El informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, contrario a la existencia de senadores designados en Chile y a la senaturía vitalicia del ex dictador Augusto Pinochet, puede ayudar a democratizar el parlamento, dijo hoy uno de los demandantes.
En la campaña presidencial, que culminó el domingo con el triunfo del oficialista Ricardo Lagos, todos los candidatos, incluso el derechista Joaquín Lavín, se mostraron abiertos a reformas para eliminar los senadores designados, recordó a IPS el abogado Andrés Aylwin.
La comisión señaló el martes que la existencia de nueve senadores designados, que representan 20,33 por ciento de la cámara alta en Chile, es claramente antidemocrática porque vulnera los derechos humanos y la participación política.
Andrés Aylwin, ex diputado demócrata cristiano y hermano del ex presidente Patricio Aylwin (1990-94), fue uno de los 11 juristas que el 8 de enero de 1998 hicieron una presentación ante el organismo hemisférico para que se pronunciara sobre el tema.
La Constitución de 1980, aprobada en referendo bajo la dictadura de Pinochet (1973-90), determinó en su artículo 45 la existencia de nueve senadores designados, entre ellos cuatro en representación de las tres ramas castrenses y la policía de Carabineros.
La carta política estableció así mismo que los ex Presidentes de la República que hubieran ejercido el cargo por un mínimo de seis años podían ser senadores vitalicios, condición que Pinochet asumió el 11 de marzo de 1998.
Andrés Aylwin señaló que la comisión no objetó la institución de los senadores vitalicios en sí, que existen en otros países del continente, como Venezuela, sino la forma discriminatoria y antidemocrática con que se instauró en Chile.
En efecto, el límite de seis años en el ejercicio del cargo de presidente excluyó a Patricio Aylwin, quien encabezó el primer gobierno de transición democrática al finalizar la dictadura, que duró cuatro años en función de un acuerdo político nacional.
Lo más objetable, sin embargo, está en que Pinochet nunca fue elegido gobernante por el voto democrático, sino que accedió al poder por el golpe de Estado del 11 de septiembre de 1973 y fue nombrado presidente por la Junta Militar de Gobierno.
En este sentido, debe entenderse que el espíritu del informe de la Comisión Interamericana no es contrario a que el actual presidente, Eduardo Frei, jure como senador vitalicio el 11 de marzo, cuando concluya su mandato de seis años, dijo Andrés Aylwin.
El pronunciamiento de la comisión se produjo en momentos en que se considera inminente el retorno a Chile del ex dictador, arrestado desde el 16 de octubre de 1998 en Gran Bretaña, cuyas autoridades planean liberarlo por razones humanitarias.
La posibilidad de que Pinochet, una vez de regreso, vuelva a su condición de senador vitalicio, y la inmunidad que ese cargo le brinda ante las querellas en su contra por crímenes represivos, constituye un tema polémico en la política chilena.
Lagos, quien desde el 11 de marzo encabezará el tercer gobierno sucesivo de la Concertación por la Democracia, una coalición de centroizquierda, espera reformar la Constitución para eliminar sus disposiciones e instituciones autoritarias.
Los gobiernos de Patricio Aylwin y Frei propusieron al menos tres proyectos de reformas para eliminar los senadores designados y poner fin a la virtual autonomía de las Fuerzas Armadas, pero no lograron hacerlas aprobar en el Senado.
Pinochet implantó en la Constitución normativas que obligan a contar con la aprobación de los dos tercios, en unos casos, y de tres quintos, en otros, del parlamento para reformas al sistema político institucional y a leyes sobre las Fuerzas Armadas.
La coalición gobernante ganará una estrecha mayoría en la cámara alta cuando Frei asuma como senador vitalicio, pero ello será insuficiente para reformas, que sólo podrían lograrse a través de acuerdos con la oposición derechista.
Esa será una de las tareas fundamentales del gobierno de Lagos y, en ese sentido, el informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos es una contribución al debate interno, tal como lo fueron los planteamientos de los candidatos presidenciales, señaló Andrés Aylwin.
El informe de la comisión, en rigor, no establece un grado de responsabilidad para el gobierno chileno, que hizo ver sus frustrados intentos de reformas a la Constitución, sino que determina una irregularidad que compromete al Estado, agregó.
Esto significa que están involucrados los tres poderes del Estado -Ejecutivo, Legislativo y Judicial- y es precisamente al parlamento, como órgano legislador, que se le considera en falta con las normas de defensa de los derechos humanos.
Andrés Aylwin indicó que los informes, así como las recomendaciones de la comisión descansan sobre los compromisos contraídos por los estados y por tanto su cumplimiento es obligatorio.
Sin embargo, añadió, la comisión no tiene imperio para imponer sus recomendaciones, aunque las causas que se inician en ella pueden pasar a conocimiento de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, cuyos fallos son vinculantes.
Andrés Aylwin señaló que la Corte tampoco tiene cauces adecuados para hacer cumplir sus fallos cuando un gobierno se declara en rebeldía ante ellos, como ocurrió en 1999 con el presidente de Perú, Alberto Fujimori.
Más allá de estos aspectos, que muestran la "situación dramática del derecho internacional", el informe sobre Chile de la Comisión Interamericana ratifica el compromiso de América con los derechos humanos y con el principio de que éstos se realizan sólo en la democracia, concluyó el jurista. (FIN/IPS/ggr/ag/ip hd/00