Las violaciones de mujeres por policías y otros agentes del Estado ocuparon el primer plano de una campaña de concienciación de 16 días sobre violencia contra la mujer, que tuvo lugar en esta ciudad.
Grupos de derechos humanos y feministas expresaron su condena a estos crímenes "invisibles" durante la campaña desarrollada desde el 25 de noviembre, fecha identificada por la Organización de las Naciones Unidas (ONU) como "Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra la Mujer".
Según la organización Human Rights Watch (HRW), "las mujeres que sufren abusos sexuales y de otro tipo cuando están en manos de agentes del gobierno son quizás las más invisibles y vulnerables, porque sus agresores ostentan posiciones de autoridad y gozan de confianza pública".
En su Informe Mundial de 1999, HRW describió cómo esos crímenes ocurren frecuentemente en países tan apartados como Estados Unidos e India.
Los estudios han demostrado que los gobiernos casi siempre "hacen que no ven" el problema y que, además, no existen mecanismos para que las mujeres agredidas "puedan informar los abusos de manera segura y confidencial, y busquen una investigación sin el temor de una ulterior represalia".
La situación en México revela esa realidad.
La reciente visita a este país de Mary Robinson, Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, fue percibida por algunos comentaristas como un esfuerzo para corregir ese tipo de crímenes "invisibles".
Robinson presentó un manual de derechos humanos a los funcionarios mexicanos para uso de la policía y autoridades gubernamentales.
Titulado "El Cuerpo del Delito: Derechos Humanos de las Mujeres en Justicia Social", el manual afirma la necesidad de que las personas munidas de autoridad investiguen los crímenes contra las mujeres y aseguren la justa aplicación de la ley.
Sin embargo, las feministas no se muestran demasiado optimistas sobre un inminente cambio de actitud por parte del Estado.
El gobierno mexicano siempre ha tenido una lenta respuesta a los flagrantes actos de violencia sexual por parte de la policía, señaló Anne Getlinck, funcionaria de programación del Fondo de las Naciones Unidas para la Mujer (UNIFEM).
"Específicamente, no se ha hecho nada", afirmó.
"El problema se complica por la falta de información adecuada sobre la extensión con que esas violaciones se producen en ciudades mexicanas. Es sabido que las niñas que viven en la calle a menudo son víctimas de abusos sexuales de la policía", dijo.
Un incidente ocurrido en julio del año pasado ilustra ese aspecto. Tres muchachas adolescentes que preguntaron una dirección a una unidad de policía montada fueron llevadas por la fuerza a un establo y violadas por turno por un grupo de agentes durante cuatro días.
Las observaciones de Geltnick no son distintas de las que siguen perturbando a supervisores de derechos humanos en otros países.
En India, por ejemplo, las mujeres que padecen abusos más frecuentemente son dalits, la casta de los llamados "intocables" hindúes, que deben realizar tareas domésticas o caer en la prostitución, lo cual las convierte en víctimas fáciles de las redadas policiales.
En un estado indio, la policía fue acusada de "tomar rehenes" cuando arrestó y torturó a mujeres como medio de castigar a sus familiares varones y obligarlos a rendirse. En Indonesia, la policía fue acusada de violar a mujeres de origen chino durante las revueltas de 1998.
A comienzos de este año, un estudio solicitado por la Organización Mundial Contra la Tortura concluyó que una falta de "sensibilidad de género" en la estructura y contenido de la ley internacional de derechos humanos sigue siendo la razón fundamental de esa persistente violencia contra las mujeres.
Semejante abuso en casos de arresto a menudo adopta modalidades especiales, basadas en el género, que merecen un estudio especial, señala el informe, el cual insiste en que las mujeres necesitan protección especial contra determinados riesgos.
Las violaciones de mujeres detenidas pueden formar parte de una deliberada política oficial de represión o pueden ser simplemente la consecuencia de indiferencia e incapacidad para adoptar medidas preventivas, según Anne Laurence-Lacroix y Carin Benninger-Budel, coautoras del informe.
Entretanto, Radhika Coomaraswamy, relatora especial de la ONU sobre Violencia contra Mujeres, indicó que "la violencia bajo arresto es quizás la peor forma de violencia por parte del Estado".
Coomaraswamy, una abogada de Sri Lanka, considera esa agresión sexual por las autoridades estatales como una traición de confianza contra aquellos "que están completamente a su merced".
"Si los derechos humanos significan algo, debe producirse un clamor para detener ese tipo de comportamiento", instó.
En una entrevista con IPS, Coomaraswamy declaró que más gobiernos deben admitir ese crimen "invisible" e introducir legislaciones más severas para combatirlo.
"Cuando el concepto de violencia bajo arresto figure en la ley, la responsabilidad de la prueba cambiará porque el caso se refiere a una violación en una institución estatal", dijo.
En Africa, poner esas leyes en los textos ha constituido el centro de la actual campaña contra la violencia a las mujeres. Grupos humanitarios de mujeres en Kenia, por ejemplo, afirmaron que la policía y el sistema judicial han contribuido al problema porque forman parte de un "ambiente social hostil".
Es necesaria una mayor presión para poner en evidencia la "cultura del silencio" existente, que enmascara su prevalencia y le permite continuar, exhortaron los grupos humanitarios. (FIN/IPS/tra-en/mmm/mk/ego/mlm/hd/99
