La central hidroeléctrica de Urrá, en el norte de Colombia, comenzó esta semana sus operaciones tras más de 30 años de polémica por el impacto ambiental que ocasionaría y denuncias de 16 comunidades indígenas que sienten vulnerados sus derechos.
La empresa declaró abierta las operaciones comerciales de la central, ubicada en el departamento de Córdoba, después de exitosas pruebas que se llevaron a cabo con la primera unidad de generación, de 60 megavatios.
Mientras tanto, en los jardines del Ministerio del Medio Ambiente, en el centro de Bogotá, permanecen 168 indígenas de las comunidades embera-katio que protestan por la decisión.
La central hidroeléctrica, que tiene un costo cercano a los 800 millones de dólares, "generará 300 megavatios de energía a más bajo costo y disminuirá la posibilidad de racionamiento en la (norteña) costa atlántica", afirmó el martes viceministro de Minas y Energía, Felipe Riveira.
Gloria Rodríguez, del Instituto de Estudios Ambientales de la estatal Universidad Nacional, aseguró que la central modificará "radicalmente el sistema de control de aguas del río Sinú, que sirve a la represa", con efectos negativos para las comunidades de campesinos, pescadores e indígenas que habitan la zona.
Los indígenas emberá-katío, representantes de 16 comunidades de las reservas de Río Verde y Río Sinú, llegaron a Bogotá el 14 de diciembre para reclamar al gobierno una compensación de sus derechos vulnerados e instalaron su campamento en el Ministerio del Medio Ambiente para expresar su protesta.
El 29 de diciembre fueron llamados a dialogar, pero el 3 de enero los negociadores gubernamentales suspendieron las conversaciones ante la negativa de los indígenas a desalojar el campamento a cambio de un sitio "seguro y digno para vivir".
Fernando Castrillón, asesor de los embera-katios, dijo a IPS que el inicio de las operaciones comerciales de la empresa Urrá Multipropósito revela la política gubernamental de "pasar por encima de los derechos de los pueblos indígenas, como también lo está haciendo con la comunidad u'wa", en el este del país.
El gobierno otorgó a la empresa transnacional Occidental la licencia ambiental para explorar petróleo en el llamado Bloque Samoré, fronterizo con Venezuela, pese a la oposición de los u'wa, que lo consideran su territorio ancestral y han anunciado el suicidio colectivo si se lleva a cabo el proyecto.
Para la comunidad embera-katio, el inicio de operaciones de Urrá tiene "un significado triste porque quedan de manera oficial desplazadas sus demandas y porque se acentuarán los impactos negativos para la comunidad en materia ambiental y de salud", afirmó Castrillón.
Kimi Pernía, portavoz de los embera-katios, dijo a IPS que sólo la reacción de la comunidad internacional y los recursos jurídicos interpuestos ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos pueden presionar al gobierno para que sus demandas sean atendidas.
Pernía se reunió la semana pasada en Estados Unidos con representantes de organizaciones no gubernamentales (ONG) ambientalistas y de derechos humanos y un grupo de ocho congresistas para explicarles la situación que afronta su comunidad y demandar apoyo.
El líder indígena, de 48 años, les contó que a los ocho años comenzó a escuchar a los mayores de su pueblo hablar sobre el proyecto hrico y los daños que ocasionaría a sus vidas, a su tierra y a su cultura.
"Nosotros los indígenas no sabíamos qué significaba esa palabra 'represa', pero ahora sabemos que es acabar con los peces, la comida y los árboles que nos daban la vida", afirmó
Pernía dijo que esta lucha de cerca de cuatro décadas ha producido un gran desgaste en la comunidad embera-katio y la potenciación del conflicto interno ha dejado varias decenas de muertos.
Informes de ONG de defensa de los derechos humanos indican que desde 1986 han sido asesinados 31 indigenas de esta etnia en los departamentos de Córdoba y Antioquia y Chocó (noroeste) en enfrentamientos de la guerrilla con grupos paramilitares de derecha que buscan el control de ese territorio.
Los emberá-katio piden que se investigue estos asesinatos y se penalice a sus autores, y reclaman a los grupos armados que no los involucren en el conflicto.
Los embera-katio son apoyados por un comité internacional de solidaridad y presión política de ONG ambientalistas y defensoras de los derechos humanos, que realizan acciones de denuncia ante los organismos que han financiado el proyecto y campañas de sensibilización a la sociedad en sus países.
Entre estos grupos se cuentan la Sociedad para la Defensa de la Naturaleza, de Suecia, Desarrollo y Paz, de Canadá, la Red Internacional de Ríos y la Global Echange, de Estados Unidos, la Sociedad para la Defensa de los Pueblos Amenazados, de Alemania, y la Congregación Intereclesial de Obispos.
Los embera-katio piden que la empresa Urrá Multipropósito cumpla con una sentencia de la Corte Constitucional que en 1998 exigió iniciar un proceso de concertación con la comunidad y las autoridades para el manejo ambiental de la reserva natural del Nudo de Paramillo, donde está localizado el proyecto.
En esa oportunidad, la Corte Constitucional consideró que se habían violado los derechos de los indígenas, al no haber sido consultados debidamente para la realización del proyecto.
La Corte pidió a la empresa que informara sobre las medidas adoptadas para mitigar el impacto ambiental causado por la obra y su cumplimiento, así como implementar acciones para la "prevención de impactos futuros".
Así mismo, los indígenas tendrían que ser compensados por "la pérdida del uso y goce de su reserva y tendrían que ser partícipes de los beneficios económicos generados por el proyecto".
La reserva natural del Nudo de Paramillo, de 460.000 hectáreas, está habitada por unos 2.500 indígenas y 25.000 campesinos.
Los negociadores gubernamentales ofrecieron a los indígenas 12.860 hectáreas en compensación por las 417 que inundó la represa, pero los indígenas consideran que el problema no es sólo "intercambiar tierras sino mirar hacia el futuro el espacio en que su pueblo pueda vivir dignamente". (FIN/IPS/yf/ag/en hd/00
