La decisión de Venezuela de asumir la responsabilidad por muertes ocurridas a raíz del "Caracazo" de 1989 representa el principio del fin para una historia de impunidad que pesaba sobre la democracia de este país.
El ministro de Relaciones Exteriores, José Vicente Rangel, comentó este jueves que la decisión asumida ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos en Costa Rica implica un compromiso con un asunto "tan sensible e importante como los derechos humanos".
La mañana del 27 de febrero de 1989 comenzó un amotinamiento popular que dio inicio a casi una semana de desórdenes, saqueos y una brutal represión que dejó un saldo de 276 muertos, al menos 2.000 heridos y 150 millones de dólares en daños.
Organizaciones de derechos humanos aseguran que el número de muertes superó con holgura las 300 y cuestionan la desmedida actuación de las fuerzas militares.
Más allá de los hechos violentos, el "caracazo" o "27-F", como se lo conoce popularmente, rompió la ilusión de armonía de un periodo de democracia iniciado en 1958 y reveló serias perturbaciones.
Rangel recalcó este jueves que el gobierno de Hugo Chávez, en el poder desde febrero de 1999, asumió la responsabilidad del Estado pese a que "no tiene arte ni parte" en los hechos ocurridos hace un decenio.
La Corte Interamericana recibió este miércoles en San José la declaración en la que Venezuela se responsabiliza por denegación de justicia y retraso procesal. El tribunal deberá determinar ahora las reparaciones que deberá efectuar el gobierno.
El Comité de Familiares de Víctimas (Cofavic) que elevó ante el sistema interamericano 44 casos que incluyen 37 muertes, cuatro despariciones y tres maltratos ocurridos a raíz del "Caracazo", ha denunciado insistentemente la existencia de "un manto de impunidad" en este país.
Cofavic también había insistido en que el tratamiento de este caso ante la Corte Interamericana presentaba una "oportunidad preciosa" para que el gobierno venezolano dejara en claro su compromiso con los derechos humanos.
El reclamo por los 44 casos fue presentado ante la Corte el 7 de junio por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, argumentando que se trataba de un caso de denegación de justicia.
La directora de Cofavic, Liliana Ortega, ha dicho que esa organización decidió acudir a instancias internacionales después de años "sin respuestas en instancias internas" a las demandas de los familiares de víctimas.
Ortega ha planteado que la falta de soluciones a las demandas pendientes por el "Caracazo" generaba "un grave precedente de impunidad que compromete el presente y futuro de Venezuela", y había dicho que este caso emblemático involucra "los derechos humanos de todos".
"Los casos del 27-F son casos paradigmáticos, ya que se trata de violaciones gravísimas que si bien ocurrieron hace 10 años han continuado en la más absoluta impunidad", dijo Cofavic en una declaración difundida esta semana.
La reacción inicial del gobierno de Chávez por la demanda ante la Corte Interamericana fue de preocupación, ya que la consideró precipitada, dada su disposición a resolver el caso.
Chávez se refiere con frecuencia a los acontecimientos del 27 de febrero de 1989, a los que considera una "herida abierta" para la sociedad venezolana y el detonante del proceso de cambios que él encabeza.
En 1992 el actual presidente de Venezuela encabezó un fallido golpe de Estado, e inspiró otro intento en noviembre de ese año. En diciembre de 1998, logró conquistar la presidencia mediante el voto.
Chávez ha impulsado un proceso de cambios basado en la aprobación de una nueva Constitución, argumentando que es necesario redefinir la democracia venezolana, cuyo modelo considera agotado.
El "Caracazo", habría sido el primer síntoma de ese desgaste de la democracia. (FIN/IPS/lc/mj/hd/99
