Organizaciones no gubernamentales (ONG) critican la lentitud de las potencias industriales para adoptar un régimen en común que regule según pautas ambientales la financiación que brindan agencias crediticias a proyectos de infraestructura en países en desarrollo.
Este jueves y viernes, la Organización de Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE) discutirá en París las políticas ambientales de estas instituciones financieras cuyo propósito es ayudar a las compañías de los países ricos a competir por negocios en el exterior.
En los últimos años, estos organismos de créditos a la exportación, como los bancos de exportación e importación de Estados Unidos y Japón, el Hermes Guarantee de Alemania, COFACE de Francia y SACE de Italia, subsidiaron cerca de 10 por ciento del comercio mundial.
A pesar de su amplio alcance, estas instituciones carecen del respeto por los derechos humanos y el ambiente que les impediría participar en proyectos social y ambientalmente destructivos en países en desarrollo.
En la cumbre que celebrara en 1999 el Grupo de los Siete (G-7) países más industrializados en Colonia, Alemania, las potencias aceptaron fijar en un plazo de dos años un régimen que regule la financiación de las exportaciones según pautas ambientales.
Pero como los ministros de finanzas de esos países no profundizaron en el asunto, las instituciones crediticias en cuestión prácticamente no tomaron medidas al respecto, según un grupo internacional integrado por 37 ONG de 18 países.
"Esta falta de avance es sencillamente inaceptable", dijo Bruce Rich, abogado de Defensa Ambiental, una ONG de Estados Unidos.
"Hasta el momento, las instituciones de créditos a la exportación no accedieron a considerar las consecuencias ambientales de sus proyectos", agregó.
Hasta la fecha, el G-7 sólo aceptó intercambiar información ambiental relacionada con proyectos especialmente controvertidos, como el de la represa Ilisu, en Turquía, explicó.
Esta represa hidroeléctrica es un ejemplo típico de los proyectos financiados por las instituciones crediticias en ausencia de un régimen común, sostienen ambientalistas.
Unas siete agencias de este tipo consideran financiar el proyecto de Ilisu que costará 1.000 millones de dólares y será la mayor represa construida en Turquía.
El proyecto se ubicaría en el río Tigris, cerca de la frontera con Iraq y Siria, lo que le permitiría a Turquía controlar el agua que fluye hacia territorio iraquí. La construcción obligaría a reubicar al menos a 15.000 kurdos, que se oponen enérgicamente a la represa, e inundaría destacados sitios arqueológicos.
El proyecto viola cinco de las pautas ambientales del Banco Mundial, así como artículos esenciales de la Convención de las Naciones Unidas sobre los Usos No Navegables de las Vías de Agua Internacionales, señaló Jon Sohn, analista de la ONG Amigos de la Tierra.
El Fondo Monetario Internacional (FMI) calculó que en 1996 los préstamos de las agencias crediticias, o que contaran con su aval, constituyeron 24 por ciento de la deuda total de los países en desarrollo, más de lo que se les debe al propio Fondo y al Banco Mundial en conjunto.
Según Rich, estas agencias suelen financiar proyectos que el Banco Mundial y otras instituciones multilaterales rechazan por razones sociales, ambientales y económicas.
El ejemplo más conocido es el de la represa de Tres Gargantas, de China. En 1996, agencias crediticias de Alemania, Canadá, Japón y Suiza compitieron por ayudar a financiar el proyecto que fue rechazado por el Banco Mundial y el Banco de Importación- Exportación de Estados Unidos.
Calificado por algunos de sus detractores del "Chernobyl de la energía hídroeléctrica", la represa inundará miles de hectáreas de tierras fértiles y desplazará hasta a dos millones de personas.
Organizaciones defensoras del ambiente y de derechos humanos solicitaron una consulta informal con Birgitta Nygren, presidenta del grupo de trabajo de la OCDE sobre agencias de crédito a la exportación.
Pero Nygren se negó porque no existe consenso en el grupo de trabajo para celebrar una reunión de ese tipo con las ONG, precisó.
La negativa fue criticada por las ONG, que señalan que la postura subraya el hecho de que los ministros de Finanzas no dan prioridad a fijar un régimen común para las agencias de crédito.
Las ONG preparan una manifestación de protesta este viernes en París, en la sede de la OCDE.
"Una y otra vez, las agencias de crédito a la exportación están preparadas para financiar desastres sociales y ambientales como la represa de las Tres Gargantas en China o Ilisu en Turquía", dijo Helene Ballande, de Amigos de la Tierra.
"Ya es hora de que estas agencias comiencen a consultar a las organizaciones de la sociedad civil y a adoptar normas ambientales y sociales reconocidas internacionalmente", exhortó. (FIN/IPS/tra-en/dk/ks/aq/en/if/00
