Desmilitarización y democracia, los dos procesos que debían seguir al advenimiento de la paz en América Central, llegan al 2000 incompletos, en deuda con la población.
Por un lado, los militares perdieron poder político, si bien lo ganaron en el terreno económico. Por el otro, aunque en todos los países hay hoy gobiernos popularmente electos, la falta de equidad en el reparto de la riqueza sigue golpeando a los centroamericanos.
Esa es la evaluación de expertos y organizaciones no gubernamentales frente a las condiciones que muestra la región tres años después de la firma de la paz en Guatemala, en diciembre de 1996.
Factor Méndez, coordinador de la Comisión Centroamericana para la Defensa de los Derechos Humanos en Centroamérica, sostuvo que América Central ha alcanzado hasta ahora pocos logros significativos.
Méndez atribuyó esa situación a la persistencia de elevados niveles de participación militar en la vida pública de El Salvador, Guatemala, Honduras y Nicaragua, los países que padecieron guerras civiles en la región.
Méndez agregó que, si bien el presupuesto militar se ha reducido en los distintos países, no se nota una redistribución efectiva de esos fondos hacia la inversión social.
"Los índices de salud, vivienda y empleo no han mostrado una mejoría para grandes sectores de la población. Sé que en un quinquenio es difícil evaluar el impacto de la desmilitarización. Lo que es claro es que no sabemos dónde ha ido a parar el dinero que antes se dedicaba al presupuesto militar", indicó.
Méndez consideró que hay un estancamiento en algunos países en esa materia, y en otros un retroceso, porque a pesar de que se destinan menos recursos al gasto militar, la brecha entre ricos y pobres sigue aumentando.
El gasto militar se redujo en América Central sensiblemente después de alcanzada la paz. El presupuesto militar de El Salvador pasó de 3,5 por ciento del producto interno bruto (PIB) en 1989 a 1,9 en 1994, calculó el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD).
Reducciones similares se dieron en Guatemala (de 2,6 a 1,1 por ciento del PIB) en Honduras (de 8,4 a 1,3 por ciento) y en Nicaragua (de 28,3 a dos por ciento).
Paralelamente, a las fuerzas armadas en los distintos países se les fueron quitando funciones, que fueron encomendadas a organismos civiles. Entre ellas se destacan las de policía.
Pero a la par de esa pérdida de poder político, los militares fueron aumentando su participación en el sector económico con actividades sobre las cuales las instituciones democráticas, como las contralorías, no pueden aún ejercer control.
Una investigación realizada por la Fundación Arias para la Paz y la Agencia Suiza para el Desarrollo destaca que los negocios de los militares centroamericanos abarcan desde las finanzas hasta la agricultura y la industria.
El informe, titulado "Soldados como empresarios", asegura que los bancos de las fuerzas armadas de Honduras y Guatemala figuran en el listado de las principales instituciones bancarias de Centroamérica.
El estudio cita cifras de la Federación Latinoamericana de Bancos, según las cuales en 1995 operaban en la región 106 bancos que, en conjunto, sumaban activos por 14.654 millones de dólares.
En esa lista, el Banco del Ejército, de Guatemala, aparecía en el puesto 36 con activos por 116 millones de dólares. En el puesto 57 figuraba el de las fuerzas armadas de Honduras, con activos por 64 millones de dólares.
A la par del detalle de las empresas que poseen los militares en cada uno de los países, la investigación plantea dudas sobre la procedencia del capital inicial y sobre la "igualdad" de condiciones en la competencia con otras empresas privadas en licitaciones estatales, entre otras.
A la vez, expresa preocupación porque en algunos casos estas empresas compiten en funciones propias de la policía, como las de seguridad privada.
Esto significa que no es difícil encontrar, en cualquier capital de la región, un supermercado vigilado por soldados empresarios.
Independientemente del viraje que han dado las fuerzas armadas hacia las actividades de lucro, tras la llegada de la paz su existencia ha perdido sentido.
Arnoldo Brenes, ex director del programa Diálogo Centroamericano por la Seguridad y la Desmilitarización de la Fundación Arias para la Paz, indicó que la región no ha podido resolver el dilema de saber para qué sirven hoy sus ejércitos.
"No hay ahora en el istmo circunstancias que justifiquen la presencia de ejércitos, porque ya no hay insurgencia armada y es muy improbable que un país se lance contra otro, al igual que es muy remota una invasión externa", afirmó.
Sin embargo, si se piensa en mantener a los uniformados para no aumentar el desempleo "se trata de otra cosa, de un problema socioeconómico", dijo.
Brenes considera que el proceso de desmilitarización en la región ha sido muy exitoso. "En 10 años vemos que las democracias se han ido asentando y hay gobiernos legítimamente electos", sostuvo.
Sin embargo, está de acuerdo en que, en el plano social, poco se ha avanzado.
El Estado de la Región 1999, primera radiografía regional realizada por el PNUD, revela que tres de cada cinco centroamericanos son pobres y que dos de cada cinco viven en indigencia o pobreza extrema.
En términos globales, se calcula que más de la mitad de la población regional es pobre.
Algunos indicadores reflejan esa pobreza. Unos 11 millones de los 30 millones de centroamericanos carecen, por ejemplo, de acceso a servicios de salud.
Guatemala, Honduras, El Salvador y Nicaragua presentan los menores niveles de acceso a asistencia sanitaria. En la otra punta se ubica Costa Rica, donde casi la totalidad de la población goza de estos servicios.
Por otra parte, más de 10 millones de personas (29 por ciento de la población) carece de agua potable. Esto afecta sobre todo a los residentes de áreas rurales.
En El Salvador, por ejemplo, están en esa situación 76 por ciento de los habitantes del campo, y en Nicaragua 72 por ciento. Las mayores víctimas de esta exclusión son las poblaciones indígenas.
En Honduras, la esperanza de vida de las comunidades pech y lencas es de 39 y 47 años para los hombres y de 42 y 57 años para las mujeres, en tanto la expectativa de vida para el conjunto de la población es de 65,4 años.
En Guatemala, 86,6 por ciento de los indígenas se hallaba en 1989 bajo la línea de pobreza. La proporción bajaba a 53,9 por ciento para los no indígenas.
En cuanto a Nicaragua, el informe destaca que en 1995 cerca de 66 por ciento de la población indígena carecía de todo acceso a la educación, la deserción escolar llegaba entre ellos a 40 por ciento y el desempleo a 70 por ciento.
Se calcula que el 60 por ciento de la población centroamericana es indígena. (FIN/IPS/mso/dg-mj/ip if dv/99
