El acuerdo entre Sudán y Uganda para que cada país deje de apoyar a los rebeldes del otro fue considerado un paso importante hacia la paz en Africa oriental por el Centro Carter de Estados Unidos, con sede en Atlanta, que actuó como mediador.
Los mandatarios de ambos países acordaron renunciar a la fuerza para resolver diferencias, desarmar y desintegrar a los grupos terroristas, respetar la soberanía e integridad territorial de la otra parte y cesar todo apoyo a grupos rebeldes, informó el Centro Carter.
El Centro, dirigido por el ex presidente estadounidense Jimmy Carter, actuó como mediador en las conversaciones que condujeron a la firma del acuerdo en Nairobi, la capital de Kenia, el miércoles.
El pacto se produjo en medio de un debate en Washington sobre la naturaleza de la futura participación de Estados Unidos en Sudán.
El Congreso estadounidense aprobó una ley que permite al gobierno suministrar ayuda alimentaria a zonas controladas por los rebeldes en Sudán, pero su aplicación todavía está en discusión.
No quedó inmediatamente claro qué influencia tendrá el acuerdo sobre las propuestas para brindar ayuda alimentaria a los rebeldes involucrados en la guerra civil de Sudán, que cobró la vida de más de dos millones de personas.
Sudán y Uganda cortaron relaciones diplomáticas en 1995, luego de acusaciones mutuas de respaldo a grupos insurgentes.
Kampala fue acusada de respaldar al Ejército de Liberación Popular de Sudán (SPLA), y Jartum de apoyar al Ejército Revolucionario del Señor, una organización rebelde ugandesa.
El presidente ugandés Yoweri Museveni y su homólogo sudanés, Omar Hassan Al-Bashir, acordaron luego de un día de conversaciones en Nairobi reestablecer los vínculos diplomáticos y promover la paz en la región de Africa oriental.
El pacto prevé la devolución de prisioneros de guerra, la ubicación y devolución de personas secuestradas a sus familias y una amnistía para aquellos que renuncien al uso de la fuerza.
También establece la formación de un comité ministerial conjunto para aplicar el acuerdo.
El pacto de Nairobi podría perjudicar al SPLA, el principal grupo rebelde de Sudán, liderado por John Garang.
El SPLA, establecido en el sur y que según el gobierno opera también en Uganda, ha peleado contra Jartum durante 16 años en busca de la autodeterminación para la minoría cristiana del sur.
El gobierno de Uganda, por otra parte, niega todo respaldo al SPLA. Si todos los términos del acuerdo se cumplen satisfactoriamente, "deseamos reestablecer relaciones normales entre nuestros países en un mes", declararon ambos presidentes.
El tratado integra una serie de ofertas que Jartum realizó a sus opositores como parte de una campaña para limpiar su imagen internacional tras 10 años de aislamiento diplomático desde que los militares tomaron el poder.
Informes de la región señalan que Sudán está ansiosa por estimular la inversión extranjera en su industria del petróleo.
El 26 de noviembre, el gobierno sudanés anunció que el presidente Al Bashir había alcanzado un acuerdo con un importante partido opositor islámico, el Umma, sobre un plan para poner fin a la guerra civil.
El acuerdo incluye un plan para adoptar un sistema federal que permitiría a los estados del sur elegir entre la separación o la integración voluntaria, según trascendió.
Así mismo, Jartum permitió el retorno del líder opositor proestadounidense Gaafer Nimeiri, quien fue expulsado del poder en 1985.
El tratado de paz de Nairobi se produce en momentos en que Washington debate si las empresas estadounidenses que inviertan en Sudán deberían ser castigadas.
Empresas de Canadá, China y Malasia comenzaron este año a explotar y exportar pequeñas cantidades de petróleo de Sudán, el país con mayor superficie de Africa, con 2,5 millones de kilómetros cuadrados.
La ley estadounidense sobre ayuda alimentaria a los rebeldes de Sudán forma parte de un paquete presupuestario de 390.000 millones de dólares promulgado este mes por el presidente Bill Clinton, quien todavía no decidió si ayudará a los insurgentes.
Washington ha presionado a Jartum para que lleve a la mesa de negociación a los grupos de oposición, principalmente del norte musulmán y del sur rebelde.
Mientras, el parlamento sudanés se pronunció unánimente el martes en contra de invitar al enviado estadounidense Harry Johnston a Jartum, en protesta por la aprobación de la ley que permite el suministro de alimentos a los rebeldes. Johnston había expresado interés en visitar la capital de Sudán.
A mediados de esta década, Washington retiró a su embajador de Jartum e impuso sanciones limitadas a Sudán, acusando a su gobierno de graves violaciones a los derechos humanos y de respaldar al terrorismo internacional. (FIN/IPS/tra-en/gm/mlm/ip/99