La convocatoria de movilizaciones sindicales y estudiantiles para frenar el alza de tarifas de la luz, el teléfono y el transporte aumentaron hoy la presión sobre el gobierno de Mireya Moscoso.
El pronunciamiento se registró luego de una primera protesta realizada el miércoles, en la que obreros del Sindicato Unico de la Construcción y Similares bloquearon durante varias horas 12 puntos neurálgicos en la capital.
Saúl Méndez, secretario de defensa del sindicato, afirmó que las acciones están dirigida a enfrentar medidas económicas que afectan las condiciones de vida de los sectores populares, y para rechazar las negociaciones entre Panamá y Estados Unidos en materia de seguridad e intercambio de información.
"Los trabajadores irán a las calles porque no toleran nuevas alzas de precios, ni pactos en contra de la soberanía del país", añadió.
Las protestas, que se realizan poco antes de la transferencia del canal interoceánico a manos panameñas el 31 de diciembre, causaron preocupación en el gobierno, que afronta duros cuestionamientos tras el inicio de conversaciones bilaterales de altos funcionarios en Washington.
En un intento por aplacar el ánimo de los manifestantes, Moscoso propuso la inversión de parte de los 1.300 millones de dólares del Fondo Fiduciario para el Desarrollo en proyectos de vivienda, salud, acueductos y carreteras.
Ese fondo fue creado con la venta de empresas estatales, y el interés bancario que generan puede ser destinado a obras sociales, pero uso del capital por el gobierno requiere una ley.
Moscoso pidió a los trabajadores actuar con cordura frente a problemas que, en su opinión, derivan de fallas en los contratos negociados por el gobierno que presidió Ernesto Pérez Balladares.
La mandataria había frenado el alza en las tarifas del servicio telefónico que ofrece la compañía británica Cable and Wireless, pero se prevé que el costo de la electricidad aumentará entre 15 y 20 por ciento en enero del 2000.
El coordinador del Consejo Nacional de Trabajadores Organizados, Rafael Chavarría, declaró a IPS que el movimiento sindical realizará piquetes y marchas en ciudades y que estudia la convocatoria a una huelga nacional, en rechazo al aumento de los servicios públicos.
Chavarría increpó al gobierno por no contener el alza, ya que el Estado posee 49 por ciento de las acciones de las empresas de energía.
El presidente del Ente Regulador de los Servicios Públicos, José Guanti, justificó el alza de la electricidad debido del incremento de entre 47 y 55 por ciento de los combustibles fósiles utilizados por las usinas que generan 45 por ciento de la energía que se consume en Panamá.
Los trabajadores organizados rechazaron, además, el procesamiento judicial de los clientes morosos de la compañía distribuidora Electra, S.A. para obtener el pago de las deudas.
Héctor Avila, dirigente de un comité de moradores y desempleados del barrio de El Chorrillo, en la capital, amenazó con destruir y quemar los camiones de la empresa si ésta intenta desconectar el servicio de luz.
Aunque no se contempla por el momento un alza en la tarifa del agua potable, el director del estatal Instituto de Acueductos y Alcantarillados Nacionales (IDAAN), Carlos Sánchez, estimó que el aumento de la electricidad tendrá un impacto negativo.
Según economistas, los panameños podrían verse envueltos muy pronto en una ola de aumentos de precios como resultado de distintos factores adversos sobre la economía del país, entre ellos el alza de precios del petróleo e insumos utilizados en las actividades agropecuarias y agroindustriales.
El director de la Comisión de Libre Competencia y Asuntos del Consumidor (CLICAC), Rubén Carles, planteó que el gobierno debe responsabilizarse del aumento de precios de la canasta básica familiar, que "se están saliendo de control" y perjudican a los sectores menos favorecidos.
Luego de proteger con un techo arancelario a rubros agropecuarios, el gobierno debe admitir que "es contundente" la tendencia al alza de las hortalizas nacionales.
A fines de septiembre, cuando aún no se había registrado el último aumento de aranceles para productos agropecuarios, el costo de la canasta básica para una familia de 4,82 miembros era de 224,98 dólares.
El comisionado señaló que no se le pueden pedir cuentas a la CLICAC, porque este organismo había pronosticado que la actitud proteccionista del gobierno tendría efectos inflacionarios.
Los trabajadores y estudiantes coincidieron en repudiar, además, los intentos de la Cámara Panameña de Transporte de aumentar el pasaje mínimo de autobús en áreas urbanas, de 15 a 40 centavos de dólar, y advirtieron que bloquearán calles y autopistas en caso de que el gobierno apruebe dichas alzas. (FIN/IPS/dc/mj/lb if/99
