El gobierno de Panamá revisará los acuerdos migratorios con Colombia y desarrollará un plan de seguridad en su frontera, alarmado por el secuestro de acaudalados empresarios y el robo de aeronaves por supuestos guerrilleros colombianos.
El plan, aún en estudio, prevé el envío de unidades policiales entrenadas a la provincia de Darién y a la comarca indígena de San Blas, limítrofes con Colombia, donde se ha denunciado la presencia de las insurgentes Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), paramilitares y narcotraficantes.
La presidenta Mireya Moscoso reaccionó con dureza tras el secuestro del empresario Ashok Nandwani y el robo de dos helicópteros de uso civil en una región fronteriza con Colombia, ocurridos esta semana.
Moscoso dijo que se impondrán "medidas muy severas" contra aquellos que fomentan la violencia o lesionan la seguridad del Estado.
El director del Consejo de Seguridad Nacional, Pablo Quintero, manifestó que el gobierno ha acelerado tras los incidentes los preparativos para el diseño y ejecución de un plan de seguridad que cubrirá todo el territorio nacional.
Aunque no explicó las características y los alcances del proyecto, previsto para fines de año, Luna dijo que "con este plan el pueblo va a poder dormir tranquilo".
Por su parte, el ministro de Gobierno y Justicia, Winston Spadafora, consideró necesario revisar los convenios migratorios entre Colombia y Panamá, cuyos nacionales no necesitan visa para cruzar la frontera.
El ministro de Relaciones Exteriores panameño, José Miguel Alemán, expresó su esperanza en que la medida no afecte las "excelentes relaciones" diplomáticas con Colombia, cuya fuerza aérea colabora en la búsqueda de los dos helicópteros secuestrados.
Según el comandante de la fuerza aérea colombiana, general Fabio Velasco, se han realizados numerosos vuelos en una amplia zona selvática, pero no ha sido posible detectar los aparatos.
Spadafora señaló que "hay que controlar más la frontera" en previsión de acciones hostiles y violentas de grupos irregulares.
Sin embargo, líderes de la oposición y figuras allegadas al gobierno de Moscoso advirtieron la posibilidad de que los secuestros en la frontera constituyan una operación para obligar a Panamá a firmar un pacto con Estados Unidos en materia de seguridad.
El diputado Miguel Bush, del opositor Partido Revolucionario Democrático (PRD), dijo a IPS tener evidencia de que lo ocurrido en Darién y en San Blas es parte de la presión de Estados Unidos para inducir a Panamá a aceptar un arreglo para la permanencia de tropas en este país después del 2000.
Los tratados firmados por Washington y Panamá en 1977 imponen el retiro gradual de los contingentes militares estadounidenses de la zona del canal interoceánico, así como la transferencia de esa vía a manos panameñas el 31 de diciembre de 1999.
Pero Bush aseguró que en el Departamento de Estado (cancillería) de Estados Unidos se "están moviendo ciertos hilos" para crear focos de conflicto, tensión e inestabilidad en la frontera, donde se asientan comunidades pobres que viven en condiciones de dispersión geográfica y marginalidad.
Las apreciaciones de Bush fueron compartidas por Antonio Domínguez, del gobernante Partido Arnulfista, quien opinó que no se debe descartar que intereses estadounidenses estén detrás de los actos de violencia atribuidos a la guerrilla colombiana.
Las derechistas Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), dirigidas por el empresario cafetalero Carlos Castaño, amenazaron en septiembre con tomar represalias contra el presidente de Venezuela, Hugo Chávez, y contra las fuerzas policiales de Panamá, por una supuesta colaboración con las FARC.
La amenaza de la AUC fue recibida entonces con cautela por el gobierno de Moscoso, quien ha insistido en mantener segura y en paz la frontera con Colombia.
En medio de la incertidumbre creada en esa zona, el obispo católico Rómulo Emiliani pidió a los alzados en armas que "saquen sus manos del Darién" y devuelvan al empresario Domingo Samaniego y al universitario Alexis Ortiz, secuestrados semanas atrás por desconocidos.
Bush afirmó que en Darién y San Blas, donde cada año transitan gran cantidad de indocumentados procedentes de países sudamericanos, la seguridad se volvió precaria tras la invasión de Estados Unidos a Panamá en 1989, que desarticuló a las Fuerzas de Defensa de Panamá.
De acuerdo con el parlamentario, a partir de la invasión aumentaron los asaltos a bancos, los asesinatos, la piratería en alta mar y los delitos vinculados con el narcotráfico.
Desde 1989 a 1999 se han producido en Panamá 189 secuestros, cuyos autores exigieron en muchos casos grandes rescates, según informes oficiales.
Moscoso, quien asumió en septiembre, reforzó las unidades policiales y las patrullas de guardacostas en Darién y en San Blas, habitadas en su mayor parte por indígenas, colonos blancos y negros.
La mandataria recalcó que Panamá garantizará la defensa de sus fronteras y del canal, como parte del compromiso soberano a no renegociar la instalación de bases en el territorio nacional.
Pese a ello, el Senado de Estados Unidos aprobó el 18 de octubre la resolución 61, que urge al presidente Bill Clinton a concertar "acuerdos de seguridad" con Panamá.
Bush sostuvo que los acontecimientos en Washington y en la frontera colombo-panameña pueden tener un mismo cuño intervencionista, y llamó a Moscoso a pronunciarse al respecto. (FIN/IPS/dc/mj/ip/99
