La sociedad española condenó hoy, en diversos actos, la violencia contra las mujeres, calificada por el ministro de Trabajo, Manuel Pimentel, como más violento de los crímenes encubiertos.
Según un informe de Unicef, cada año más de sesenta millones de mujeres son víctimas de la violencia que los hombres ejercen sobre ellas, en todo el mundo.
Esta situación fue recordada y condenada en todas las ciudades españolas, en las que se realizaron este jueves diversos actos con motivo del Día Mundial de la No Violencia contra la Mujer.
En España, que tiene 39 millones de habitantes, más de un millón de mujeres y dos millones de niños y niñas sufren la violencia doméstica.
Desde enero, 48 mujeres fueron asesinadas por su pareja y se registraron 16.694 denuncias de maltrato, denunció la Federación de Mujeres Separadas y Divorciadas de España. La espiral de violencia se agrava porque la ley es neutral y hay jueces y fiscales machistas, según grupos de mujeres maltratadas.
"Una mujer maltratada sufre una doble injusticia: la que le produce el agresor y la victimización secundaria que le que le infligen los jueces y fiscales", subrayó Ana María Pérez, presidenta de la Federación de Mujeres Separadas y Divorciadas.
"Sesenta y seis por ciento de los fiscales pide la absolución del agresor, cuando debería preocuparse por la víctima", añadió.
"La ley se aplica interpretándola, y cada fiscal, cada juez la interpreta de acuerdo a lo que piensa. ¿Y qué piensa la mayoría?. Siguen creyendo en la desigualdad entre el hombre y la mujer", concluyó Pérez.
Amalia Gómez Gómez, secretaria general de Asuntos Sociales, también cree que es necesario mejorar la aplicación de las normas y los mecanismos de garantías para la víctima y en especial restringir los permisos carcelarios a los agresores.
También Ana María Durán, presidenta de la Asociación de Mujeres Juristas, piensa que es un problema de mentalidad y pide que "la justicia no defraude a las mujeres".
"¿Por qué el agresor, una vez hallado culpable, se beneficia de consideraciones que no se tienen en cuenta en ningún otro delito, como sopesar su situación laboral, social y económica?", se preguntó.
El caso extremo lo constituye la actitud de la Audiencia Provincial de la andaluza provincia de Cordoba que, después de condenar al padre que violó a su hijo, de cuatro años, pidió su indulto.
La Audiencia, pese a señalar que no existe ninguna duda de que el padre perpetró el delito, basa su pedido de indulto en que las relaciones entre el procesado y su familia son inmejorables y que el niño siente gran afecto por su padre.
En el otro extremo de España, la Audiencia Provincial de Lugo, Galicia, evitó condenar a cárcel y sólo obligó a pagar una multa de cuatro dólares diarios durante 20 meses a un hombre de 50 años por un delito sexual continuado en perjuicio de su hijastra, desde que ésta tenía nueve años.
La sentencia también establece que el acusado debe indemnizar a su víctima, ahora de 18 años, con 70.000 dólares. El fiscal había solicitado siete años de prisión para el violador, pero el tribunal estimó que no se había acreditado debidamente que la víctima hubiese sido objeto de violencia o intimidación.
La Audiencia Provincial de Lugo dictó otro fallo también muy cuestionado, en el que consideró que, pese a haber penetración no hubo violación, porque el agresor no le quitó totalmente los pantalones a la víctima.
El agresor reconoció en el juicio que introdujo el pene en la vagina de la víctima, de 18 años, bajo amenazas, pero el Tribunal entendió que al bajarle los pantalones hasta las botas impidió que ella abriera las piernas, convirtiendo "en imposible eyacular o intentar eyacular".
"Hemos tocado fondo. Esto es un fracaso del sistema judicial", dijo el fiscal jefe del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, Mariano Fernández Bermejo, cuando un juez dictó la libertad condicional de Luis Patricio Andrés, de 36 años, condenado por el intento de asesinato de su novia, Mar Herrero Pacheco, de 23.
Pocos días después, el hombre asesinó a Herrero Pacheco tras fuertes torturas. Lo grave, según Fernández Bermejo, fue que el juez había desestimado el pedido de revocación de la libertad condicional interpuesto por la fiscalía. (FIN/IPS/af/mj/hd/99
