Más de un millón de niños y niñas de Brasil se ven privados del derecho a tener una familia, pero el aumento de las adopciones se ve obstaculizado por trabas legales, nacionalismo y prejuicios, incluyendo los raciales.
Los menores se hacinan en instituciones para huérfanos y otros desamparados, pero 92 por ciento de ellos no pueden ser adoptados en forma legal, porque siguen bajo la patria potestad, indicó Lidia Dobrianskij Weber, psicóloga, profesora de la Universidad Federal de Paraná y una de las pocas investigadoras del problema en el país.
"Son abandonados de hecho, pero no de derecho", explicó la especialista.
Para superar ese importante obstáculo hace falta una definición del abandono en la legislación y una actitud más activa del Poder Judicial, afirmó.
Muchos niños son entregados a instituciones para desamparados muy poco después de nacer, y durante varios años no reciben ni una visita de sus padres, pero siguen siendo "no adoptables" porque no hubo una decisión judicial que anulara la patria potestad en sus casos, señaló.
Hace diez años se aprobó el Estatuto de la Niñez y la Adolescencia, que consagra el derecho de todos los niños y niñas a tener una familia, pero sigue aumentando la población maltratada en esas instituciones, que no representan una solución del problema sino "un incentivo al abandono", lamentó Weber.
Las trabas legales estimulan también lo que se denomina "adopción a la brasileña", o sea el falso registro de un niño o niña como hijo natural de sus padres adoptivos, para eludir los trámites judiciales.
Ese procedimiento se aplica en 55 por ciento de las adopciones en Brasil, afirmó Weber, basándose en una encuesta que realizó sobre el asunto.
El nacionalismo también es un obstáculo, ya que la legislación brasileña establece que la adopción de niños por familias extranjeras debe ser una "excepción", como último recurso tras intentar sin éxito el regreso de un niño o niña a su familia biológica, y luego su adopción por otra familia de Brasil.
Ese criterio, incluido en la Constitución de 1988 y en el Estatuto de la Niñez y la Adolescencia, se ha puesto en práctica con lentitud mediante los Consejos Estaduales Judiciales de Adopción, creados para ordenar los trámites antes sujetos a decisiones dispersas de los jueces de Menores.
Las adopciones de niños por familias extranjeras cayeron en forma pronunciada con el avance de ese proceso de cambio institucional.
En el estado nororiental de Pernambuco bajaron a menos de 60 al año, diez por ciento de la cantidad usual antes de la instalación del Consejo en 1993, informó Luiz Carlos Figueiredo, Juez de Menores local.
Sin embargo, no aumentó la cantidad de menores acogidos por instituciones para desamparados, y Figueiredo opina que el hecho de que no se registre un mayor número de abandonos es "un indicio de que antes había comercio" de bebés entregados a extranjeros para su adopción.
Era necesario poner orden en una situación compleja, que incluye el problema de la marginación infantil en países pobres y el tráfico de niños y niñas, afirmó Mario Volpi, experto del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia en Brasil.
La Convención de Haia, aprobada en 1993, estableció normas internacionales para la adopción que evitan "abusos" anteriores, como la devolución de niños y los privilegios de los aspirantes a padres adoptivos que están dispuestos a pagar intermediarios, explicó Volpi.
Pero Siro Darlán, un juez de Menores de Rio de Janeiro, piensa que esa Convención, ratificada por Brasil el año pasado, aumenta los trámites burocráticos al punto de hacer inviables muchos intentos de adopción por parte de extranjeros, exigiéndoles que realicen varios viajes.
Darlán opinó que el resultado será un aumento del tráfico de niños y niñas.
El juez lamenta que se haya renunciado a los beneficios de la acogida europea a menores brasileños, que él comprobó en viajes como el que hizo el año pasado a Suecia.
Allí Darlán visitó a siete jóvenes brasileños adoptados, todos negros, y le impresionó el esfuerzo de sus nuevas familias para que mantuvieran sus vínculos culturales con Brasil.
Mauro Nicolau Junior, un juez de Menores de Nueva Friburgo, cerca de Río de Janeiro, se opone, en cambio, al aumento de adopciones por familias de países ricos, cuyos habitantes "se cerraron y no disponen de tiempo, convivencia y relaciones humanas que propicien el nacimiento de hijos legítimos".
La adopción "no es una válvula de escape para parejas solitarias", opinó.
Weber piensa que los adoptantes extranjeros presentan la ventaja de tener menos prejuicios. Sus investigaciones revelaron que 85 por ciento de los brasileños encuestados sólo querían adoptar niños y niñas menores de un año de edad, y que 72,5 por ciento querían además que fueran blancos.
La mayoría de los aspirantes extranjeros a adoptar brasileños no plantean ese tipo de restricciones. Los niños y niñas con enfermedades o discapacidades físicas y mentales suelen ser adoptados por europeos, ya que es muy difícil encontrar familias brasileñas que los acepten. (FIN/IPS/hd ip/mo
