Organizaciones no gubernamentales (ONG) de Estados Unidos denunciaron la represión de una protesta indígena en Colombia para oponerse a la propuesta del presidente Bill Clinton de aumentar de 300 a 1.600 millones de dólares la ayuda militar a ese país.
El Congreso de Estados Unidos discutió el martes la iniciativa de Clinton de incrementar la partida presupuestaria para la lucha contra el narcotráfico en Colombia, que se convertiría en caso de voto favorable de los legisladores en el tercer receptor de ayuda militar estadounidense, después de Israel y Egipto.
Pero grupos de derechos humanos combaten la propuesta, arguyendo que esos recursos podrían emplearse para la represión militar o policial de protestas legítimas.
Los activistas aseguran que tres niños fueron muertos por la policía en el nororiente de Colombia, cuando los agentes intervinieron para desalojar a cientos de manifestantes de un campo petrolero reclamada por los indígenas u'wa como territorio ancestral propio.
Los u'wa, que conforman una comunidad de 5.000 personas en la selva tropical andina cercana a la frontera con Venezuela, consideran el petróleo "la sangre de la madre tierra" y han amenazado con el suicidio colectivo en el caso de que el proyecto de extracción de crudo siga adelante.
"La intervención policial que dio por resultado la muerte de tres inocentes niños u'wa creó el temor a que recursos de los contribuyentes (estadounidenses) sean utilizados en Colombia para financiar nuevas violaciones de los derechos humanos", señaló Steve Kretzmann, de la ONG Amazon Watch.
El plan de emergencia de dos años propuesto por Clinton destina a la Policía Nacional de Colombia 68 millones de dólares este año y 28 millones el próximo.
El incidente en que murieron los tres niños y varios adultos resultaron heridos se produjo el día 11. La tribu u'wa afirmó que la policía utilizó bastones, gas lacrimógeno y motoniveladoras para expulsar a los manifestantes del área en que la compañía estadounidense Occidental Petroleum se propone realizar la prospección petrolera.
Entre 200 y 450 indígenas u'wa permanecían desde noviembre acampados en el campo petrolero, denominado Gibraltar 1, como forma de protesta.
"Denunciamos estos hechos como crímenes contra la humanidad. Violan nuestros derechos constitucionales, nuestros derechos humanos y el derecho internacional humanitario", afirmaron los u'wa en un comunicado.
Occidental Petroleum, que tiene su casa central en la ciudad de Los Angeles, no comentó la información difundida por los indígenas, aunque antes del incidente había dicho que el caso de Gibraltar 1 es una disputa entre los u'wa y el gobierno colombiano.
Lawrence Meriage, portavoz de Occidental Petroleum, dijo en la sesión del martes del Congreso que el programa de ayuda a Colombia debe distribuirse en forma equilibrada entre las Fuerzas Armadas y la policía.
"Las organizaciones guerrilleras y paramilitares superan ampliamente en número y armamento a la unidad antinarcóticos de la Policía Nacional de Colombia", observó Meriage.
El conflicto entre los u'wa y Occidental Petroleum comenzó en 1992, cuando la compañía estatal Ecopetrol concedió a la empresa estadounidense un área de prospección petrolera en la que ésta confía hallar reservas de crudo equivalentes a 2.000 millones de barriles.
El gobierno afirma que ese campo petrolero se halla fuera de los límites del territorio adjudicado a los indígenas, pero éstos responden que forma parte de sus tierras ancestrales.
El Grupo de Trabajo en Defensa de los U'wa, creado en Estados Unidos con participación de la Red de Acción del Bosque Tropical y la fundación Earthjustice Legal Defense, exigió la suspensión de las actividades de Occidental Petroleum en Gibraltar 1 hasta que la empresa llegue a un acuerdo con los indígenas.
El Grupo también exhortó al presidente colombiano Andrés Pastrana a retirar las fuerzas de seguridad del territorio u'wa.
Las ONG concentraron su campaña en Estados Unidos sobre dos accionistas de Occidental Petroleum: la firma Fidelity Investments y el vicepresidente Al Gore, que aspira a la candidatura del gobernante Partido Demócrata para las elecciones presidenciales de este año.
Fidelity Investments, de la nororiental ciudad de Boston, controla unos 30 millones de acciones de la compañía petrolera, evaluadas en 700 millones de dólares.
Mientras, Gore dispone entre 250.000 y 500.000 acciones heredadas de su padre, fallecido en 1998, según la declaración de patrimonio que el vicepresidente realizó ese mismo año.
El padre de Gore fue empleado de Armand Hammer, el fundador de Occidental Petroleum, y sentó las bases de la fortuna familiar con ingresos obtenidos de esa compañía y de sus filiales.
Las instalaciones petroleras de Colombia fueron convertidas en fortalezas a causa de la guerra. Son objetivo militar de los insurgentes izquierdistas, especialmente del Ejército de Liberacnal, que a su vez, son combatidas por las bandas paramilitares de derecha, destacó el Grupo Grupo de Trabajo en Defensa de los U'wa.
Por su parte, organizaciones ambientalistas señalaron que el oleoducto Caño Limón, de Occidental Petroleum, tendido en el norte del área reclamada por los u'wa, fue atacado por los guerrilleros más de 600 veces en los últimos 13 años, con la consecuencia del vertido de unos 2,1 millones de barriles de crudo en suelos y ríos.
Las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, la guerrilla más fuerte del país, dio muerte en marzo a tres ciudadanos estadounidenses que trabajaban con los u'wa.
En los últimos dos años "hemos visto un claro aumento de los atentados" contra sitios petroleros en Colombia, comentó Meriage el martes ante el Congreso. (FIN/IPS/tra-en/dk/ks/hd en/00
