El presidente de Colombia, Andrés Pastrana, se dispone a promulgar una ley que tipifica como delito la desaparición forzada de personas, mientras se celebra hoy el Día Internacional de los Derechos Humanos.
La norma fue aprobada por el parlamento en la medianoche del 30 de noviembre, tras diez años de iniciativas en la materia y siete proyectos rechazados. Ahora los familiares de entre 4.000 y 10.000 víctimas tienen un nuevo aliento para continuar su búsqueda y luchar contra la impunidad.
El proyecto aprobado establece penas de entre 25 y 40 de prisión para los responsables de desapariciones forzadas, y también tipifica como delitos el genocidio, con penas de entre 40 y 60 años, y el desplazamiento forzoso, con penas de entre 15 y 30 años. La pena para la tortura aumenta de ocho a 15 años.
Quienes sean declarados culpables de esos delitos no podrán ocupar cargos públicos por entre cinco y diez años.
Los acusados de estos crímenes de lesa humanidad no podrán invocar en su defensa el concepto de "obediencia debida" a órdenes de sus superiores. Este punto fue objeto de grandes controversias por sus implicaciones en la cohesión de las fuerzas militares.
El ministro de Defensa, Luis Fernando Ramírez, asistió al debate parlamentario junto con los mandos superiores de las Fuerzas Armadas, declaró que ya no habrá posibilidad de que esos delitos queden impunes, y aseguró que los militares están decididos a "extirpar esas conductas".
El informe 1999 sobre Colombia de la organización humanitaria Amnistía International, con sede en Londres, indicó que más de 1.000 civiles fueron asesinados por fuerzas de seguridad o grupos paramilitares, muchos de ellos tras sufrir torturas, y que hubo por lo menos 150 desapariciones forzadas.
La organización señaló que los grupos insurgentes fueron responsables de numerosas y graves violaciones de los derechos humanos, incluyendo el secuestro y el asesinato indiscriminado de civiles, y denunció que siguen operando los llamados escuadrones de la muerte, con apoyo de oficiales de las fuerzas de seguridad.
El informe se refirió asimismo al desplazamiento forzoso de personas causado por el conflicto, a las amenazas y ataques sufridos por activistas humanitarios (incluyendo el asesinato de por lo menos seis de ellos), funcionarios judiciales, periodistas y dirigentes sindicales y políticos.
Durante los diez primeros meses de 1998, seis de cada diez asesinatos de activistas humanitarios en el mundo ocurrieron en Colombia, según la organización humanitaria Human Rights Watch.
En abril, el secretario de Estado adjunto estadounidense Harold Hongju afirmó en Colombia que este país es el único que conoce en el cual hay expertos en "violentología", y el único en el cual ha sido necesario mantener durante los últimos 50 años una comisión internacional de la Cruz Roja.
Hongju destacó también que Colombia tiene uno de los porcentajes de muerte por asesinato más altos del mundo, la mayor cantidad de desplazados internos de la región, y el cuarto lugar en el mundo de desplazados internos.
La cantidad de víctimas de desplazamientos forzosos durante el año pasado se ha estimado en 300.000, y la mayoría de ellas fueron mujeres y niños.
El funcionario estadounidense indicó que se estima en 2.400 la cantidad de personas que fueron secuestradas durante 1998, y que en la mitad de los casos los responsables fueron insurgentes.
El proyecto aprobado el 30 de noviembre y "acciones ejemplarizantes del gobierno han contribuido a inhibir y a cohibir la actitud connivente, pasiva o de abierto apoyo, de miembros de la fuerza pública con los grupos paramilitares", dijo a IPS Alfredo Rangel, un analista político y ex consejero presidencial sobre seguridad.
Rangel señaló que según cifras oficiales han disminuido "los delitos contra los derechos humanos por parte de la fuerza pública" y "aquellos en los que hay relación entre la fuerza pública y los paramilitares".
Ocho historias de víctimas de desaparición forzada fueron recogidas por el periodista colombiano Hernando Salazar en su reciente libro "Desaparecidos".
"Yo veía que en otros paises como Argentina seguían saliendo libros sobre la 'guerra sucia' y aquí en Colombia, nada. Entonces quise hacer énfasis en el drama humano de las familias", dijo el autor a IPS.
La primera de esas historias es la del sargento del Ejército Edison Echeverry Alarcón, quien aprendió a actuar como detective privado por correspondencia con una escuela argentina y logró esclarecer la desaparición y muerte de su hijo Edison Echeverry Vergara.
Salazar explicó que había elegido ese caso para iniciar el libro para mostrar que "la desaparición forzada también afecta a personas ligadas a los organismos del Estado".
La obra relata también el caso de Dayanna Rivera, una joven de 17 años que creció con una idea vaga sobre su madre y sus dos hermanas, a quienes vio por última vez tres meses después de nacer.
"Me la sueño regresando con mis dos hermanas a la casa de mi abuelo", contó la joven a Salazar
A Patricia, la madre de Dayanna, se la llevó "para un reconocimiento" un hombre que dijo ser policía, el 10 de diciembre de 1982.
Otra historia es la de Fabiola Lalinde, una mujer que después de 12 años de tenaz búsqueda recibió en noviembre de 1996, en una brigada militar, un paquete con 69 huesos correspondientes a Luis Fernando, su hijo, militante del Partido Comunista Marxista Leninista.
El autor comento que "Colombia viene de un proceso tan violento, desde hace tantos años, que estamos acostumbrados a los muertos y, de pronto, los desaparecidos no son tan graves como los muertos".
Según su recuento, las desapariciones empezaron bajo el gobierno del liberal Alfonso López Michelsen (1974-78), siguieron bajo el del también liberal Julio Turbay (1978-82), y aumentaron durante el del conservador Belisario Betancur (1982-86).
Salazar indicó que se destacan más los casos de secuestro que los de desaparición forzada, y comentó que esto "tiene una connotación de clases sociales y de ideología", ya que los secuestrados por los insurgentes o por delincuentes comunes suelen ser personas de mayores recursos económicos.
La primera edición de "Desaparecidos", de 2.500 ejemplares, fue realizada por Intermedio Editores. Antes había sido propuesta a Editorial Planeta, la cual había publicado otra obra de Salazar que lleva tres ediciones agotadas, pero no consideró "oportuno" poner su nueva obra en circulación.
El rechazo puede explicarse leyendo el último párrafo de la introducción del libro: "Algunas personas consideran que hacer este trabajo es una práctica suicida en un país signado por la intolerancia y el maniqueísmo. El autor confía en que ese temor sea infundado". (FIN/IPS/mig/mp/hd ip/99)
