Sindicatos del sector estatal y las tres centrales obreras de Colombia adhirieron al paro de 48 horas que iniciaron hoy los transportistas para exigir el congelamiento del precio de la gasolina, entre otros reclamos.
A la protesta, que disminuyó entre 30 y 60 por ciento la circulación de autobuses urbanos en las principales capitales y 90 por ciento el intermunicipal, se sumaron los sindicatos de la salud, la educación y el petróleo, así como de los bancos Popular y Bancafé (de capital mixto).
Los trabajadores de la salud pública protestan por la demora en el pago de sueldos, de entre tres y 24 meses a causa de la crisis que afronta el sector.
Tarcisio Mora, presidente de la Federación Colombiana de Educadores, afirmó que su gremio realizó asambleas informativas en los colegios en solidaridad con los sectores en conflicto.
Así mismo, el Comando Nacional Unitario de Paro (CUP) coordinó una marcha en la capital colombiana para protestar "contra el deterioro social" que esta afecta a la población.
El CUP, integrado por representantes de la Central Unitaria de Trabajadores, la Confederación de Trabajadores de Colombia, la Confederación General de Trabajadores Democráticos (CGTD) y la Federación Nacional de Trabajadores del Estado, coordinó en octubre un paro de protesta por la crisis.
Yezid García, de la CGTD, dijo a IPS que la jornada de este jueves "tiene un gran mérito y es su rechazo a la liberación de los precios de la gasolina, que es una política encaminada a encarecer el costo de vida".
Según García, los trabajadores estatales se han unido a la protesta porque están afectados por el congelamiento de salarios anunciado por el gobierno, "que busca disminuir el valor de sus salarios reales".
El gobierno anunció que de los 800.000 trabajadores estatales sólo recibirán incremento de salarios el año entrante los que reciban hasta dos sueldos mínimos (260 dólares), que representan 20 por ciento del total, por el ajuste que presupuestal que debe hacer para reducir el déficit fiscal (6,0 por ciento).
Los trabajadores bancarios que se sumaron a la protesta, rechazan las medidas, que buscan recortarles conquistas laborales en medio de negociaciones.
En la ciudad de Barrancabermeja, un grupo de empleados de la Empresa Colombiana de Petróleos (Ecopetrol) ocuparon la mayor procesadora de combustible del país, que fue militarizada tras haberse registrado un incendio que es investigado por las autoridades.
Por estos hechos fueron detenidos Gabriel Albis, presidente de la Unión Sindical Obrera, que nuclea a los trabajadores de Ecopetrol, y Carlos Niño, también directivo de ese sindicato.
Los empresarios del transporte mantuvieron su decisión de llevar a cabo el paro este jueves y viernes tras el fracasado de las conversaciones con el gobierno.
Según el ministro de Transporte, Gustavo Canal, el gobierno propuso a los transportistas congelar los precios del combustible en diciembre y enero y la presentación de un proyecto de ley que modifique la fórmula de cálculo del valor de la gasolina.
También se les propuso una línea de crédito de 30 millones de dólares para el refinanciamiento del sector, propuestas que los transportistas consideraron insuficientes.
Tras la negativa, Canal afirmó que el diálogo sólo se reanudará si los transportistas revisen sus exigencias, "que son imposibles de cumplir en las condiciones actuales".
Yezid Isasa, presidente del Consejo Superior del Transporte, sostuvo que la liberación de los precios de la gasolina atados a los incrementos de los precios internacionales, que puso en marcha el ministro de Minas, Luis Valenzuela, ha representado sobrecostos difíciles de afrontar para el sector.
Colombia recibirá este año ingresos adicionales de cerca de 700 millones de dólares por exportaciones de petróleo a causa del incremento de los precios internacionales, pero también deberá pagar más cara la gasolina que inporta por falta de capacidad en sus plantas de refinería.
El presidente de la Asociación Nacional de Transportadores, Marino Quintero, explicó que los costos de la gasolina se han incrementado en 42 por ciento desde enero.
"No nos oponemos a la liberación de precios", que, sin embargo, deberá concretarse cuando el país registre "algún nivel de crecimiento en su economía", dijo Quintero a IPS.
Cincuenta por ciento del precio de la gasolina corresponde a impuestos directos e indirectos, según los transportistas.
Para el gobierno, el principal problema no es la liberación de los precios de la gasolina sino la baja de la demanda de los servicios de transporte a causa de la recesión.
La economía colombiana tuvo en el primer semestre de este año una caída de 6,6 por ciento y se prevé que cerrará 1999 con un decrecimiento de 3,5 por ciento y una inflación de 11 por ciento, según datos oficiales.
Diferentes estudios indican que en Colombia circulan cerca de dos millones de automotores. Ochenta y cinco por ciento de los colombianos utilizan el sistema de transporte público, que cuenta con unos 530.000 vehículos de los que 120.000 son de carga, 80.000 son autobuses del servicio urbano y 50 intermunicipales.
Los transportistas también piden la revisión del sistema de peajes concedido a empresarios privados, pólizas de seguro para protegerse de la inseguridad que se vive en las carreteras a causa del conflicto armado y reglas de juego claras y concertadas en materia de legislación. (FIN/IPS/yf/mj/tr lb/99
