El presidente de Estados Unidos, Bill Clinton, decidió respaldar a las empresas multinacionales mediante la impugnación de una ley del estado de Massachusetts destinada a promover la democracia en Birmania.
Las ciudades y estados que niegan contratos a aquellas compañías con negocios en países de regímenes dictatoriales interfieren con "la autoridad exclusiva del gobierno nacional sobre los asuntos exteriores", arguyó el Departamento de Justicia en un escrito presentado a la Corte Suprema el martes.
La administración Clinton, tras incorporarse a una coalición de más de 600 empresas multinacionales, la Unión Europea y Japón, solicitó discretamente a la Corte que declare inconstitucional la ley de Massachusetts.
La Corte Suprema de Justicia, de nueve miembros, oirá los argumentos el 22 de marzo, y pronunciará una sentencia final en junio.
El caso, titulado "Natsios versus el Consejo Nacional de Comercio Exterior (NFTC)", tiene graves implicaciones para las organizaciones de derechos humanos y otras que en los últimos 25 años emplearon leyes estaduales y locales de "compra selectiva" para influir en la conducta de las firmas multinacionales en el exterior.
Las leyes de compra selectiva están destinadas a obligar a las empresas a elegir entre sus negocios con gobiernos represivos o participar en licitaciones estaduales o locales para poder obtener contratos a menudo muy lucrativos.
La ley de Massachusetts, por ejemplo, agrega 10 por ciento a cualquier oferta en una licitación estadual de una empresa nacional o extranjera con negocios en Birmania.
Este tipo de leyes se utilizó con gran éxito a fines de los años 70 y principios de los 80 para obligar a numerosas multinacionales (incluidas Coca-Cola, IBM y General Motors) a retirarse de Sudáfrica, donde imperaba el régimen de segregación racial o apartheid.
El retiro de las compañías jugó un papel fundamental en la transición hacia un régimen democrático en ese país, coinciden los expertos.
Leyes similares aprobadas en Nueva York, California, Pennsylvania y otros estados y ciudades contra bancos y compañías de seguros de Suiza contribuyeron a un arreglo en 1998 de reclamos pendientes de víctimas del holocausto nazi.
Más de 20 estados y ciudades, incluidas Nueva York, Los Angeles y San Francisco (que cada año realizan licitaciones por cientos de millones de dólares) aprobaron leyes de compra selectiva contra empresas con negocios en Birmania, donde la junta militar reprime a la oposición liderada por la premio Nobel de la Paz Aung San Suu Kyi.
Las multinacionales obviamente se oponen a estas iniciativas, porque limitan su libertad para realizar negocios donde lo deseen, pero hasta ahora no habían impugnado ese tipo de leyes debido a la publicidad negativa que podría derivarse del reclamo a tener negocios con gobiernos dictatoriales.
Sin embargo, en 1998 el NFTC decidió impugnar ante una corte federal la ley de Massachusetts de 1996, arguyendo que violaba las disposiciones constitucionales que otorgan al gobierno federal la facultad de regular el comercio y la política exterior.
En una medida sin precedentes, la Unión Europea (UE) y Japón presentaron escritos en representación del NFTC como "amicus curiae" (amigos de la corte).
Al mismo tiempo, el bloque europeo y Tokio presentaron sus propias impugnaciones a la ley de Massachusetts ante la Organización Mundial del Comercio, arguyendo que el estado violó el Acuerdo sobre Compras del Estado de 1995, que prohíbe a los gobiernos usar criterios no económicos en sus licitaciones.
La administración Clinton, profundamente dividida sobre el tema, se había mantenido al margen hasta ahora.
Mientras fuertes partidarios de la globalización como los departamentos de Comercio y el Tesoro pretendían respaldar al NFTC, otros organismos, en especial el Departamento de Estado y el Consejo de Seguridad Nacional, se oponían a adoptar una posición.
Sin embargo, ante la presión de la UE, Japón y la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático, el gobierno determinó que la iniciativa de Massachusetts "complica los esfuerzos (de Washington) por desarrollar una estrategia multilateral" y por tanto "se entromete indebidamente en la autoridad exclusiva del gobierno nacional para conducir los asuntos exteriores".
El escrito presentado por la administración Clinton aclara que se opone a la actual forma de gobierno en Birmania y que ya le impuso sanciones comerciales y de otro tipo.
"El desacuerdo se refiere a la facultad del estado para adoptar acciones como la Ley de Massachusetts sobre Birmania", explica el documento.
"En realidad, si esa ley se mantuviera, podrían esperarse numerosas medidas estaduales y locales" contra compañías con negocios en Arabia Saudita, Corea del Norte, Cuba, China, Egipto, Indonesia, Irán, Iraq, Laos, Marruecos, Nigeria, Corea del Norte, Pakistán, Sudán, Suiza, Turquía y Vietnam, advierte el escrito. (FIN/IPS/tra-en/jl/ks/mlm/ip-if-hd/00
