El hacinamiento, la violencia y la corrupción son algunos de los problemas que enfrentan más de 500.000 presos en las cárceles de América Latina, según un informe del Parlamento Latinoamericano (Parlatino).
El documento, al que tuvo acceso IPS, fue tomado como base por las autoridades uruguayas para elaborar un proyecto de ley destinado a que las cárceles dejen la órbita del Ministerio del Interior y sean administradas por un organismo descentralizado.
El estudio del Parlatino, realizado el año pasado, coincide con varios estudios científicos en los cuales se indica que los establecimiento carcelarios deben depender de ministerios de Justicia, y en los países cuya estructura no los prevé, proponen la creación de institutos autónomos especializados.
Uruguay es uno de los pocos países de la región que no tiene Ministerio de Justicia.
El estudio del Parlatino fue realizado por una «Comisión especial de políticas carcelarias de América Latina», que integraron el senador mexicano Eduardo Andrade Sánchez y los diputados Gustavo Hernández Salazar, de Venezuela, y Daniel Díaz Maynard, de Uruguay.
Con la comisión colaboraron los diputados Nilmario Miranda (Brasil), Ludmila Riveros (Paraguay), Lázaro Barredo (Cuba), Gabriel Asencio (Chile) y el senador de Antillas Holandesas Stanley Inderson.
Los parlamentarios visitaron 21 de los 22 países miembros del Parlatino, con excepción de Surinam que envió sus datos a través de su Asamblea Nacional.
El informe destaca que, casi sin excepción, el núméro de reclusos en los países de la región aumenta cada año «en forma alarmante sin que se aprecie una dismución de la criminalidad».
Esta situación genera una saturación del sistema, lo que se agrava por la lentitud en los procesos judiciales. Según datos proporcionados por los directores de las cárceles visitadas, entre 50 y 95 por ciento de los presos no han sido condenados y permanecen entre dos y 10 años esperando su setencia.
Esto determina que en la mayoría de las cárceles se produzca el fenómeno del hacinamiento, con la consiguente violación de los derechos humanos y frecuentes situaciones de corrupción en algunos países por parte de funcionarios carcelarios.
Con raras excepciones, las prisiones de hombres registran un alto hacinamiento, con poblaciones entre tres y cuatro veces superiores a las proyectadas en el momento de su construcción y celdas para dos personas suelen estar ocupadas por cuatro o cinco, dice el estudio.
En algunos casos el hacinamiento llega a tal nivel «que los reclusos deben permanecer sentados durante las 24 horas del día», añade.
Las condiciones higiénicas «son en general inadecuadas» en las prisiones, al grado que en algunos lugares los reclusos carecen de sanitario y en otros «se ven obligados a orinar en recipientes colocados fuera de la celda, junto a la reja».
Por otra parte el trabajo, que debe ser considerado como un derecho y elemento esencial en cualquier proyecto de rehabilitación, «es habitualmente escaso y ocupa a un muy bajo porcentaje de la población».
Con respecto a la atención médica «existen diferencias abismales» entre las prisiones, dice el estudio. En algunas, existen hospitales que responden a los requerimientos del «desarrollo médico que se practica con relación al resto de la población».
Pero en otros, «en una gradación dificil de precisar», existen desde clínicas médicas primitivas, sin materiales esenciales, hasta las que prestan primeros auxilios, atención odontológica y cirugía menor.
En algunas prisiones los enfermos de sida son segregados totalmente del resto de la población, pero en otras los administradores consideran esa política discriminatoria y los mantienen en las mismas condiciones que al resto.
La educación también exhibió grandes diferencias. Algunas prisiones sólo disponen de la posibilidad de alfabetizar y otras proporcionan la oportunidad de que los reclusos cumplan con todos los ciclos de enseñanza.
La alimentación también es inadecuada en algunas prisiones en las que existen «carencias importantes con alimentación escasa y de baja calidad». En otras, en cambio, se observa particular preocupación «y hasta dietas que llegan nominadas al recluso que las requiere».
En varias de las prisiones de la región visitadas por los parlamentarios, recibieron denuncias de mal trato físico «exhibiendo algunos internos cicatrices en la espalta atribuidas a heridas recibidas por los guardacárceles». Estas denuncias fueron consideradas «verosímiles».
En algunos países, la comisión del Parlatino constató problemas para las minorías étnicas que conservan su cultura tradicional y no hablan el idioma en el que fueron juzgados.
Así, comprobaron que muchos desconocen las razones por las cuales fueron condenados, pese a que en algunos casos «se ha llegado a aplicar la pena capital».
El ambiente carcelario, por su opacidad, hermetismo, obligada convivencia entre reclusos y funcionarios mal retribuidos y presos privilegiados ha facilitado procesos de corrupción que facilitan el ingreso de droga, alcohol y, en algunos casos, el tráfico de armas de fuego. (FIN/IPS/rr/ag/hd/00)
