Las grandes centrales sindicales del mundo pretenden que, un día no lejano, los acuerdos multilaterales de comercio incluyan sanciones contra países o compañías que violen las cláusulas sobre derechos fundamentales de los trabajadores.
Esa aspiración, conocida como la cláusula social, es compartida por buena parte de los gobiernos socialdemócratas de Europa, por el de Estados Unidos y los de otros países industrializados.
En cambio, merece una oposición rotunda de la casi mayoría de los países en desarrollo, que le atribuyen la intención de introducir una cuña proteccionista para desbaratar la posibilidad de un equilibrio en el sistema multilateral de comercio.
La idea de la cláusula social, impulsada principalmente por la Confederación Internacional de Organizaciones Sindicales Libres (CIOSL), comenzó a discutirse en la conferencia de Marrakesh, de 1994, que aprobó los acuerdos comerciales de la Ronda Uruguay de negociaciones comerciales multilaterales.
En Marrakesh nació la Organización Mundial del Comercio (OMC), con sede en Ginebra, que se ha convertido desde entonces en el foro amplificador del debate sobre las normas laborales y el comercio.
La polémica se traslada la semana venidera a Seattle, Estados Unidos, donde la OMC realizará su tercera conferencia ministerial entre el próximo martes y el 3 de diciembre.
Las representaciones de Estados Unidos y de la Unión Europea han presentado propuestas para que un punto de la declaración final de la conferencia se ocupe de los estándares laborales en relación con el comercio.
Pero el Grupo Informal de Países en Desarrollo adelantó en Ginebra que abriga preocupaciones concretas por la tentativa de incluir en el documento final de Seattle cuestiones no comerciales como los estándares laborales.
La declaración de los países en desarrollo precisa que el punto no debe verse como un conflicto Norte-Sur ni tampoco como una despreocupación por el respeto de las normas laborales fundamentales.
De todos modos, la CIOSL confía en que los ministros efectuarán alguna referencia, como lo hicieron en la primera conferencia ministerial de la OMC, en Singapur, en 1996, donde manifestaron su compromiso de cumplimiento de los derechos fundamentales de los trabajadores reconocidos internacionalmente.
Una de las propuestas presentadas a la conferencia apunta a la creación de un grupo de trabajo conjunto de la OMC y la Organización Internacional del Trabajo (OIT) para que analice la relación entre esas normas laborales y el comercio multilateral.
La idea del grupo de trabajo parece prácticamente malograda por la categórica oposición de los países en desarrollo, que amenazan con frustrar el resto de las negociaciones, de por sí trabajosas, de la conferencia de Seattle.
Los gobiernos de Estados Unidos y la Unión Europea demandan la cláusula social presionados por sus sindicatos, que temen el desplazamiento de algunas de las compañias de sus países para establecerse en el mundo en desarrollo, interpretó Martin Khor, director de la Red del Tercer Mundo, con sede en Malasia.
Parece tratarse de una maniobra para obligar a los países en desarrollo a elevar sus estándares laborales y de esa manera impedirles que se beneficien de las ventajas competitivas que gozan en relación al Norte, comentó Khor a su paso por Ginebra, rumbo a Seattle.
Pero sobre este punto, la CIOSL sostiene que la competencia no es simplemente entre países industrializados y en desarrollo.
Las economías de bajos salarios no entran en competencia directa con los países que producen bienes de alto valor agregado, sino con otras economías de salarios reducidos, alega la central sindical de tendencia socialdemócrata.
La transferencia de puestos de trabajo tiene un sentido opuesto, afirmó Khor, pues son los países pobres los que pierden puestos de empleo a favor de los ricos.
La caída de los precios de los productos básicos y el deterioro de los términos de intercambio conspiran contra las exportacioens de los países en desarrollo, que perciben ingresos muy inferiores a los de hace cinco o 10 años.
Esa disminución de ingresos trae aparejada una reducción de inversiones y la consiguiente pérdida de puestos de trabajo para los países del Sur y la apertura de nuevas fuentes en el Norte, expuso Khor.
Mediante otros mecanismos perversos, como la refinanciación de la deuda externa, el traslado de beneficios de las transnacionales, el pago de regalías de derechos de propiedad intelectual, el Sur transfiere entre 200.000 y 300.000 millones de dólares cada año hacia el Norte, que equivalen a infinidad de puestos de trabajo.
El reclamo de las centrales sindicales se fundamenta en las violaciones de los derechos humanos básicos en el trabajo y en las condiciones de explotación vigentes en muchos países en desarrollo, incluidos los casos de represión, discriminación, trabajo forzado y trabajo infantil.
Khor observó que, en los países más atrasados, la población más pobre "puede perder sus empleos en nombre de los derechos de los trabajadores".
De esa forma, el principio socialdemócrata de introducir la justicia social en el sistema de libre comercio "puede, con las mejores intenciones, causar el efecto opuesto contra los trabajadores del Tercer Mundo", estimó.
La CIOSL observó que el condicionamiento a la vigencia de las normas laborales ya se aplica en los Sistemas de Preferencias Generalizadas (SPG), mecanismos de acceso favorable a los mercados que Estados Unidos y la Unión Europea otorgan a algunos países en desarrollo.
La central sindical puntualizó que, bajo las amenazas de Estados Unidos, algunos países de América Central y el Caribe, y en particular la República Dominicana, se vieron obligados a reformar la legislación laboral y el régimen de negociación colectiva.
El representante dominicano ante la OMC, Federico Cuello, adelantó que su gobierno se opondrá en Seattle a la cláusula social "porque sabemos cómo se utiliza esto en los acuerdos de comercio preferencial de los cuales nos beneficiamos".
Cuello afirmó que la República Dominicana ha ratificado los siete convenios de las normas fundamentales declaradas por la OIT. Sin embargo, Estados Unidos, que propone la cláusula social, no ha ratificado ninguna de esas convenciones internacionales.
"Esto no es más que proteccionismo disfrazado y no se puede aceptar", sostuvo el negociador dominicano. (FIN/IPS/pc/mj/if lb/99
