Ana Cantillo recorre dos veces por semana las calles de La Candelaria, en el centro histórico de la capital de Colombia, tocando a las puertas de las casas coloniales en demanda de comida, ropa o dinero para llevarle a sus tres hijos.
Ella es una más del contingente de desplazados por la guerra, que según la no gubernamental Consultoría para los Derechos Humanos y los Desplazados representan el más grave problema generado por la guerra civil entre la población no combatiente.
Una noche de 1991, los paramilitares de derecha llegaron a su vivienda en el norteño departamento de Córdoba. "Sacaron a mi marido de la casa, lo llevaron hasta la plaza central donde estaban otros hombres y los asesinaron por ser supuestos amigos de los guerrilleros", dijo Cantillo a IPS.
La mujer, de 30 años, cuenta que después de vagar por varios lugares con sus hijos, de tres y cinco años, llegó a Urabá, una región productora de banano para exportación en el noroeste del país, a trabajar en una hacienda sirviendo comida para los jornaleros.
Allí conoció a Antonio, uno de los cortadores de banano de la hacienda, con quien tuvo su tercer hijo.
"Con Antonio tuve una vida feliz casi cinco años, hasta que llegaron los guerrilleros" diciendo que iban a "limpiar la región de los amigos de los paramilitares y mataron a decenas de campesinos, entre ellos mi marido", narró Cantillo, para quien comenzó allí un éxodo que la llevó hace seis meses a Bogotá.
Esta es una más de las guerras perdidas por los colombianos durante casi cuatro décadas de conflicto armado, dijo a IPS Gloria Cuartas, consejera regional para asuntos de la mujer de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco).
A las mujeres que están en las zonas de conflicto "se las viola, se las usa como botín militar por cualquiera de los actores armados", se las silencia y no se les permite ejercer "su derecho a decidir, y es importante que eso lo sepa la comunidad internacional", añadió.
Cuartas fue alcaldesa de la localidad de Apartadó, en la región de Urabá, a comienzos de los años 90 y le tocó la difícil tarea de afrontar la muerte de decenas de campesinos asesinados por los bandos en conflicto.
Urabá fue, en la primera mitad de esta década, centro de un enfrentamiento entre dos facciones del guerrillero Ejército Popular de Liberación (EPL), una que firmó un acuerdo de paz en 1991 y otra que continuó la lucha armada, según el informe de Amnistía Internacional "Violencia Política en Colombia".
El informe señala que los acuerdos de paz alcanzados entre el gobierno y un sector del EPL "supusieron en un primer momento una importante disminución de la violencia política en Urabá", pero a partir de 1992 el número de asesinatos se incrementó.
El sector legalizado, denominado Esperanza Paz y Libertad, acusó a la facción del EPL y a las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), el mayor grupo guerrillero del país, de haber asesinado entre 1992 y 1993 a cerca de 70 de sus miembros.
Con las masacres (asesinatos de más de cuatro personas en un mismo sitio) y las acciones de las fuerzas regulares se produjeron grandes desplazamientos de la población, que buscaba proteger su vida en el anonimato de los centros urbanos.
Entre 1985 y 1999, abandonaron sus lugares de residencia a causa de la violencia unos dos millones de personas (casi cinco por ciento de la población), de las que 55 por ciento son mujeres y 65 por ciento menores de 19 años, dijo Jorge Rojas, director de la Consultoría para los Derechos Humanos y los Desplazados.
El problema del desplazamiento forzoso se agudizó este año por la degradación del conflicto, en el que los actores armados buscan ganar terreno político o militar, o también por intereses económicos que se mueven detrás de la guerra, añadió.
Otro analistas consideran que el fenómeno del desplazamiento se ha estudiado en la última década, pero advierten que la historia de Colombia constituye una cadena de conflictos que se entrelazan y que generan grandes movilizaciones forzosas desde principios de siglo. (sigue/2-E
