Los inmigrantes sufren la acción de la mafia, la represión y una dura ley en España, cuyo gobierno parece olvidar que millones de personas partieron de este país hacia otras tierras durante siglos.
Un vasto operativo policial logró este miércoles desbaratar una banda que introducía inmigrantes de manera irregular en España y detuvo a cuatro españoles, uno de los cuales tiene antecedentes por tráfico de drogas y de seres humanos.
La banda disponía de una vivienda en la costa mediterránea de Marruecos donde alojaba a los interesados en emigrar a España. Una vez que se completaba la cantidad adecuada para su traslado (unas 30 personas) las cargaban en un yate deportivo o en una lancha rápida a motor.
Este sistema se diferenciaba del tradicional traslado a través del mar Mediterráneo en embarcaciones de menor calado y calidad.
En este caso, los inmigrantes eran desembarcados por esta banda en lujosos puertos deportivos de la costa andaluza y desde allí trasladados por carretera hasta Cataluña, también sobre la ribera del mar Mediterráneo.
Cada inmigrante debía abonar 5.000 dólares por el traslado, sin recibir ninguna documentación y quedando librado a su propia suerte una vez llegado a Cataluña.
Pero no sólo las mafias están contra los inmigrantes. También encuentran problemas con la policía y el gobernante Partido Popular (PP), de centroderecha.
El policía José Manuel F. B., de 45 años, fue procesado a principios de este mes por exigir dinero a inmigrantes a cambio de no expulsarlos del país cuando llegan al aeropuerto de Madrid- Barajas.
Mientras, el gobierno ha dispuesto el gasto de 175 millones de dólares, para blindar la frontera con Marruecos, en los enclaves españoles norafricanos de Ceuta y Melilla.
En esas dos ciudades se instalarán radares de larga distancia, cámaras térmicas, visores nocturnos, rayos infrarrojos y helicópteros, para detectar a las embarcaciones que transportan a inmigrantes irregulares.
Esto se sumará a lo ya gastado para la construcción de alambradas de púas y eléctricas, con vigilancia electrónica.
Por otro lado, el PP y el gobierno de José María Aznar presentan todo tipo de inconvenientes para la aprobación de un proyecto de Ley de Extranjería menos rígido que la norma actual.
Su actitud ha sido calificada de "filibusterismo" por Convergencia y Unión (CiU), la coalición del nacionalismo catalán moderado, con cuyo apoyo Aznar fue designado presidente del Consejo de Ministros.
Carles Campuzano, expositor de CiU en la elaboración de la nueva ley, dijo que la posición gubernamental "alienta el discurso de la extrema derecha xenófoba, por suerte minoritaria".
En la misma línea se pronunció la organización no gubernamental SOS Racismo, según la cual los pronunciamientos del gobierno pueden provocar más brotes de intolerancia étnica.
Rosa Vives, portavoz del grupo, descalificó al ministro Josep Piqué por haber afirmado que "una ley más progresista no se puede aprobar porque sería aumentar el racismo social".
Esas declaraciones, explicó Vives, al repetirse una y otra vez llevan a la sociedad la visión de que la inmigración es negativa.
El opositor Partido Socialista Obrero Español, que cuando fue gobierno (1983-1996) se opuso a una ley similar al proyecto que se está tratando, ahora lo apoya. También lo apoya la tercera fuerza política, Izquierda Unida, cuya principal fuerza es el partido Comunista.
Además del mar Mediterráneo, los inmigrantes irregulares también navegan por el océano Atlántico, desde la costa noroccidental de Africa hasta las Islas Canarias.
Según datos de la Cruz Roja y de la Guardia Civil, en las playas del Sahara Occidental un millar y medio de personas aguardan para trasladarse hasta las Islas Canarias, sin documentos ni visados.
La Cruz Roja tiene registrado el paso de 2.200 inmigrantes sin papeles, desde Africa hasta el municipio de Tuineje, en Canarias, informó el diario madrileño El País.
Allí, en una noche llegaron 130 inmigrantes, 90 de los cuales fueron alojados en una celda con capacidad para 30, lo que originó un conato de motín, según el sindicato Unión Federal de Policía.
Esos traslados irregulares, en embarcaciones que en su mayoría carecen de seguridad para atravesar mares, suelen terminar con la muerte de los inmigrantes. Pero la vida de éstos suele acabar también en los barcos a los que se suben en calidad de polizones.
Por ello, la Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR), pidió que se investigue si algunos mercantes se deshacen de sus polizones antes de arribar a puerto, para ahorrarse problemas con las autoridades europeas, las españolas entre ellas. (FIN/IPS/td/mj/pr hd/99
