Una ley estadounidense que privilegia a los inmigrantes cubanos por sobre los de otras nacionalidades continúa siendo el principal punto de contradicción en materia migratoria entre Cuba y Estados Unidos, tras concluir nuevas conversaciones bilaterales sobre el tema.
La Ley de Ajuste Cubano aprobada por el Congreso estadounidense en 1966 posibilita que inmigrantes cubanos soliciten la residencia al año y un día de haber tocado suelo nacional.
El tema ocupó gran parte del tiempo que duraron las negociaciones de un día sostenidas este lunes en La Habana por delegaciones de los dos países, que se reúnen regularmante dos veces al año para examinar los acuerdos migratorios de 1994 y 1995.
"Hubo una discusión extensa acerca de la Ley de Ajuste Cubano, la forma en que ha sido enmendada, ampliada, extendida en los últimos meses y su aplicación de manera que contradice los acuerdos", dijo el presidente del Parlamento de Cuba y principal negociador de la isla, Ricardo Alarcón.
A su vez, el subsecretario adjunto de Estados Unidos para asuntos hemisféricos, William Brownfield, quien encabezó la representación de su país en las conversaciones, consideró que las leyes en su país no establecen diferencias entre los inmigrantes.
Brownfield se mostró partidario de la "implementación total" de los acuerdos migratorios, que en su opinión aseguran una inmigración "segura, legal y ordenada" de ciudadanos cubanos a Estados Unidos.
Más de un millón de cubanos y descendientes residen actualmente en ese país, que concentra el mayor interés de las personas que buscan la emigración como válvula de escape a las dificultades económicas de la isla.
Para La Habana, el modo en que se está aplicando la legislación especial para los cubanos viola los acuerdos migratorios, único punto en que ambas naciones han logrado sentarse a la mesa de negociaciones.
Según Alarcón, el Servicio de Inmigración de estados Unidos anunció en abril pasado un enfoque más flexible y abierto todavía para los nacionales de la isla, en clara ventaja sobre los de otros países que llegan en busca de mejorar sus condiciones de vida.
Según las más recientes adaptaciones de esa legislación, todos los cubanos pueden beneficiarse de ella y además solicitar de inmediato permiso para trabajar, independientemente de la vía utilizada para entrar a territorio estadounidense.
"Alrededor de eso se habla constantemente de una supuesta diferencia entre los que son denominados pies mojados o pies secos. Es decir, si los interceptan en el agua o si llegan a tierra. Eso no tiene nada que ver con los acuerdos migratorios", opinó Alarcón.
El diplomático y parlamentario insistió en conferencia de prensa en que el primer párrafo de los acuerdos de 1994 habla claramente de la decisión estadounidense de interrumpir la práctica de admitir a los emigrantes que lleguen a ese país por vías irregulares.
"Hay una evidente contradicción entre la Ley de Ajuste y esa decisión plasmada en los convenios", acotó Alarcón, quien informó que la parte cubana insistió en las conversaciones en la eliminación de una legislación que "promueve, estimula y apremia la emigración ilegal de cubanos".
A pesar de las discrepancias existe una disposición común en favor de mantener los acuerdos, aunque hace falta que la voluntad se exprese en hechos, subrayó el jefe de la delegación de Cuba, que propuso una nueva reunión sobre el tema para enero próximo.
La delegación estadounidense no rechazó, pero tampoco se pronunció sobre la sugerencia de sostener ese contacto, que acortaría el plazo de las reuniones celebradas, hasta ahora, cada seis meses y posibilitaría debatir puntos discrepantes.
Las conversaciones se realizaron en medio de la tensión generada por el caso de Elián González, un niño de seis años rescatado por guardacostas norteamericanos luego de naufragar la embarcación en que viajaba junto a otros inmigrantes ilegales.
Elián perdió a su madre en el naufragio y se encuentra bajo la custodia temporal de un tío abuelo paterno residente en la ciudad estadounidense de Miami, pero su padre Juan Miguel González exige el regreso del menor al seno familiar en Cárdenas, ciudad situada 152 kilómetros al este de La Habana.
En las primeras horas de este lunes, González entregó en su hogar de Cárdenas a funcionarios del Servicio de Inmigración y Naturalización de Estados Unidos (INS) un abultado legajo de documentos que prueban su paternidad.
Brownfield aclaró que esa información "será procesada por los procedimientos regulares" del INS, rehusó precisar si el niño será devuelto a su padre y cuándo.
"No debemos politizar el caso", apuntó Brownfield, en tanto Alarcón, en presentación separada ante la prensa, calificó de "secuestro" la retención del pequeño en Miami y consideró que el asunto se podría resolver en cuestión de horas.
La documentación entregada por González, quien se entrevistó por más de una hora con personal del INS, incluye los certificados de nacimiento de Elián y de ambos padres.
Asimismo, la certificación del matrimonio de González y Elizabeth Brotons, con fecha 1 de agosto de 1985, que registra también el divorcio, en mayo de 1991.
Otros documentos, escolares, médicos, de vecinos y amistades, apuntan a probar la preocupación constante de González por su hijo, así como la afinidad entre ambos.
Una fotocapia del Código de Familia, vigente desde 1975, incluye párrafos según los cuales el ejercicio de la patria potestad corresponde a los dos padres y a uno de ellos en caso de fallecimiento del otro.
"Moveremos cielo y tierra hasta el regreso de Elián", anunció Alarcón, quien no descartó que prosigan esta semana las manifestaciones populares en demanda de la repatriación del menor ante la sede de la Oficina de Intereses de Estados Unidos en La Habana y otros lugares del país. (FIN/IPS/pg/dg/ip-pr/99)
