El Comité de Naciones Unidas contra la Tortura (UNCAT) analizará esta semana en Ginebra, durante su vigésimotercera sesión, el uso de esa práctica cruel y degradante por parte de las autoridades de Perú.
Hace cinco años, cuando Perú presentó su último informe periódico al UNCAT, el organismo expresó su preocupación por el uso de la tortura por parte de las fuerzas de seguridad del país durante la investigación de actos de terrorismo.
Sin embargo, esas preocupaciones no produjeron cambios visibles y en 1997 los activistas por los derechos humanos latinoamericanos se quejaron de que el trato inhumano se había institucionalizado en Perú.
"La tortura se ha convertido en un procedimiento de rutina durante el interrogatorio de sospechosos de delitos comunes", según un informe de esa época, que revelaba que el ejército utilizaba la tortura incluso contra sus propios miembros, cuando sospechaba que ponían en peligro la seguridad nacional.
Sin embargo, el año pasado el Parlamento peruano dio un gran paso al aprobar una ley que establece que la tortura es un delito específico en el código penal de la nación y la incluye, junto al genocidio y las desapariciones, entre los "crímenes contra la humanidad".
Esta sesión del UNCAT tendrá una mayor importancia, ya que será la primera oportunidad para evaluar el efecto de estas nuevas leyes en la reducción de la crueldad que en Perú forma parte de las "técnicas de interrogación estándares" del ejército y la policía.
"El comité tiene un propósito útil. Obliga a los gobiernos a presentar un informe cada cinco años y responder a las preguntas y críticas de activistas por los derechos humanos respecto de su historial", dijo un portavoz del Centro de Derechos Humanos con sede en México.
Las investigaciones regulares del UNCAT lograron una imagen más objetiva sobre la tortura en el mundo. La lista de países que practican la tortura llega a 93, mientras el número de víctimas se calculó en más de un millón.
A pesar de que la Convención Contra la Tortura adoptada por la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) en 1984 fue ratificada por 118 países, muchos de ellos todavía continúan con esa práctica.
La Convención, que entró en vigencia en 1987, requiere que los gobiernos penalicen la tortura y que las excusas como "órdenes superiores" o "circunstancias excepcionales" no puedan utilizarse para justificar "actos crueles".
La Convención establece que los supuestos torturadores pueden ser juzgados en cualquier país o extraditados para ser juzgados en el país donde se cometió el crimen y que la comunidad internacional puede designar a un equipo para investigar el crimen.
La primera decisión fue la base de las acusaciones que un magistrado español presentó contra el ex dictador chileno Augusto Pinochet, algunas de las cuales se relacionaban con España pero cuya mayoría no tenía conexión con ese país.
El magistrado británico que decidió el mes pasado que Pinochet debería ser extraditado a España, se refirió a la Convención Contra la Tortura como una prueba más de "la creciente tendencia de la comunidad internacional a unirse para prohibir crímenes aborrecibles para la sociedad civilizada".
Sin embargo, el aumento en la demanda de ayuda para las víctimas de tortura este año revela que esa tendencia no ha logrado reducir significativamente estos crímenes.
La Alta Comisión de Naciones Unidas para los Derechos Humanos afirmó que su fondo especial para asistir a las víctimas de tortura necesita más de un millón de dólares extra este año, en comparación con los dos últimos años.
Las víctimas y sus familiares asistidos por el fondo llegaron a 60.000 en 1997.
Incluso el secretario general de la ONU, Kofi Annan no pudo ocultar su decepción por el uso corriente de la tortura.
"Esta práctica atroz todavía continúa" a pesar de que los gobiernos ratificaron la convención, dijo.
La situación en Kenia es un buen ejemplo de lo que Annan quiso decir.
Aunque ratificó la convención en 1997, Kenia figura en la lista de Amnistía Internacional, una organización por los derechos humanos con sede en Londres, como uno de los cinco países donde la convención "se viola de manera persistente, grave y sistemática".
Los otros países que Amnistía Internacional califica de torturadores son Arabia Saudita, Camboya, Colombia y Turquía.
Según esta organización, las formas de tortura utilizadas incluyen golpizas, remoción de las uñas de las manos y los pies, privación de aire hasta llegar al borde de la asfixia y violación bajo custodia.
Sabu Churchill, quien experimentó ese sufrimiento en Kenia, recuerda haber sido torturado seis veces inmediatamente después de su arresto en 1996 por pertenecer a una organización política proscrita.
"La mayoría de las sesiones de tortura eran de noche. El equipo especial llegaba a mi celda y me desnudaba. Me llevaban a una habitación que parecía un taller, con herramientas por todas partes, y me tendían sobre un banco. Los oficiales de policía me arrancaban las uñas con alicates", contó a los periodistas.
Esa contradicción, que un estado continúe con la tortura a pesar de haber ratificado la convención, no sorprendió a los activistas mexicanos.
"La tortura continúa en este país, incluso después de haber sido expuesta durante las sesiones del UNCAT", dijo un activista que pidió reserva sobre su identidad.
"El gobierno mexicano no considera los temas planteados por el comité de la ONU", señaló. Las recomendaciones del UNCAT "nunca se implementan de manera adecuada" en este país.
La Comisión Nacional de Derechos Humanos de México declaró que "la tortura continúa".
Pero los activistas continúan apoyando los esfuerzos del UNCAT. "Las audiencias del comité nos ayudan en nuestra estrategia. Nos sirven para registrar los abusos cometidos aquí y ejercer presión", dijo un activista. (FIN/IPS/tra-en/mmm/mk/at/aq/hd/99
