Cinco países europeos ya coinciden en que el Poder Judicial y no el Ejecutivo debe decidir sobre la extradición del ex dictador chileno Augusto Pinochet, al pronunciarse en ese sentido el Tribunal Supremo de Justicia de España.
Con este pronunciamiento, España se sumó el martes a Gran Bretaña, Bélgica, Francia y Suiza en esta interpretación.
Pinochet está detenido en Londres y sometido a un proceso de extradición por pedido de España, que tiene previsto un juicio oral de apelación para el 20 de marzo.
Mientras, el ministro del Interior británico, Jack Straw, anunció su intención de interrumpir el juicio y liberar al procesado por motivos de salud.
La posición de Straw fue cuestionada ante la justicia británica por Bélgica y seis organizaciones no gubernamentales, que lograron que el ministro fuese obligado a entregar a los cuatro países que requieren a Pinochet el informe médico sobre su salud, que mantenía secreto y sobre el que basaba su intención.
El Tribunal Supremo español precisó que "si en la fase político-administrativa surge algún trámite judicial, deberían ser los órganos jurisdiccionales que han tomado la iniciativa para poner en marcha el procedimiento de extradición los que tendrían que ponderar la necesidad de estar presentes en todos los trámites judiciales posibles".
En este caso la decisión correspondería al juez español Baltasar Garzón.
Asimismo, el tribunal manifestó que para superar los conflictos entre los dos poderes es conveniente "mantener abiertas todas las vías posibles" para que "las víctimas de los hechos delictivos que se tratan de perseguir estuvieren presentes en todo el proceso de tramitación, con objeto de garantizar, en todo momento, la defensa de sus intereses".
Esta disposición coincide con la sentencia del juez británico Lord Simon Brown, del 15 de febrero, que dice que "la capacidad del acusado para ser sometido a juicio es una cuestión que ha de resolverse dentro del proceso judicial".
Brown aclaró, incluso, que "la aptitud del encausado para defenderse ha de decidirla un jurado, y la capacidad general para ser sometido a juicio ha de decidirla el juez".
Asimismo señaló que "en todos los demás estados parte del Convenio Europeo de Extradición, la presente cuestión (capacidad o no del acusado de comparecer) sería resuelta por los tribunales y no por el Poder Ejecutivo".
Al dictamen del Tribunal Supremo español se unió este martes el alegato presentado ante Gran Bretaña por el juez Garzón, en el que incluye el informe de ocho médicos españoles que analizaron el remitido por Straw y al que tuvo acceso IPS.
El informe dictamina que "de la evidencia extraída de los exámenes (médicos remitidos por Straw) se puede deducir que el señor Pinochet presenta un estado tanto físico como mental lo suficientemente normales como para afrontar cualquier situación incómoda, como puede ser la comparecencia en un juicio".
Además, dice que "en el estado actual del procesado está presente un nivel suficiente de funcionamiento mental para adaptarse a las exigencias de la vida cotidiana y al desempeño de actividades sociales, relacionales, procesales y otras, dentro de los límites adaptados a su edad".
Los ocho especialistas coinciden en que el examen practicado en Londres es "limitado y parcial, faltando entre otros elementos una evaluación psiquiátrica y psicopatológica".
Por ello, Garzón dice que "para garantizar la imparcialidad y evitar que se pueda dar cobertura, con base a informes médicos incompletos, ausentes de todo control judicial, a una decisión irreversible de libertad de Pinochet la única medida adecuada y procesalmente correcta es la de reconducir la cuestión médica al ámbito estrictamente jurisdiccional".
Por tanto, solicita que Straw "decline la cuestión a favor de la Autoridad Judicial inglesa competente". Pero si no declinase, le pide que autorice un nuevo reconocimiento médico exhaustivo, a cargo de profesionales designados por la justicia británica.
A mayor abundamiento le señala que "en España existen condiciones médico-hospitalarias adecuadas e idóneas para atender al procesado de sus dolencias y compatibilizar su cuidado con su participación en la celebración del juicio".
Además, Garzón reiteró a la cancillería española, encargada de transmitir sus escritos, que al no haber motivos de salud para que Pinochet no sea extraditado, es necesario y obligatorio legalmente agotar todos los medios de impugnación precisos para hacer efectiva la extradición.
Y, "en concreto, que de producirse la eventual liberación de aquél, se debería recurrir", afirmó.
Ante estas novedades, Joan Garcés, el abogado que dirige en España la acusación contra el ex dictador chileno, expresó su deseo de "que (el presidente del gobierno español) José María Aznar tome nota e instruya al canciller para que cumpla con la legalidad y transmita las instrucciones de Garzón a Londres".
El canciller Abel Matutes dijo reiteradamente que España no apelará una decisión de Straw por considerarla un acto político y no judicial. El dictamen del Tribunal Supremo español, que coincide con el de los otro cuatro países europeos, desautoriza esa interpretación. (FIN/IPS/td/ag/ip hd/00
