El gobierno de México cedió a la avalancha de protestas y amenazas de boicot a productos nacionales en Estados Unidos y anuló hoy su decisión de cobrar un depósito a la importación temporaria de vehículos extranjeros.
La Secretaría (ministerio) de Gobernación anunció la suspensión del cobro de entre 400 y 800 dólares por cada automotor que es introducido en el país, una medida que estaba en vigor solo desde el 1 de diciembre.
Desde 1995, 44 por ciento de los vehículos que entraron a México con permisos de importación temporaria no regresaron a su país de origen, lo cual equivale a 1,1 millones de unidades.
Las autoridades señalan, además, que otros automóviles fueron introducidos a través de garitas abandonadas en algunos puntos de los casi 3.000 kilómetros de frontera entre este país Estados Unidos.
Las estimaciones ubican en más de dos millones la cantidad de vehículos denominados "chocolate" que circulan irregularmente por las calles y carreteras mexicanas.
La Cámara de Senadores había solicitado el miércoles al Poder Ejecutivo cancelar el cobro, con el argumento de que dicho mecanismo lesionaba los intereses de miles de familias mexicanas que viven en Estados Unidos.
Unos ocho millones de mexicanos están radicados en ese país limítrofe y el estatal Consejo Nacional de Población asegura que la emigración sigue en aumento, estimándose que para el 2015 la cifra alcanzará a 12,5 millones de personas.
Los giros de dinero de los mexicanos que viven en Estados Unidos representan una fuente muy importante de ingresos para México.
El Estado mexicano recaudó en 1998 cerca de 590 millones de dólares por concepto de impuestos de estas remesas.
El flujo de divisas desde territorio estadounidense alcanza a unos 6.000 millones de dólares y significa ingresos para más de un millón de hogares mexicanos, indican las estadísticas oficiales.
Las protestas contra el cobro de depósitos a los automotores extranjeros incluyeron bloqueos de tránsito en los accesos a consulados y aduanas mexicanas en la frontera por parte de organizaciones hispanas en Estados Unidos.
Grupos de mexicanos emigrados cercaron con vehículos el jueves varias oficinas de paso internacional en distintos sitios de la frontera norte.
También habían convocado a bloquear puentes internacionales para mediados de diciembre, cuando miles de familias se trasladan a México celebrar las fiestas navideñas y de fin de año en sus lugares de origen.
Sin embargo, la protesta más fuerte consistió en el boicot comercial contra productos mexicanos de exportación.
Mercancías producidas por importantes firmas mexicanas fueron retiradas de los expendios en ciudades estadounidenses, como Chicago y Dallas, mientras organizaciones latinas y mexicanas llamaban a los usuarios a no consumirlas.
Legisladores de México calificaron de humillante, ofensivo y desalentador el pago de fianza que había impuesto el gobierno para la introducción temporal de automóviles extranjeros de mexicanos residentes en Estados Unidos.
Senadores de las principales fuerzas políticas, incluido el gobernante Partido Revolucionario Institucional, estimaron que el cobro de un depósito era contradictorio con la política de apertura comercial de México.
Este país se convirtió en el primer socio latinoamericano de la Unión Europea, con la que firmó hace una semana un acuerdo de libre comercio. Además, México, Estados Unidos y Canadá crearon hace cinco años el Tratado de Libre Comercio de América del Norte.
Dirigentes políticos y sociales coincidieron en señalar que la decisión de exigir un depósito interrumpiría además el flujo normal de mexicanos emigrados hacia su país de origen.
En los dos días en que estuvo en vigor la medida, las aduanas apenas fueron visitadas por los llamados "paisanos", que habitualmente forman largas filas para tramitar su ingreso al país con automóviles extranjeros.
Un acuerdo legislativo prevé para mediados de este mes regularizar la situación de 750.000 de estos vehículos ilegales, en particular automotores de transporte de carga fabricados antes de 1992.
Las asociaciones industriales del sector sostienen que la regularización de los automóviles "chocolate" provocará el desplome de las ventas de automóviles en México.
A cambio proponen un plan integral de solución al grave problema de contrabando de vehículos, que consiste precisamente en aumentar los controles fronterizos mediante garantías de importación temporal, como la que el gobierno acaba de desactivar.
Los industriales plantean que se fortalezca el sistema de registro de entrada y salida del país de los automotores y un aumento del presupuesto para la policía, para combatir el pago de comisiones ilegales.
La regularización de los vehículos ilegales agudizará problemas como el desempleo, la evasión fiscal y desencadenará la quiebra de pequeñas y medianas empresas del sector, advierten los industriales del sector. (FIN/IPS/pf/dm/ip if/99
