la tercera brigada, con asiento en la ciudad de Cali, armó un grupo paramilitar, el Frente de Calima, en el sureño departamento del Valle del Cauca.
"El Frente de Calima y la tercera brigada son la misma cosa", de acuerdo con un investigador del gobierno citado en el informe.
Carlos Castaño, líder de las AUC y responsabilizado de numerosas masacres, jamás fue detenido. (FIN/IPS/tra- en/jl/ks/ff/hd ip/00
