La caída del Muro de Berlín en noviembre de 1989 abrió una nueva era, que instaló la democracia liberal como paradigma político mundial, con promesas de estabilidad y buen gobierno para los países en desarrollo.
Una década después, en el umbral del siglo XXI, el balance no es muy alentador, pues si bien se multiplican las prácticas electorales, al mismo tiempo emergen o renacen con insospechada virulencia conflictos nacionalistas, étnicos y religiosos.
La gobernabilidad se convirtió en una suerte de palabra mágica en estos últimos años, como referencia a la capacidad de los estados, sus instituciones y ciudadanos para controlar crisis coyunturales y preservar la democracia.
A la gobernabilidad se sumó otra expresión aún más ambiciosa, el buen gobierno, que recoge el anhelo de contar con liderazgos políticos que posibiliten la solución de los problemas sociales y económicos y la democracia participativa.
Carlos Contreras, secretario ejecutivo de la Comisión Sudamericana de Paz, apuntó que en América Latina, la gobernabilidad ha consistido en hacer controlables las sucesivas crisis internacionales.
Entre ellas, las ocasionadas por la deuda externa, el petróleo, los efectos de la crisis financiera de México y, por último, la nacida en Asia en julio de 1997.
La Comisión Sudamericana de Paz, integrada por personalidades como el ex presidente argentino Raúl Alfonsín y el escritor colombiano Gabriel García Márquez, fue fundada en 1987 a iniciativa del chileno Juan Somavía, para promover la cooperación y la solidaridad como base para la seguridad en la región.
Una gobernabilidad real requiere de "una visión estratégica del país, que busque crecimiento con equidad, integración social y una adecuada inserción de ese país en la comunidad internacional", agregó Contreras.
En la antesala del 2000, la democracia es una práctica generalizada en América Latina, donde, con la sola excepción de Cuba, los gobernantes son elegidos en votaciones competitivas y con diversos grados de pluralismo.
La región mostró su compromiso democrático en la reacción colectiva ante el intento golpista del entonces general Lino Oviedo en Paraguay, en 1996.
En cambio, otros países salieron de crisis políticas por vías institucionales, como ocurrió con las destituciones de los presidentes Fernando Collor de Mello en Brasil, en 1992, y Abdalá Bucaram en Ecuador, en 1997.
En el sudeste de Asia y en Africa, la última década del siglo registró también avances importantes, con la caída en 1998 de las viejas dictaduras de Alí Suharto, en Indonesia, y la de Mobutu Sese Seko, en Zaire, actual República Democrática del Congo.
Pero también en Africa esta década dejó como saldo sangrientas guerras civiles y tribales en Liberia, Sierra Leona, Ruanda y Burundi, amén de la continuación de la guerra civil en Angola, que multiplicaron los dramas de refugiados y desplazados.
El desmembramiento del llamado mundo socialista, tras la caída del Muro de Berlín, fragmentó a Europa oriental y a la Unión Soviética para dar pie a las guerras étnicas de Bosnia- Herzegovina, en la antigua Yugoslavia, y de Kosovo, en la nueva Yugoslavia, y en república autónoma rusa de Chechenia.
"Este tipo de conflictos es una característica de nuestro fin de siglo, pero tiene sus antecedentes en los grandes conflictos del siglo XX", señaló Ricardo Israel, director del Instituto de Ciencia Política de la Universidad de Chile.
"El fin de la primera guerra mundial supuso el fin de imperios como el austro-húngaro, el turco otomano y el ruso, y la desintegración de grandes imperios coloniales. Cada una de esas fracturas supuso conflictos de nacionalismos", explicó Israel.
"Las guerras actuales encuentran sus antecedentes en conflictos pasados. Tomemos el caso de la fragmentación que vivió Rusia y aún presenta roces, así como la que está viviendo Indonesia", concluyó el experto.
En las áreas de conflicto, la democracia sigue siendo un bien relativo, como lo muestra en la propia América Latina el caso de Colombia, donde los gobiernos elegidos en las urnas conviven con una violencia permanente, ligada a la guerrilla, el narcotráfico y los paramilitares de extrema derecha.
Contreras advirtió que el caso de Colombia es excepcional en América Latina, pues se trata de un país violento desde el siglo pasado, aunque hoy puede tener repercusiones en toda la región por la expansión del "cáncer del narcotráfico".
Como antítesis a la Doctrina de la Seguridad Nacional, impuesta desde Estados Unidos, la Comisión Sudamericana de Paz desarrolló desde sus orígenes, a fines de los años 70, la doctrina de la Seguridad Democrática Regional.
Esta doctrina planteó que la seguridad de las personas y de la comunidad es superior a la seguridad del Estado y que las amenazas para la paz y la democracia no estaban en las relaciones o conflictos limítrofes entre los países.
"El tiempo nos dio la razón, porque se van resolviendo todos los problemas" limítrofes "y aumenta la integración y la cooperación", dijo Contreras a IPS.
"Pero la gran inseguridad de nuestros países es la marginación, la exclusión social, el tener a cerca de 40 por ciento de los latinoamericanos en la pobreza y a un porcentaje de 15 a 20 por ciento sin ningún futuro", agregó.
El experto cuestionó el énfasis que algunos líderes políticos ponen en la seguridad ciudadana, por ser un enfoque superficial del problema de la seguridad integral, amenazada no tanto por una delincuencia en aumento que practica el "hurto famélico" para sobrevivir, sino por un modelo neoliberal excluyente.
El neoliberalismo económico, hermanado con la democracia liberal, configura una ecuación que deja pendientes muchos interrogantes al finalizar el siglo, con un mar de dudas sobre la gobernabilidad y el alejamiento del sueño del buen gobierno.
La marginalidad, la desigual distribución del ingreso, los mecanismos de exclusión social, más la corrupción, atentan contra la gobernabilidad al desprestigiar a la política y a los partidos e inhibir la participación cívica, sobre todo de los jóvenes.
La preocupación al respecto fue recogida en esta década por la Organización de las Naciones Unidas, que entre otras iniciativas instituyó en América Latina un sistema permanente de sondeo de opinión sobre política y participación ciudadana, denominado Latinobarómetro.
La socióloga y experta en encuestas Marta Lagos, a cargo de estos estudios por cuenta de la consultora Mori, dijo a IPS que el problema fundamental en la región "está en las elites que intervienen en la concretización de los deseos democráticos de las mayorías".
"Después de la Iglesia Católica, la democracia es la institución con más prestigio en América Latina. Pero mientras 60 por ciento de los latinoamericanos apoya la democracia, sólo 30 por ciento está satisfecho con ella", observó Lagos.
"Ochenta por ciento creen que hay muchas cosas por hacer para que haya plena democracia. Se trata de pueblos que saben lo que quieren. El problema es que no tienen a nadie que los conduzca hacia donde quieren ir", añadió.
"El problema de la gobernabilidad está en la elite y no en la gente, que tiene más tolerancia a la pobreza y a las recesiones económicas que lo que cualquier dirigencia podría desear", concluyó la experta. (FIN/IPS/ggr/mj/ip dv/99
