Estados Unidos abandonará Panamá este mes, pero conserva la base de Guantánamo, en Cuba, y busca otros puntos para el combate contra el narcotráfico en América Latina y el Caribe.
El cierre del complejo militar en las riberas del canal de Panamá fue confirmado por el presidente de Estados Unidos, Bill Clinton, en cumplimiento de los Tratados del Canal Torrijos- Carter, suscritos en Washington el 7 de septiembre de 1977.
No obstante, el desmantelamiento de bases y la evacuación de tropas reavivaron en los últimos meses las demandas de grupos ultraconservadores en el Congreso legislativo estadounidense, que presionan al gobierno para que preserve sus intereses estratégicos en Panamá.
La presidenta de Panamá, Mireya Moscoso, reconoció que su gobierno mantiene conversaciones en materia de seguridad e intercambio de información con Estados Unidos, pero negó que ello implique la suscripción de un acuerdo de bases para prorrogar la presencia militar de ese país en el antiguo enclave.
Previamente, Estados Unidos había colocado a Panamá en una lista de países que no cooperan lo suficiente en la lucha contra el narcotráfico y ofreció su apoyo para preparar a una fuerza conjunta capaz de enfrentar esos delitos.
El jefe de la oficina nacional contra las drogas de la Casa Blanca, general Barry McCaffrey, sostuvo que es necesario adoptar medidas más eficaces, en especial en el Caribe, para combatir el narcotráfico, que en el territorio continental norteamericano mueve 57.000 millones de dólares anuales.
McCaffrey advirtió en julio, en una gira por América del Sur, que el retiro de Estados Unidos de Panamá debilita el control sobre los narcotraficantes, y que pretende restablecerlo con bases en Aruba, Curazao, Ecuador y Honduras.
El gobierno de Ecuador propone que fuerzas estadounidenses utilicen el puerto de Manta, sobre el océano Pacífico, para el combate contra el narcotráfico, pero la oposición sospecha que Washington pretende instalar allí una base para una posible intervención en Colombia.
Estados Unidos ya cuenta en Manta con un pequeño puesto de observación para operaciones regionales antidrogas.
En caso de concretarse un acuerdo bilateral con una duración de 10 años, como pretende el gobierno de Jamil Mahuad, se establecerán allí 200 efectivos estadounidenses, entre agentes antidrogas, guardacostas y soldados.
El respaldo de Mahuad se basa en la cercanía de bases de las insurgentes Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) y de cultivadores de coca en el departamento colombiano de Putumayo, fronterizo con Ecuador, explicó el ministro de Defensa, general retirado José Gallardo.
La oposición indígena, la Iglesia Católica y grupos de derechos humanos y ambientalistas cuestionan el proyecto. La base en Manta sería "una ofensa muy grande a nuestra libertad, nuestra autonomía y, sobre todo, nuestra soberanía", dijo a IPS el obispo de la ciudad de Cuenca, Luis Alberto Luna Tobar.
Fernando Manfredo, primer panameño en ocupar el cargo de subadministrador del canal interoceánico, dijo a IPS que Estados Unidos ha recurrido a todo tipo de pretextos para mantener su poderío militar en el área, entre ellos un fallido intento de instalar en Panamá un Centro Multilateral Antidrogas en 1997.
El proyecto del Centro proponía el uso de la base aérea de Howard y la base naval de Rodman, en el Pacífico panameño, para dirigir una fuerza continental de control, vigilancia y reacción contra el narcotráfico y el narcoterrorismo.
Sin embargo, la iniciativa se desmoronó cuando el gobierno del ex presidente Ernesto Pérez Balladares decidió abandonar las conversaciones, que habían sido objetadas por los propios países latinoamericanos
Manfredo señaló que tras el desmantelamiento del Comando Sur en Panamá, Estados Unidos ha concentrado mayor atención en las bases que mantiene en Miami, Puerto Rico, y Guantánamo, en el extremo oriental de Cuba, que forman el llamado "paraguas de defensa" de la vía interoceánica.
