Una grave crisis social, económica y política se precipitó hoy en la provincia argentina de Corrientes, con rutas cortadas, la capital sitiada, desabastecida, y con miles de empleados estatales protestando por una deuda salarial de cinco meses.
El gobierno del presidente Fernando de la Rúa analiza la posibilidad de intervenir el distrito enviando autoridades nacionales, tras movilizar el lunes fuerzas de seguridad hasta los puentes cuyo tránsito esá interrumpido por los manifestantes desde hace cinco días.
Para evitar un decreto, el mandatario despachó este miércoles un proyecto de ley al Parlamento para que se apruebe la intervención federal.
La provincia, de menos de un millón de habitantes, tiene una deuda de 1.400 millones de dólares, de los cuales 100 millones se deben a los trabajadores estatales que son la principal fuerza laboral en Corrientes, donde casi no existe la industria.
Entretanto, la crisis política se agravó con el nombramiento este miércoles de un nuevo gobernador interino, sin que el mandatario provincial que ocupaba ese cargo se apreste a dimitir, es decir que hay dos "gobernadores", pero ninguno está legitimado.
El secretario de Seguridad Enrique Mathov, dijo que el gobierno condiciona el envío de ayuda a la aceptación de un plan de saneamiento por parte de las autoridades correntinas, una vez que se aclare la crisis política y se conozca quién es responsable del destino de la provincia.
"Queremos una solución integral, porque si se interviene la provincia y se manda dinero el problema se aplaza para más adelante, no se soluciona", indicó el funcionario, que asumió el lunes último.
En Corrientes, 70 por ciento de la economía gira en torno al empleo público. Sus problemas financieros convirtieron a la provincia en la que más intervenciones tuvo de gobiernos nacionales en la historia del país.
El ex presidente Carlos Menem ordenó tres veces en 10 años intervenir Corrientes, pero ninguna de esas administraciones logró sanear las cuentas, un problema estructural de esa provincia, que carece de proyecto de desarrollo.
Este año, los trabajadores estatales de la provincia hicieron huelga porque les deben parte del salario de diciembre de 1998, más los sueldos de mayo, junio, julio y noviembre últimos. La situación es crítica y muchas familias tienen cortados los servicios básicos por falta de pago.
Entre los agentes públicos están los médicos y enfermeros que no atienden más que las urgencias hospitalarias. Los maestros dejaron a su vez sin clases los alumnos por más de siete meses, no obstante lo cual el gobierno provincial ordenó por decreto la promoción de los estudiantes.
En este contexto, los trabajadores decidieron interrumpir rutas, ocupar puentes, y amenazan incluso con instalarse en el paso internacional que une Uruguayana con Paso de los Libres, cortando esa vía terrestre que comunica a Argentina con Brasil y Uruguay.
"Esto es un desgobierno", dicen los manifestantes. "Nos cansamos del diálogo, de caminar por los ministerios, queremos soluciones ya", protestó una dirigente del gremio docente.
Los camiones que utilizan el puente General Belgrano, que une Corrientes con la provincia vecina de Chaco, se vieron forzados a participar de la protesta porque no pueden circular por la ocupación del paso por parte de los manifestantes que hasta duermen allí.
Muchos se quejan de tener que tirar su producción perecedera después de haber pasado cinco días en una de las cabeceras del paso.
Los cortes de rutas y accesos a la capital, sumados a la falta de liquidez de los trabajadores que no perciben sus ingresos, provocaron un colapso en el comercio que ya manifiesta síntomas de desabastecimiento.
Faltan alimentos, combustible, remedios y oxígeno en los hospitales, y se registran incrementos de precios. (FIN/IPS/mv/dg/ip/99)
