Ataques terroristas a una compañía forestal en el sur de Chile, atribuidos a indígenas mapuches, fueron en realidad autoatentados, informaron dos parlamentarios que recibieron las confesiones de guardias de seguridad de la empresa Mininco.
La denuncia de los diputados oficialistas Eugenio Tuma y Alejandro Navarro contradijo las intensas presiones de empresarios y la oposición derechista para que el gobierno de Eduardo Frei reprimiera con dureza las supuestas tácticas subversivas de las comunidades mapuches.
Este nuevo antecedente puede dar un vuelco a la investigación judicial que se realiza en Collipulli, 574 kilómetros al sur de Santiago, donde desconocidos atacaron en la madrugada del día 19 con bombas incendiarias a tres guardias de la Forestal Mininco que se desplazaban en una camioneta.
Jorge Luna, uno de los tres guardias, resultó con quemaduras en un tercio de su cuerpo y sus vías respiratorias, lo cual obligó a su traslado a un centro hospitalario especializado en Santiago.
Tuma, del Partido Por la Democracia (PPD), y Navarro, del Partido Socialista (PS), visitaron a Luna antes de entrevistarse el miércoles con el ministro de la Secretaría General de la Presidencia, José Miguel Insulza.
Los diputados dijeron que siete ex funcionarios de la compañía que presta los servicios de seguridad a la Forestal Mininco están dispuestos a confesar su participación en autoatentados, siempre que se aplique en su favor la Ley Antiterrorista vigente.
Los ex guardias procuran que se les absuelva mediante el sistema de protección a testigos de esa legislación, llamado también de delación compensada, aduciendo que cometieron los delitos por órdenes de sus superiores.
Estas normas fueron incorporadas a la legislación antiterrorista en Chile durante el primer gobierno de transición democrática de Patricio Aylwin (1990-1994), con el propósito de desarticular grupos armados paramilitares y de extrema izquierda.
Tuma y Navarro no aclararon si el ataque del sábado, el más grave registrado en la zona de conflictos entre empresas forestales y comunidades mapuches desde comienzos de 1999, es parte taados.
La tesis de provocaciones montadas por las propias empresas fue adelantada el martes por el líder indígena Víctor Ancalaf, dirigente de la Coordinadora Arauco-Malleco, quien negó la participación de miembros de esa organización en el ataque del sábado.
El gobierno de Frei solicitó al Poder Judicial el nombramiento de un juez especial de instrucción para investigar el atentado, pero la Corte de Apelaciones de Temuco, capital de la región de Araucanía, 673 kilómetros al sur de Santiago, postergó el miércoles una decisión al respecto.
Los magistrados acordaron solicitar todos los antecedentes del caso a la jueza de Collipulli, Georgina Solís, lo cual indicaría que en los tribunales existen también dudas sobre la culpabilidad que se endosó preliminarmente a los mapuches.
El ministro Insulza, del PS, se hará cargo de la cartera del Interior cuando asuma como nuevo presidente Ricardo Lagos, cuya investidura se celebrará el 11 de marzo en la sede del Congreso legislativo en Valparaíso.
Lagos, un socialista moderado, heredará del gobierno de Frei una serie de conflictos étnicos en las regiones del Bío-bio, Araucanía y Los Lagos, en el sur del país, vinculados a reivindicaciones de tierras de comunidades mapuches.
Los territorios ancestrales que reclaman los indígenas son parte actualmente de fundos (haciendas) forestales que son explotados por grandes compañías madereras.
La Forestal Mininco es propietaria de varios predios en esas regiones, que desde finales de 1998 registran ocupaciones de comunidades mapuches que procuran así recuperar las tierras que pertenecieron a sus antepasados.
Rodrigo Hermosilla, encargado de asuntos públicos de Mininco, dijo esta semana al diario La Segunda que "eaques graves a nuestra forestal" con un saldo de 15 efectivos de la policía de Carabineros y trabajadores heridos.
Rolando Franco, abogado de la empresa, sostuvo luego del ataque incendiario del sábado que las autoridades deben aplicar la Ley de Seguridad del Estado, posición respaldada por la empresarial Corporación de la Madera.
Hermógenes Pérez de Arce, periodista y ex diputado de extrema derecha, fustigó al gobierno de Frei por negarse a aplicar la Ley de Seguridad "a los extremistas que en estos días queman personas".
Según Pérez de Arce, Chile vive un clima de violencia en vísperas de la instalación del "segundo gobierno socialista", que a su juicio será similar "al primer gobierno socialista" que presidió Salvador Allende desde 1970 hasta su derrocamiento por un golpe militar el 11 de septiembre de 1973.
Allende gobernó con la Unidad Popular, una coalición de comunistas, socialistas, socialdemócratas y cristianos de izquierda, en tanto Lagos lidera la Concertación por la Democracia, de demócratacristianos, socialistas y socialdemócratas. (FIN/IPS/ggr/mj/ip hd/00
