La prohibición del ingreso de licores, cigarrillos y electrodomésticos por las zonas de régimen aduanero especial en el Caribe y el Pacífico confirmó que la Dirección de Impuestos y Aduanas (DIAN) de Colombia inició la guerra al contrabando.
La directora de la DIAN, Fany Kertzman, ya se ha enfrentado con empresas multinacionales de tabaco y autoridades de comercio de Estados Unidos, y ha denunciado con nombre propio a parlamentarios colombianos favorecedores del contrabando.
Por eso, cuando el presidente Andrés Pastrana anunció el día 12 la medida que comenzará a regir el 1 de julio, muchos pensaron que detrás de la decisión estaba Kertzman.
"El gobierno ya mordió la presa del contrabando y no la va a soltar hasta tanto no erradique ese flagelo (…) por un empleo ilícito que le quitemos al contrabando, generaremos cuatro nuevas posibilidades de trabajo", dijo Pastrana, aludiendo a temas de la campaña publicitaria de la DIAN.
En la región Caribe, al norte del país, la prohibición afecta el comercio de Maicao y Uribia, en península de La Guajira, próximas a la frontera con Venezuela, y de varios municipios del golfo de Urabá, en la frontera con Panamá.
Estas son las rutas históricas del contrabando, desde la época en que la actual Colombia formaba parte del Virreinato español de la Nueva Granada.
Caminos naturales, marítimos y terrestres, conectan al puerto de Colón, en Panamá, y otros puntos de las Antillas, con la región Caribe colombiana.
Desde la década del 70 se fortaleció el tráfico de marihuana y cocaína, en el trayecto de salida, y de armas y mercancías adquiridas con dólares en efectivo, producto del narcotráfico, en el de ingreso.
La DIAN estima que por la zona libre de Colón se reexportan anualmente productos extranjeros hacia países del área por 4.661 millones de dólares. De esa cifra, hacia Colombia se canalizan mercancías por unos 1.400 millones, de los que sólo 256 millones se registran legalmente, con pago de impuestos.
Para la región del Pacífico las restricciones se aplican al puerto de Tumaco y la localidad de Guapi, puntos de acceso del contrabando de mercancías provenientes de Asia y Ecuador.
El de cigarrillos es el frente más visible y polémico de la campaña contra el contrabando de la DIAN.
El mercado local se estima en 21.000 millones de cigarrillos al año y la marca más contrabandeada es Marlboro, de la estadounidense Phillips Morris, también la predilecta de Kertzman, que entre julio y septiembre pasados optó por fumar Belmont, de la British American Tobacco (BAT).
Ese fue el lapso durante el cual la Phillips Morris salió del país, porque la DIAN cuestionó el precio de importación de 24 centavos de dólar por caja de 20 cigarrillos, mientras en Estados Unidos es de 1,7 dólares.
Las autoridades estiman que de los cigarrillos Marlboro comercializados en Colombia sólo cinco por ciento son importados legalmente y el resto entra por las ahora zonas restringidas de Maicao, Uribia, Urabá, Tumaco y Guapi.
En el caso de los electrodomésticos, Colombia es el principal mercado de la subregión andina, para compañías como Sony, LG, Samsung y JGV, con ventas por unos 600 millones de dólares al año, casi el doble que las de Perú.
Se calcula que 60 por ciento del comercio de electrodomésticos corresponde al comercio ilegal desarrollado en los llamados "Sanandrecitos", en alusión al puerto libre del archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, territorios insulares de Colombia en el Caribe.
Se estima que hay unos 10.000 establecimientos comerciales agrupados en los Sanandrecitos, donde es posible adquirir los mismos productos que en las distribuidoras autorizadas a precios entre 25 y 40 por ciento más bajos.
La presión de la DIAN para que los distribuidores de los Sanandresitos pasen al régimen formal se ha tornado un problema de orden público, en parte por el gran número de empleos que generan, pero también porque en el origen de la cadena hay poderosas bandas.
La campaña apunta a todos los flancos, incluso los consumidores finales a quienes se les empezó a exigir presentación de factura de compra a las salidas de los comercios informales.
Kertzman ha sostenido que las multinacionales de tabaco, licores y electrodomésticos han sido permisivas -cuando no cómplices- con el contrabando hacia Colombia por la importante franja de comercio que les representa.
Sin embargo, algunas empresas, como General Electric, Wirpool, Phillips y British American Tobacco, hicieron acuerdos enmarcadados en el Convenio de cooperación aduanera suscrito en enero de 1999 entre Estados Unidos y Colombia.
El acuerdo implica que la productora sólo abastecerá distrubuidores legalmente registrados y abrirá casas de representación en el país.
También productoras de indumentaria deportiva como Nike y Reebok, apostaron a la propuesta de la DIAN.
Orlando Rincón, gerente de Reebok, dijo que en 1998 se vendieron en el país zapatos deportivos importados desde Hong Kong por cuatro millones de dólares, mientras que la DIAN decomisó el equivalente a 21 millones.
En el caso de los licores, los importadores legales capitalizan sólo 14 por ciento del mercado. Según estadísticas de la Asociación Colombiana de Importadores de Vinos y Licores, en el país se consumen al año 1,12 millones de cajas de contrabando.
La alta carga de gravámenes a los licores importados explica el auge del contrabando. Una botella de wisky importado cuesta 16 dólares mientras una de contrabando vale la mitad y lo mismo ocurre con otras bebidas, como ron o vodka.
El Estatuto Aduanero que entrará en plena vigencia a mediados de este año establece mecanismos importantes para el control del contrabando, dijo Rafael Madero, presidente de las Sociedades de Intermediación Aduanera, las únicas autorizadas para trámites de importación superiores a 1.000 dólares.
Por la dimensión del comercio ilegal, la tarea de la DIAN tiene muchos puntos en contra. En 1999, en coordinación con la Policía Aduanera, efectuó decomisos de mercancías de contrabando por 51 millones de dólares, y entabló 150 denuncias penales.
Según la Contraloría General de la República, la probabilidad de que un contrabandista sea sancionado es de 0,73 por ciento.
Además, una encuesta de la firma Invamer Gallup realizada entre 134 empresarios de multinacionales indica que 43 por ciento considera como lo más ventajoso el tamaño del mercado local y 2,2 las ventajas tributarias y arancelarias. (FIN/IPS/mig/ag/ip-if/00
