Prácticas oligopólicas situaron el precio de los combustibles en Argentina entre los más altos del mundo, pese a que este país presenta una producción relativamente importante de petróleo.
Gobierno, legisladores, comerciantes y consumidores admitieron esta semana su malestar y preocupación por los abusos en los precios del combustibles, apoyados en la posición dominante que tienen en el mercado las transnacionales Repsol-YPF, Shell y Esso.
Así, se registró un hecho inédito. Las petroleras aumentaron un día los precios, anunciaron una rebaja al día siguiente, pero los valores no se modifican en las bocas de expendio, una confusión que esconde mal la resistencia de las compañías a ceder a las denuncias, quejas y reclamos de los diversos sectores.
El Ministerio de Economía ordenó este jueves a la Secretaría de Energía analizar en forma "urgente" el comportamiento de las empresas y le pidió que proponga medidas "concretas" para garantizar la transparencia y la competencia en el mercado, entre las que no se descarta liberalizar la importación de combustible.
El secretario de Defensa de la Competencia, Carlos Winograd, advirtió que en Argentina, cuando suben los precios internacionales del crudo, los valores del combustible "suben en el ascensor, mientras que, cuando el precio internacional está en baja, parece que el ascensor se traba".
En Argentina, el precio de la gasolina súper, con impuestos, es de 1,07 dólares por litro y la libre de plomo cuesta 1,17 dólares. Sólo en seis meses en los que hubo deflación general de precios, el combustible aumentó casi 30 por ciento.
En comparación, el costo de este insumo en Argentina se acerca al de Gran Bretaña (1,19), casi triplica al de Estados Unidos (0,40), y es más alto que en Alemania, Bélgica, España, Francia, Holanda y que en todos los países de la región latinoamericana entre los que hay productores e importadores de crudo.
El propietario de una gasolinera comentó a IPS que el encarecimiento responde al alto componente impositivo del producto. Sin embargo, ese componente fiscal es de 59 por ciento, más bajo que el de casi todos los países europeos, que oscila entre 70 y 80 por ciento.
El caso resulta paradójico en un país que produce petróleo. En 1999, la petrolera YPF, que comenzó siendo estatal, fue adquirida por la española Repsol, la primera de su país. YPF era entonces la tercera empresa que más facturaba en América Latina, detrás de Petróleos de Venezuela y Petrobrás de Brasil.
Sin embargo, la preponderancia de Repsol-YPF —que controla 60 por ciento del mercado argentino—, junto con las transnacionales Shell y Esso —que poseen más de 20 por ciento—, sumada a otras medidas que favorecen el oligopolio, dejan cautivo al consumidor de este producto básico.
Las petroleras señalan que el valor del combustible sube porque también sube el precio internacional del petróleo, pero mercado mundial tuvo alzas y bajas en los últimos 10 años, mientras los valores locales solamente subieron y lo hicieron en forma exorbitante en relación con el costo de vida.
Desde abril de 1991, cuando la inflación en este país se redujo a un dígito anual, los precios de las gasolinas subieron en promedio más de 120 por ciento en dólares, denunció el jueves el presidente de la Asociación de Estaciones de Servicio Independientes, Manuel García.
"Parece raro en una economía libre, pero acá las tres principales empresas deciden los precios porque existe un oligopolio que sugiere precios y el mercado los adopta", remarcó García.
El empresario advirtió también que las ventas cayeron 10 por ciento en 1999, un hecho que afecta también al Estado que recauda cada vez menos.
Las distorsiones de precios son tales que los propietarios de gasolineras aseguran que si se les permitiera comprar combustible "importado", un hecho que resultaría extraño para un país productor que exporta grandes cantidades, el precio tendería a la baja porque la oferta del exterior resulta más barata.
Pero aquí surge otro inconveniente. La importación tiene enormes trabas. "La competencia no existe porque el mercado está controlado por las tres grandes empresas", advirtió Víctor Fayad, presidente de la importadora de combustible Vitol, que lo ofrece, de hecho, más barato.
El problema principal de los importadores para acceder al mercado está en los contratos que las petroleras hacen con los comercios. Las grandes compañías otorgan a las gasolineras la "bandera" de la empresa —sea Repsol-YPF, Shell o Esso— a cambio de contratos de exclusividad de entre 15 y 20 años.
Durante ese período, el propietario del comercio sólo puede vender combustible, gas o lubricantes comprados a su proveedor. "Así como tenemos minimercados en las estaciones de servicio que venden bebidas y golosinas de distinas marcas, queremos lo mismo para el combustible", opinó García.
Del mismo modo, la importadora Vitol reclama transparencia para los contratos de las estaciones de servicio con las petroleras —a través de un registro que sea público— y que se reduzcan a tres años, para dar a los comerciantes la posibilidad de cambiar de proveedor con mayor frecuencia.
"Estas prácticas perversas de las empresas, que obligan a firmar contratos de exclusividad de tantos años, deben terminar", añadió Garcia, representante de las minoritarias "estaciones blancas", que no aceptan atarse a un proveedor y están siempre al punto de quebrar por falta de financiamiento.
La organización Adecua, de defensa al consumidor, presentó una denuncia judicial por lo que consideró una conducta "abusiva" de las empresas que tienen una posición dominante en el mercado en perjuicio de los usuarios que verían así lesionados sus derechos constitucionales.
Pese a la libertad de precios, no hay competencia a la hora de fijar los precios.
Además, existe un criterio de indexar de acuerdo con las oscilaciones del mercado mundial, que no sólo no se cumple cuando bajan los valores internacionales sino que no responde a la lógica de fijar precios según los costos locales, señalaron.
García comentó que si el Estado quiere mantener las reglas de una economía de libre mercado y al mismo tiempo garantizar la competencia, el único camino es el de facilitar la importación y reducir el tiempo de los contratos para que todas las gasolineras tengan un tanque con precios más bajos.
En este sentido, la Secretaria de Energía y la de Defensa de la Competencia ya pusieron manos a la obra, pero la tarea no será sencilla.
La importación podría ser una salida, admitió el secretario de Defensa de la Competencia, pero la duración de los contratos es más dificil de modificar, y entonces no habrá bocas que puedan vender ese fluido traído del exterior. (FIN/IPS/mv/mj/if en/00