La existencia de la base de Guantánamo, enclavado en el territorio del mayor adversario de Washington en América, ha sido objeto de repetidos conflictos con Cuba, desde que en diciembre de 1903 el acorazado Kearsage disparó 21 cañonazos para anunciar la presencia estadounidense en esa parte de la isla.
Los militares acantonados en Miami, Puerto Rico y Guantánamo, disponen de la más moderna tecnología antimisiles para repeler ataques extracontinentales que tengan como blanco u objetivo el canal de Panamá.
Sin embargo, Manfredo subrayó que nunca en su historia, ni siquiera durante las dos guerras mundiales, o en la larga guerra de Vietnam, el paso marítimo fue objeto de atentados.
El sociólogo Raúl Leis, presidente del Centro de Estudios y Acción Social Panameño (Ceaspa), dijo a IPS que la defensa del canal "no justifica un retorno de bases", por las cuales Estados Unidos nunca pagó alquiler a Panamá.
Leis puntualizó que las riberas el canal, incluidas las 34.000 hectáreas que formaron parte de los sitios de defensa y áreas de coordinación militar, son aptas para el desarrollo económico y social, y pueden ser operadas, mantenidas y defendidas por los panameños.
Al respecto, Manfredo refutó a grupos conservadores que sostienen que un hombre armado con granadas o el ataque de insurgentes en la frontera con Colombia destruirían o inutilizarían la vía interoceánica.
"Este es un argumento absurdo, carece de veracidad y desconoce que existe un eficiente plan de seguridad que rige en la vía marítima las 24 horas del día", afirmó.
El canal cuenta con represas de tierra de cerca de dos kilómetros de ancho en el fondo y sus esclusas poseen dos juegos de compuertas reforzadas que pesan entre 400 y 700 toneladas cada una, y son casi invulnerables a un ataque convencional.
Según Manfredo, los únicos elementos que representan amenaza potencial en la franja canalera son los deslizamientos de tierra en sus orillas, el crecimiento de 17 especies de malezas en el Lago Gatún, que pueden dañar las hélices de las embarcaciones en tránsito, así como las huelgas de prácticos y pilotos.
Uno de los mejores instrumentos jurídicos para la navegación segura es el Tratado de Neutralidad, que compromete a Estados Unidos y a Panamá a defender el canal interoceánico, una de las maravillas de ingeniería del Siglo XX, en cuya construcción intervinieron 75.000 obreros, entre 1904 y 1914, añadió.
Miguel Montiel, director del Instituto del Canal de la Universidad de Panamá, dijo a IPS que "el Tratado de Neutralidad no autoriza la intervención militar ni política de Estados Unidos", pese a diversas enmiendas y reservas introducidas por el Congreso norteamericano para su interpretación unilateral.
Además del canal de Panamá, la neutralidad también fue consignada en el pacto franco-británico, del 23 de octubre de 1887, que aseguró el paso libre de barcos a través del canal de Suez, en Egipto.
Para el diputado Miguel Bush, del opositor Partido Revolucionario Democrático (PRD), el principal desafío para el país se centra en el repudio a un proyecto de acuerdo de seguridad marítima e intercambio de información de inteligencia, que estarían negociando los gobiernos de Panamá y Estados Unidos.
"El canal no necesita bases que pongan en peligro la neutralidad de la vía marítima", adujo Bush, y acusó a Estados Unidos de legar a Panamá 3.200 hectáreas contaminadas con explosivos y municiones sin detonar, mientras habla de los peligros del narcotráfico y la guerrilla en la vecina Colombia.
El diputado estacó que las ceremonias oficiales para el traspaso de las bases en el canal han excluido toda referencia al desaparecido general Omar Torrijos, quien condujo la lucha nacionalista para desmantelar el enclave colonial en la antigua Zona del Canal de Panamá.
Pese a ello, Bush enfatizó que el esfuerzo de varias generaciones prosigue y se orienta al rechazo de bases extranjeras que representen un nuevo poder hostil en América Latina. (FIN/IPS/dc/ag/ip/99
