Los jueces federales y laborales de Brasil iniciarán este lunes una huelga por mejores salarios que el gobierno considera ilegal y una amenaza para el esfuerzo de estabilización de precios.
El presidente Fernando Henrique Cardoso dio por concluidos sus esfuerzos por buscar una solución. Su propuesta de conceder a los jueces una suma adicional que no se incorporaría legalmente al salario fue rechazada por el Supremo Tribunal Federal, la máxima corte brasileña.
La huelga "es ilegal" y manchará la imagen de la magistratura, incluso internacionalmente, advirtió el presidente.
Pero el movimiento se hizo inevitable con la decisión del Supremo Tribunal Federal, sentenció Gustavo Alkimim, presidente de la Asociación Nacional de Magistrados de la Justicia del Trabajo, que representa a cerca de 2.000 jueces.
Sus pares de la justicia federal, que el año pasado ya paralizaron sus labores por un día en protesta por los bajos sueldos, suman 750 en todo el país.
Los jueces reclaman un aumento salarial que sería automático al establecerse legalmente el límite máximo de remuneración estatal, una disposición incluida en la reforma administrativa aprobada hace más de dos años.
Pero esa es una decisión que debe ser adoptada de común acuerdo por los jefes de los poderes Ejecutivo, Judicial y Legislativo, ya que son independientes y soberanos, según la Constitución.
El intento de fijar un techo de 6.000 dólares a lo que ganan los miembros del Supremo Tribunal Federal no logró el consenso. Los jueces reclaman 7.070 dólares, la remuneración que reciben tres de ellos por acumular funciones en el Tribunal Superior Electoral.
El presidente Cardoso se resistió al techo más elevado, porque subiría mucho los costos salariales del Estado, agravaría el desequilibrio de las cuentas públicas y dificultaría las mets fiscales acordadas con el Fondo Monetario Internacional.
Pero terminó por aceptarlo ante las presiones y como forma de evitar movimientos como el de los jueces. Los funcionarios de todos los poderes no obtienen reajustes salariales hace cinco años.
La fijación del techo representará un aumento salarial para muchos funcionarios, en especial los de nivel elevado, como los jueces, porque sus sueldos son proporcionales a lo que ganan sus superiores jerárquicos.
Un juez federal o laboral gana al comienzo de su carrera el equivalente a 2.100 dólares netos. Establecido el techo de los funcionarios públicos en 12.720 reales, ganarán automáticamente un aumento de 67 por ciento. Eso es lo reclaman los huelguistas.
Pero la medida depende de aprobación del Congreso Nacional legislativo, donde la discusión no avanza por falta de acuerdo en cuestiones polémicas.
Entre las divergencias figuran los mecanismos para fijar los límites salariales en estados y municipios, necesariamente inferiores a los del poder central, y las remuneraciones adicionales que se incluyen o no en el techo.
El bono sería una alternativa provisional para evitar la huelga, que sería por tiempo indeterminado hasta que se obtenga una solución, amenazó el presidente de la Asociación de Jueces Federales de Brasil, Fernando Tourinho Neto.
Pero perderán autoridad en la aplicación de las leyes al violarlas, sentenció el presidente del Senado, Antonio Carlos Magalhaes, que considera indispensable elevar el salario mínimo, hoy equivalente a 76 dólares, antes de aumentar la remuneración de funcionarios que ganan decenas de veces más.
Muchos jueces abandonan la carrera y se convierten en abogados del sector privado, donde ganan mucho más. Eso agrava la situación de la justicia, cuya extrema lentitud empeora por la acumulación de millones de procesos inconclusos cada año.
En Brasil hay un solo juez de primera instancia cada 26.000 habitantes, mientras una proporción razonable, como la de Alemania, es de uno cada 3.000, según Luiz Fernando Carvalho, ex presidente de la Asociación de Magistrados Brasileños.
Es un problema que afecta todo el Estado, ante su crisis fiscal y la tendencia mundial de creciente desigualdad. Los mejores profesionales obtienen remuneraciones o ganancias cada día más elevadas en negocios privados, con las cuales el sector público no puede competir.
Solo una profunda vocación, el apetito por el poder o el interés en enriquecer el currículum con miras al futuro pueden explicar que economistas renuncien a los millones de dólares que ganan en los bancos para aceptar hasta 5.000 dólares mensuales en cargos públicos .
Es lo que pasó con Arminio Fraga, presidente del Banco Central brasileño, y se repite ahora con Francisco Gros, recién nombrado para presidir el Banco Nacional de Desarrollo Económico y Social. (FIN/IPS/mo/mj/ip lb/00
