Los principales desafíos del presidente electo de Argentina, Fernando de la Rúa, que asumirá este viernes, serán el déficit fiscal, la creciente pobreza, y el alto desempleo, que aumentó 157 por ciento en 10 años de gestión de Carlos Menem.
En cambio, asuntos como la inflación o la eficiencia de servicios públicos, que eran urgencias cuando asumió Menem en 1989, no serán parte de la agenda pues son considerados logros consolidados del gobierno saliente y de los que ya casi nadie habla.
El próximo gobierno deberá hacer frente en el corto plazo los serios problemas sociales que deja el gobierno de Menem, y lo debe hacer en el marco del más alto déficit fiscal de la década y con una deuda externa que se duplicó en 10 años.
Con 34 millones de habitantes, Argentina tiene 13 millones de pobres y tres millones de indigentes. La brecha entre los que más y los que menos ganan creció, sobre todo en los dos últimos años, y hoy el reparto es el más desigual de la historia.
Menem asumió en 1989, un año en que la inflación cerró con 3.079 por ciento. Para 1991, cuando designó como ministro de Economía a Domingo Cavallo, se redujo a 177 por ciento, y en 1999 Menem se va con deflación.
La reducción de precios estuvo acompañada por reducción del Estado, apertura comercial y privatizaciones, un proceso que permitió recuperar la confianza de los inversores y que resultó en un crecimiento de 50 por ciento en el producto para toda la década.
Durante la primera presidencia de Menem se privatizaron las principales empresas públicas de servicios. El gobierno obtuvo 25.000 millones de dólares, que llegan a 40.000 millones si se suma al efectivo los papeles recuperados para cancelar deuda externa.
Las mejoras en la calidad de los servicios fueron reconocidas por la mayoría de los usuarios. El número de líneas telefónicas instaladas, por ejemplo, pasó de 3,4 a 7,5 millones, y los usuarios de celulares pasaron de 15.000 a 3,5 millones.
Los teléfonos eran una verdadera pesadilla durante los últimos años de gestión estatal, con líneas que dejaban de funcionar por meses y usuarios que reclamaban años y hasta décadas para conseguir que les instalaran una línea en sus hogares.
Sin embargo, estos avances muy celebrados no sólo en el ambiente de los negocios sino en el de los usuarios particulares, tuvieron también sus costos. Además de irregularidades en las subastas, hubo fuertes incrementos de tarifas y ningún control por parte del Estado.
Ese será uno de los problemas que deberá encarar la Alianza, la coalición opositora que ganó las elecciones del 24 de octubre. El Banco Mundial calculó en 1986 que el costo de los servicios públicos representaba nueve por ciento de los ingresos de los más pobres, y en 1996 el impacto fue de 17,4 por ciento.
Por eso, los encargados del área económica del próximo gobierno ya tratan de negociar una rebaja de tarifas a cambio de una extensión de algunas concesiones como las de peajes y de otras modalidades que todavía no fueron detalladas.
En cambio, el costo de las privatizaciones sobre el empleo es irreversible. La plantilla de empleados del Estado cayó a la mitad, y si bien muchos fueron indemnizados, en dos o tres años fueron pocos los que consiguieron otro empleo.
El equipo de De la Rúa está preocupado, y lo estaba aun antes del triunfo electoral de octubre, por el fuerte déficit fiscal que dejará el gobierno saliente. De los 5.000 millones de dólares previstos en el presupuesto, el desequilibrio real superaría los 10.000 millones.
El mandatario electo ya advirtió que su gobierno será honesto, austero y transparente, cualidades todas muy valoradas pero que seguramente no alcanzarán en los primeros meses de gobierno, cuando los votantes esperan respuestas para situaciones críticas.
El ministro de Economía designado, José Luis Machinea, ya adelantó que deberán extender el alcance de impuestos al consumo a productos que estaban exentos. "Perdón, pero es necesario para poner el país en marcha", se justificó Machinea este martes.
El costo de la deuda externa también será importante. Sólo en el 2000 habrá que conseguir 17.000 millones de dólares para cancelar intereses.
Cuando Menem asumió, la deuda ascendía a 64.000 millones de dólares. Hoy, pese a la negociación realizada en 1991 y a las privatizaciones que permitieron cancelar parte de los pasivos, el endeudamiento llegó a 114.000 millones, sin contar el de los privados, que ronda los 40.000 millones.
Los principales logros de Menem, a juzgar por los resultados electorales y por la opinión coincidente de los observadores, se concentraron en el primer periodo. Tras la reelección de 1995, se retrocedió en muchos aspectos y los avances quedaron en el olvido.
De acuerdo con una encuesta realizada por el Centro de Estudios Unión para la Nueva Mayoria, apenas 16 por ciento de los consultados considera positiva la política económica de Menem, 43 por ciento la califica de regular y 39 por ciento, de negativa.
En comparación, los ciudadanos le dan a De la Rúa un generoso crédito para comenzar. Según el sondeo de Hugo Haime y Asociados, 56 por ciento de los encuestados tiene expectativas positivas, un porcentaje casi igual al que tenía Menem en 1989. (FIN/IPS/mv/mj/ip if/99
