El sometimiento al parlamento del Servicio de Inteligencia de Perú anunciado hoy por el presidente Alberto Fujimori fue interpretada por analistas locales como una reacción a la condena de las violaciones de las garantías democráticas en este país sudamericano en el Senado de Estados Unidos.
La resolución aprobada en la noche del miércoles por la Comisión de Relaciones Exteriores del Senado de Estados Unidos, que podría desencadenar acciones de presión financiera contra Perú, a través del Banco interamericano de Desarrollo (BID) y el Banco Mundial.
El impacto en Perú se reflejó en el anuncio formulado este jueves por Fujimori en el sentido de que someterá al Servicio de Inteligencia Nacional (SIN) a la fiscalización del Congreso y la Contraloría de la República.
"El presupuesto y la estructura del SIN eran un asunto necesariamente reservado, porque estábamos en lucha contra la subversión, pero luego de haber aplastado a los terroristas tenemos que entrar a una etapa de transición y adoptar medidas de normalidad", dijo Fujimori.
El SIN es acusado por los adversarios de Fujimori de violar los derechos humanos y las libertades democráticas para silenciar a los opositores y algunos analistas consideran que estaba en cierto modo fuera del control del presidente.
"Si bien quedan algunos rezagos de terrorismo, hemos consolidado la paz interna, de modo que el SIN se concentrará en el futuro en la lucha contra el narcotráfico", anunció Fujimori.
Aunque la decisión fue interpretada como una reacción ante las condenas internacionales contra los excesos cometidos por el SIN, algunos analistas suponen que el mandatario peruano aprovechará la oportunidad para inducir un cambio político interno.
El sociólogo Flavio Solórzano, de la organización no gubernamental Población y Desarrollo, opinó que la anunciada fiscalización del SIN está destinada a reducir la autonomía del abogado Vladimiro Montesinos, jefe de los servicios de inteligencia y considerado el segundo hombre del régimen.
Fujimori y Montesinos son los únicos sobrevivientes del "triunvirato virtual", que emergió del golpe de Estado de 1992, tras el marginamiento del general Nicolas Hermosa en agosto del año pasado.
Mediante la fiscalización que Fujimori anuncia ahora, el parlamento y la Contraloría de la República podrán normar y controlar el presupuesto y la estructura del SIN.
Hasta ahora, Montesinos controla a través del SIN los servicios de inteligencia del ejército, la Fuerza Aérea, la Marina y la policía, y ha aprovechado ese poder para influir en los ascensos, colocado en puestos claves a militares leales.
Entre 1992 y 1998, cada socios tenía áreas de decisión muy precisas. Fujimori estaba a cargo de la economía, el aparato del Estado y la conducción de la política exterior, el general Hermoza del control de los institutos y presupuestos militares, y Montesinos de la dirección de la lucha antisubervsiva.
El tema de la guerra con Ecuador provocó algunas fisuras entre Fujimori y Hermoza, porque el jefe del ejército se acercó a los jefes militares considerados "halcones", porque desconfiaban de la posibilidad de un arreglo diplomático y exigían una invasión del territorio ecuatoriano.
El detonante de la crisis fue una casi trivial disputa por los méritos en la conducción del operativo que rescató a las personas secuestras en la embajada japonesa por un comando del guerrillero Movimiento Revolucionario Tupac Amaru.
El sorpresivo relevo de Hermoza reforzó el poder del jefe del SIN, pues el sucesor del jefe militar, el general Víctor Saucedo, no ha alcanzado el relieve de su antecesor.
Montesinos tendría también influencia decisiva en el Poder Judicial y la SUNAT, organismo de control tributario, y opositores como el legislador independiente Fernando Olivera aseguran que maneja un grupo parlamentario propio, "más vladimirista que fujimorista".
"Uno de los talones de Aquiles de Fujimori es la cuestión de los derechos humanos, pues sus adversarios han recurrido con éxito sobre este tema a la OEA, la Corte Interamericana de Justicia y ahora al Senado de Estados Unidos", afirmó Solórzano.
El experto indicó que muchas de las violaciones cometidas por el SIN tenían relación con temas que interesaban más al propio servicio de inteligencia, o a Montesinos, que al gobierno.
Entre estos casos mencionó el de Baruch Ivcher, "despojado de su nacionalidad y de la propiedad del Canal 2 de Televisión por revelar los ingresos de Montesinos y denunciar las torturas de una agente del SIN cometida por sus superiores".
Ivcher, de origen israelí, fue acusado de irregularidades en su trámite para adoptar la nacionalidad peruana y se le aplicó una vieja norma que prohibía a los extranjeros ser dueños de medios de comunicación masiva.
Fujimori hizo declaraciones públicas el año pasado a favor de Ivcher y ordenó que le fuera devuelto su pasaporte peruano, pero los jueces acogieron una demanda de sus ex socios para impugnar la propiedad de sus acciones en el canal 2.
"Fujimori prioriza su reelección en los comicios del año 2000 y las condenas sobre el tema de los derechos humanos son un obstáculo, de modo que está dispuesto a someter a control al SIN, para que no siga poniendo en peligro la reelección con su política propia", concluyó Solorzano. (FIN/IPS/al/ag/ip/99
