El caso de un deportista olímpico argentino herido por el disparo de un policía puso de manifiesto la gravedad de las violaciones a los derechos de los civiles cometidas por agentes de seguridad del Estado.
El campeón panamericano de remo Walter Balunek, que obtuvo tres medallas en 1999 en los juegos de Winnipeg, Canadá, fue baleado por un policía en el banco al que se dirigió para cobrar la beca que el Estado le asignó como deportista destacado.
El joven de 27 años resultó "sospechoso" al uniformado que custodiaba el banco, quien desenfundó el arma y le pidió sus documentos. Pero cuando Balunek —quien se encontraba junto a su padre— puso su mano en el bolsillo, el policía le disparó en el estómago.
Para la Coordinadora contra la Represión Policial, organización humanitaria que sigue de cerca estos hechos de violencia, la muerte de civiles indefensos a manos de agentes de seguridad del Estado es la continuación de un fenómeno originado en la última dictadura militar.
Entre 1976 y 1983, el régimen puso en marcha un plan de represión a opositores que, de acuerdo con diversas organizaciones de derechos humanos, derivó en el secuestro, torturas y, en la mayoría de los casos, la desaparición de unas 30.000 personas.
"Hasta 1983, los militares eran el brazo armado de un sistema económico, pero después de la dictadura y durante estos 16 años de democracia fue la policía la que asumió este papel, atacando fundamentalmente a personas jóvenes y pobres", dijo a IPS la abogada de la Comisión, María del Carmen Verdú.
La Comisión, integrada por más de 12 abogados, estudiantes de derecho y familiares de víctimas de la represión policial, lleva un registro exhaustivo de los casos de personas muertas por las fuerzas de seguridad en condiciones en que no representaban una amenaza para los atacantes.
Cerca de 500 personas fueron víctimas de los uniformados, de acuerdo con el último informe, de 1999. Según la estadística, apenas 20 por ciento de los casos tuvieron una resolución judicial que terminó con el apartamiento del policía de la fuerza o con su condena.
En el informe figuran sospechosos de estar cometiendo delitos — a quienes, de todos modos, no se respetan sus derechos, según Verdú—, transeúntes que quearon en medio de tiroteos y otros que ni siquiera estaban en situación sospechosa, como Walter Repeto, muerto de un balazo policial dentro de su automóvil junto a su casa.
La madre de Repeto recordaba este martes que el policía que lo ultimó, entonces de licencia por estrés, llevaba de todos modos su arma, y al parecer se habría molestado con su hijo porque conducía a alta velocidad antes de estacionar en la puerta de su casa.
"Están desquiciados. ¿Cómo la policía no se da cuenta que tiene está gente adentro?", se preguntó la mujer, que perdió a su hijo de 28 años.
Para los expertos en violencia policial del Centro de Estudios Legales y Sociales, otra organización humanitaria creada durante la dictadura, la policía tiene una tradición violenta y autoritaria y no está capacitada para actuar respetando los derechos de los ciudadanos a los que debe proteger.
"Esta forma de actuar así, disparando en forma casi accidental, es bastante generalizada en la policía argentina", comentó a IPS Gustavo Palmieri, coordinador de estudios del Centro.
"No hay para ellos un paso previo a sacar el arma, ante una amenaza, directamente la desenfundan sin ningun control, y disparan al primer amague del detenido o del presunto sospechoso", explicó Palmieri. "Cuando los llaman, van con el arma en la mano antes de saber qué pasa", añadió.
El experto consideró que para la institución policial es normal matar para prevenir un delito, e incluso no es mal visto, ya que la "efectividad policial" está medida por el número de enfrentamientos que mantienen con los civiles que, efectivamente, está en aumento.
De acuerdo con los datos que el Centro recoge en los cuatro diarios de mayor circulación del país, entre 1998 y 1999 el número de civiles muertos cada año en enfrentamientos con la policía aumentó 78 por ciento (de 113 a 202) sólo en los alrededores de la ciudad de Buenos Aires.
"No tienen tradición de respeto a los derechos. Ellos tienen una modalidad represiva y autoritaria de resolver conflictos", subrayó, y mencionó que muchas veces esa tradición está apoyada en determinadas políticas que piden aplicar "mano dura", que se mantienen aún en democracia.
En este sentido, el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Carlos Ruckauf, que causó una conmoción durante su campaña electoral al llamar a la policía a "meter bala" a los delincuentes, procura desde el gobierno aumentar las atribuciones de la policía para actuar contra el delito.
El martes, tras visitar a Ballunek en la clínica en la que fue internado, Ruckauf aclaró que no quiere "a nadie que empuñe las armas para herir a gente inocente". "Quiero que las armas de la ley estén contra los delincuentes", reiteró el mandatario provincial.
El gobernador aseguró que no tolerará ningún tipo de violencia policial y que ordenó la cesantía del policía agresor, pero sus declaraciones resultan, según Palmieri, una invitación para que la policía siga actuando con violencia y no con eficiencia ante el delito.
"Los argumentos de que la gente pide esta violencia no son ciertos. En las encuestas, la población relaciona el aumento de la inseguridad con el aumento de la pobreza y el desempleo, y en segundo lugar la atribuye a la ineficiencia policial para prevenir el delito", remató Palmieri. (FIN/IPS/mv/mj/hd/00
