Argentina, Brasil, Chile y México firmaron una convención contra la corrupción redactada por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), según un informe oficial.
México es el único de los cuatro países latinoamericanos que integra la OCDE, conocida como el "club de los ricos".
En total, 29 países miembro de la OCDE y cinco ajenos a la organización firmaron la Convención para Combatir los Sobornos en las Transacciones Comerciales Internacionales, señala el informe difundido esta semana.
La OCDE comprende a Alemania, Australia, Austria, Bélgica, Canadá, República Checa, Corea del Sur, Dinamarca, España, Estados Unidos, Finlandia, Francia, Gran Bretaña, Grecia, Holanda, Hungría, Irlanda, Islandia, Italia, Japón, Luxemburgo, México, Noruega, Nueva Zelanda, Polonia, Portugal, Suecia, Suiza y Turquía.
Los cinco países ajenos a la OCDE que firmaron la Convención son Bulgaria y Eslovaquia, además de Argentina, Brasil y Chile.
Sin embargo, hasta mediados de diciembre, sólo 18 países habían depositado sus instrumentos de ratificación o aceptación de la Convención ante el Secretario General de la OCDE, indica el informe.
Aún quedan por ratificarla Argentina, Brasil, República Checa, Chile, Dinamarca, España, Francia, Holanda, Irlanda, Italia, Luxemburgo, Nueva Zelanda, Polonia, Portugal, Suiza y Turquía.
La Convención representa un importante paso en el esfuerzo internacional para penalizar el soborno y reducir la corrupción en las economías del mundo, según la OCDE.
"Tiene el objetivo de detener el flujo de dinero procedente del soborno destinado a conseguir negocios internacionales y de fortalecer las gestiones nacionales contra la corrupción dirigidas a elevar el nivel de la gestión de gobierno y la participación de la sociedad civil", agrega.
Pero las referencias a la Convención no figuran en el debate en curso en Alemania sobre las donaciones ilegítimas de dinero que recibió la Unión Demócrata Cristiana (CDU) del ex canciller (jefe de gobierno) Helmut Kohl, quien gobernó al país durante 16 años hasta septiembre de 1998.
Desde esa fecha, gobierna al país una coalición de socialdemócratas y el Partido Verde, dirigido por el canciller Gerhard Schroeder.
Aunque se inició una investigación penal contra Kohl, todo hace pensar que Wolfgang Schaeuble, quien fue el sucesor del ex canciller en la jefatura del partido, también podría ser indagado por las autoridades.
Schaeuble dijo el martes en conferencia de prensa en Berlín que, en 1994, había aceptado una bolsa con 100.000 marcos alemanes (unos 52.000 dólares) de un vendedor de armas, Karl Heinz Schreiber, quien ahora lucha contra su extradición de la ciudad canadiense de Toronto. Schreiber también es ciudadano de Canadá.
Según la ley alemana, los partidos políticos que reciben donaciones superiores a los 20.000 marcos deben revelar los nombres de los donantes en sus informes anuales obligatorios al Parlamento federal. Pero Schaeuble no acató la norma.
Un funcionario del Ministerio del Interior declaró que "es muy temprano para decir si los fondos recibidos por los dirigentes del CDU violaron las reglas de la OCDE".
Sin embargo, Schreiber habría reconocido a los medios de comunicación que las donaciones tenían el propósito de obtener el apoyo del gobierno alemán para un proyecto en el exterior del grupo empresarial Thyssen, dirigido por él.
Fundado en 1891, el grupo Thyssen maneja bienes de capital, productos manufacturados, servicios y acero. Schreiber no agregó si el proyecto se concretó.
Tras varios años de analizar la naturaleza de la corrupción en los negocios internacionales y de estudiar las medidas que se pueden tomar para combatirla, los países de OCDE presentaron la Convención contra el soborno, en mayo de 1997.
Pero los observadores señalaron que, antes de que Alemania aceptara firmar la Convención, debió vencer la fuerte resistencia en el Parlamento del CDU.
La Convención de la OCDE se propone elimine eliminar los sobornos dados a funcionarios extranjeros. Cada país signatario se responsabilizará por las actividades de sus compañías y por lo que ocurra en su propio territorio.
La Convención incluye una definición del soborno, exige que los países impongan sanciones disuasivas y ofrece vías de asistencia legal mutua. (FIN/IPS/tra-en/raj/mn/aq/ip-if/00
