La condena del periodista José Ale por supuestas injurias contra Servando Jordán, un ex presidente de la Corte Suprema de Justicia, mostró que Chile sigue siendo uno de los países de América Latina con más restricciones a la libertad de expresión.
El fallo contra Ale se basó en disposiciones de la Ley de Seguridad del Estado vigentes desde la dictadura del general Augusto Pinochet (1973-90) y que no han sido derogadas en una década de transición democrática.
Ale podría ser indultado por el presidente Eduardo Frei si la propia Corte Suprema no acepta un recurso del abogado del periodista para que se declare viciado el fallo condenatorio, aprobado por una sala del máximo tribunal el día 15, por tres votos contra dos.
El reportero, ex dirigente del Colegio de Periodistas, fue sentenciado a 541 días de "prisión remitida", lo cual significa que no será encarcelado pero deberá presentarse todos los días, durante el cumplimiento de la pena, a firmar en las oficinas del Patronato de Reos.
El juez Jordán, quien presentó la querella contra el periodista, es el mismo que en junio de 1999 consiguió que los tribunales impidieran la circulación de "El libro negro de la justicia chilena", de la periodista Alejandra Matus.
Mientras los ejemplares de la obra eran incautados, Matus viajó a Buenos Aires para evitar su arresto. Desde allí fue a Miami, donde las autoridades migratorias estlo político en noviembre.
La Ley de Seguridad del Estado, en la cual se basaron las acciones judiciales de Jordán contra Matus y Ale, establece que la difusión de injurias a través de libros o medios de prensa contra altos dignatarios del gobierno, las Fuerzas Armadas, el Parlamento o el Poder Judicial es homologable al delito de sedición.
Esto permite perseguir legalmente a los autores de un libro o artículo que se considere injurioso, así como a los editores u otros responsables del medio de difusión, y también que los tribunales ordenen incautar el "instrumento del delito", impidiendo su circulación.
El asilo político de Matus en Estados Unidos fue un bochorno para el gobierno de Eduardo Frei, interesado en proyectar una imagen exterior de solidez de la democracia chilena.
Las persecuciones a periodistas en Chile son un testimonio de la persistencia de las normas autoritarias del régimen de Pinochet, quien está arrestado en Londres desde hace 16 meses y podría regresar en breve al país por razones de clemencia.
La organización no gubernamental humanitaria Human Rights Watch, con sede en Estados Unidos, publicó en 1998 un extenso estudio sobre la libertad de expresión en Chile, con un listado de las disposiciones legales que afectan ese derecho fundamental.
Las leyes de Seguridad del Estado, de Abusos de Publicidad y de Censura Cinematográfica, así como disposiciones del Código de Justicia Militar que afectan a los civiles, hacen de Chile uno de los países con menos libertad de expresión en América Latina, concluyó Human Rights Watch.
Jordán, quien fue presidente de la Corte Suprema entre enero de 1996 y enero de 1998, también invocó la Ley de Seguridad del Estado, poco antes de dejar su cargo en el organismo judicial, para hacer detener a la periodista Paula Coddou y al escritor Rafael Gumucio.
La revista Cosas, de la cual Coddou era entonces editora, publicó declaraciones de Gumucio en las cuales aludía al "pasado turbio" de Jordán, acusado por políticos de derecha en 1997 de proteger a un funcionario judicial vinculado con un narcotraficante.
Aquella denuncia fue desarrollada con extensión en el libro de Matus, quien realizó una detallada investigación sobre el Poder Judicial chileno desde la época dictatorial y aportó antecedentes sobre la adicción de Jordán a las bebidas alcohólicas.
El 7 de enero de 1998, al finalizar el período de Jordán al frente de la Corte Suprema, Ale publicó una nota en La Tercera en la cual aludió a críticas que se formulaban en el marco del organismo contra una supuesta "camarilla" de protegidos del magistrado.
En septiembre de 1998, Ale y el entonces director de La Tercera, Fernando Paulsen, fueron arrestados por orden del juez de la Corte de Apelaciones a cargo de una demanda presentada por Jordán, y permanecieron 24 horas en prisión.
En julio de 1999, el magistrado Alejandro Solís dictó un fallo absolutorio a favor de Ale y Paulsen, basado en que la Ley de Seguridad del Estado es incompatible con la libertad de expresión, respaldada por convenciones internacionales suscritas por el Estado chileno.
Jordán apeló ese fallo y se llegó así al dictamen emitido este mes, el cual absolvió a Paulsen y condenó a Ale como único autor de las supuestas injurias a Jordán.
La sentencia contra Ale generó protestas del Colegio de Periodistas, cuyos dirigentes se amordazaron frente a los tribunales, y fue repudiada por el relator para la Libertad de Expresión de la Organización de Estados Americanos, Santiago Canton.
Uno de los tres jueces que votaron la condena de Ale fue el abogado Vivian Bullemore, miembro de la Corte Suprema, quien entre 1981 y 1990 se desempeñó como asesor de la Junta Militar de Gobierno, órgano legislativo de la dictadura de Pinochet.
El 27 de enero, 18 días antes del fallo y durante los funerales de Roberto Dávila, un ex presidente de la Corte Suprema, Bullemore se acercó a Ale y en presencia de varios testigos lo trató de "injuriador profesional".
El actual presidente de la Corte Suprema, Hernán Alvarez, admitió que Bullemore debió excusarse de participar en la sala que emitió el dictamen final sobre la querella presentada por Jordán, por estar predispuesto contra uno de los acusados.
El abogado de Ale, Alfredo Morgado, se basó en esa opinión de Alvarez para presentar un recurso en el cual solicita que la Corte Suprema declare viciada la condena del periodista. Si ese recurso no prospera, Morgado pedirá que Frei indulte a Ale.
El Ministerio de Justicia resolvió, a su vez, que Bullemore deje de integrar la Corte Suprema, aduciendo que no tenía una óptima valoración profesional. Bullemore sostuvo en privado que se trató de una decisión política. (FIN/IPS/ggr/mp/hd/00
