Indígenas, transportistas y otros sectores sociales de Ecuador iniciaron movilizaciones para exigir la renuncia de los tres poderes del Estado y se aguarda la paralización total del país.
Las protestas, que habían sido anunciadas para el próximo sábado, fueron adelantadas como respuesta a la decisión del presidente Jamil Mahuad, tomada este domingo, de dolarizar la economía y de recurrir a la privatización de activos públicos para combatir una profunda crisis económica.
La dolarización demuestra que el gobierno sólo escucha a los banqueros y a los grandes agroexportadores, que exigían esa medida, opinó la poderosa Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie).
Los dirigentes de la Conaie anunciaron que la protesta nacional no se interrumpirá hasta la renuncia de Mahuad, el cierre del Congreso y la destitución de los miembros de la Suprema Corte de Justicia.
También aseguraron que no aceptarán un simple recambio de autoridades nacionales, sino la instalación de un nuevo "gobierno que se preocupe por los intereses del pueblo" y con participación de las Fuerzas Armadas, de grupos sociales y de los profesionales independientes.
La Conaie, los sindicatos, organizaciones de profesionales y no gubernamentales, empresarios y religiosos establecieron la semana pasada en todas las provincias parlamentos populares como autoridades alternativas.
En la serrana provincia del Azuay, 500 kilómetros al sur de Quito, el parlamento popular presidido por el arzobispo de la ciudad de Cuenca, Alberto Luna Tobar, se instaló el domingo, con la participación de más de 50 delegaciones.
Esos parlamentos, que discuten los problemas regionales, elaboraron propuestas para presentar ante un parlamento nacional, que se instalará este martes en Quito.
"El objetivo es presentar una propuesta de carácter político, económico y social", y buscar "la mejor salida para beneficio del país", afirmó el dirigente indígena Ricardo Ulcuango.
También dijo que ya comenzó el bloqueo de carreteras y una serie de protestas que "se irán extendiendo a todo el país"
Virgilio Hernández, de la Coordinadora de Movimientos Sociales, señaló a IPS que el "Parlamento del Pueblo" tendrá plenos poderes para determinar "un programa de gobierno alternativo al poder de los sectores dominantes que han conducido el país a la mayor catástrofe de su historia".
Mientras, Ulcuango advirtió que los indígenas no permitirán la participación de miembros de ningún partido político en el parlamento nacional del pueblo.
Las protestas, la instalación del Parlamento del Pueblo y los pedidos de renuncia de los tres poderes del Estados se producen cuando se conoce una encuesta de la empresa Cedatos que parece demostrar la impopularidad del sistema democrático en general.
En una calificación de 1 a 100, las personas consultadas por Cedatos dieron más de 50 puntos a la familia, la Iglesia Católica, las Fuerzas Armadas, las universidades, los movimientos sociales y los medios de comunicación.
Por debajo de los 15 puntos aparecen la democracia, los bancos, el gobierno, el sistema judicial, el Congreso y los partidos políticos.
"Todas las funciones del Estado: Ejecutivo, Congreso y el Poder Judicial, no son en este momento de la confianza de la población", dijo Polibio Córdoba, director de Cedatos
Así mismo, 98 por ciento de los consultados por Cedatos consideran que Mahuad debe renunciar o rectificar su rumbo, y sólo dos por ciento respondieron que debe continuar en el poder.
"Cuando una evidente mayoría clama por la renuncia presidencial, debe el doctor Mahuad escuchar con atención las razones de esa rara unanimidad en una república que no se caracteriza precisamente por la facilidad con que logra grandes acuerdos", señaló el analista Francisco Huerta Montalvo, subdirector del diario Expreso.
Si Mahuad "escucha bien y es honesto consigo mismo, entenderá que él es quien está equivocado y no el pueblo", dijo Huerta Montalvo, quien apoya el Parlamento del Pueblo.
"Es posible que muchos ecuatorianos no estén de acuerdo con el planteamiento indígena de regresar a cero los tres poderes del Estado y reconstruir el poder desde su base", comentó Javier Ponce, experto en temas indígenas.
"Es posible que (esa propuesta) no tenga viabilidad y presuponga una ruptura constitucional y el inminente peligro de la dictadura militar. Pero tiene la virtud de plantearse el cambio más allá de la simple destitución de Mahuad", destacó Ponce.
Los indígenas "no han hablado de tomar para sí el poder. Acusarles de eso y hacer mofa de supuestas pretensiones de Miguel Lluco o Nina Pacari (dirigentes indígenas) es una salida infantil del ministro de Gobierno (interior) Vladimiro Alvarez Grau, al borde de la desesperación", agregó.
"Pocos entienden que el indígena es un movimiento que, a partir de un discurso que puede parecer radical, fuerza lo posible. La posición de los indios llegará hasta donde pueda llegar por la fuerza que tiene y las posibilidades que encarne", indicó Ponce.
Por su parte, Mahuad intenta apuntalar su gobierno con un acuerdo legislativo con el Partido Roldosista Ecuatoriano (PRE) del ex presidente Abdalá Bucaram y con el respaldo de Estados Unidos y de las Fuerzas Armadas, aunque hau opiniones discrepantes entre los militares.
El pacto con el PRE está orientado a consolidar una mayoría parlamentaria para impedir que el Congreso destituya a Mahuad como lo hizo en el caso de Bucaram en febrero de 1997. A cambio, el gobierno permitiría el regreso de éste al país.
El presidente también intenta asegurarse el respaldo de Washington. Al respecto, el canciller Benjamín Ortiz aseguró que el gobierno de Bill Clinton gestionará ante el Fondo Monetario Internacional la entrega de recursos a Ecuador.
Así mismo, las autoridades no descuidan el frente militar, entre versiones de que algunos oficiales simpatizan con las propuestas de los indígenas y que han retirado su aval al ministro de Defensa, general retirado José Gallardo.
No obstante, el Consejo Ampliado de Generales y Almirantes de las Fuerzas Armadas emitió un comunicado expresando su decisión de "rechazar todo intento de ruptura del ordenamiento jurídico".
El mismo consejo exigió "a los poderes del Estado, a los partidos políticos y a la sociedad en general, solucionar la crisis dentro del marco constitucional y democrático".
Algunos analistas entendieron que esa declaración no significa un apoyo militar al gobierno, sino al sistema democrático. (FIN/IPS/kl/ff/ip/00
