Dirigentes políticos, sindicales y estudiantiles que exigen el fin de la presencia militar estadounidense en Panamá se movilizaron contra un plan de seguridad del gobierno para garantizar la vigilancia aérea, marítima y terrestre del país.
Miembros de la Coordinadora Nacional de Unidad Sindical marcharon el jueves de noche hasta la Presidencia para exigir el cese de las negociaciones sobre seguridad que Panamá mantiene con Estados Unidos.
El secretario de defensa del Sindicato Unico de la Construcción y Similares, Saúl Méndez, declaró en las afueras del palacio presidencial que los trabajadores no aceptarán bases militares extranjeras en el país.
La protesta se realizó luego de que el ministro de Gobierno y Justicia, Winston Spadafora, entregara a los medios informativos un documento en el que se definen los objetivos de seguridad en zonas fronterizas y en áreas adyacentes al canal de Panamá.
Spadafora sostuvo que "no hay nada oculto" en las conversaciones con Washington y desestimó las críticas de grupos opositores que creen ver en el llamado Plan Estratégico de Seguridad Nacional un intento de instalar bases controladas por Estados Unidos.
Sin embargo, el ministro admitió que el proyecto fue elaborado con asesoramiento de agregados militares de Estados Unidos, Colombia, Francia, Gran Bretaña, Israel, México, Perú y Venezuela.
La embajada de Estados Unidos en Panamá advirtió en un informe que este país no tiene capacidad para controlar su espacio aéreo y marítimo, y que es limitada la seguridad en sus fronteras, por lo que la Fuerza Pública, que cuenta con 13.500 integrantes, debería ser "remilitarizada".
El texto del documento, filtrado a la prensa, señala que Estados Unidos mantendrá una relación "emergente" con Panamá desde el 31 de este mes, cuando se retire del canal, hasta octubre del 2000, y que habrá luego un período crítico de seis años.
El portavoz de la embajada de Estados Unidos, Joao Secsodi, reconoció la autenticidad del informe, aunque le negó validez, dado que se trata de un material de uso interno que perdió vigencia en mayo de este año.
El diputado Miguel Bush, del opositor Partido Revolucionario Democrático (PRD), señaló a IPS que el plan de seguridad responde al interés de Estados Unidos de operar un sistema de vigilancia electrónica, que requiere el uso de aeropuertos para el aterrizaje y despegue de grandes aviones, del tipo Galaxy y Awacs.
"Honduras y Panamá son los países en la región que ofrecen condiciones para el aterrizaje de estas enormes aeronaves utilizadas en el espionaje electrónico y en la guerra contra el narcotráfico", exoplicó Bush.
El diputado calificó de "inaceptable" el hecho de que el gobierno acudiera a Estados Unidos para discutir el plan de seguridad .
Bush precisó que Estados Unidos tiene interés en establecer en Panamá un centro de operaciones con fines estratégicos, incluida la lucha contra el trafico de drogas y operaciones conjuntas con el ejército colombiano.
Por su parte, el general retirado Rubén Paredes, que encabezó las ya desmanteladas Fuerzas de Defensa de Panamá, afirmó que el plan divulgado por el gobierno es "una cortina de humo para ganar tiempo" y negociar un acuerdo a largo plazo que asegure la presencia militar estadounidense en este país.
Paredes dijo haber llegado a esa conclusión tras observar la prisa con la que Estados Unidos y Panamá trabajaron en la preparación de ese proyecto.
De hecho, el gobierno no incluyó en el presupuesto general del Estado del 2000 la partida para el funcionamiento de los componentes de seguridad que serán alojados en las antiguas bases estadounidenses.
Al respecto, Spadafora aclaró que la Autoridad del Canal de Panamá destinará parte de sus recursos a financiar los organismos públicos que se encargarán de la seguridad del canal.
El complejo para la defensa del canal utilizará conexiones de fibra óptica, cables y radares, para enlazar seis puntos clave incluidos en el plan de seguridad.
Entre esos puntos figura la antigua base aérea de Corozal, en la costa occidental del canal, donde se concentra el "sistema nervioso" de las comunicaciones, que estarán a cargo del Servicio de Protección Institucional.
Una segunda área clave es el túnel subterráneo que atraviesa el Cerro Ancón, símbolo de la nacionalidad panameña, donde será instalado un centro para el manejo de la información relacionada con la vía transoceánica.
El tercer punto es la antigua base estadounidense de Rodman, en el Pacífico, que tendrá a su cargo las patrullas marítimas. Allí se coordinarán actividades con las instalaciones localizadas en Fuerte Davis, sobre el mar Caribe, donde será apostada una fuerza de reacción rápida.
Según Spadafora, el plan contribuirá disminuir el peligro de una amenaza externa contra Panamá, incluidas sus áreas limítrofes con Colombia y Costa Rica.
Las autoridades policiales informaron el martes que se registraron potentes estallidos en la frontera con Colombia, pero no se conocen víctimas en ese sector conflictivo, en el que operan grupos insurgentes y paramilitares colombianos.
El diputado Héctor Alemán, también del PRD, aseguró que la información relativa a la situación en las fronteras es manipulada para que la población acepte el plan estratégico atribuido al Departamento de Estado de Estados Unidos.
El PRD divulgó en octubre un presunto memorando de entendimiento entre Panamá y Estados Unidos para el acopio, intercambio de información e inteligencia marítima, que fue descartado por el gobierno, en medio de negociaciones en Washington.
El administrador del canal, Alberto Alemán, considero útil el apoyo de Estados Unidos para el intercambio de información de seguridad.
Sin embargo, el coronel Daniel Delgado, uno de los oficiales que resistió la invasión norteamericana de 1989, dijo que el plan de seguridad crea incertidumbre y confusión, al excluir a la policía del área del canal.
Potavoces de organizaciones sindicales y estudiantiles advirtieron que mantendrán su movilización, para rechazar cualquier arreglo que prorrogue la presencia de tropas extranjeras en Panamá después de este fin de año. (FIN/IPS/dc/ff/ip/99
