La mayoría de los hospitales públicos de Colombia se encuentran en una grave crisis y los trabajadores responsabilizan de la situación a la política neoliberal de los últimos gobiernos y a los intermediarios.
El déficit de estos hospitales, que ya ha provocado el cierre de 32 de ellos, a los que acude el 51 por ciento de la población, perteneciente a los sectores de menores ingresos, es superior a 600 millones de dólares, lo que representan el 0,68 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB).
El secretario general de la Asociación Nacional de Empleados de Hospitales y Clinicas, Ricardo Orozco, dijo a IPS que la crisis afecta a 120.000 trabajadores de los hospitales públicos, a los que se les adeuda de tres a 20 meses de salarios.
Los 350 hospitales que están operando lo hacen "por el sacrificio de los trabajadores que no han permitido el cierre", aseguró el dirigente sindical.
A los trabajadores del hospital La Victoria de Bogotá, uno de los 30 que están en crisis, les adeudan tres meses de sueldos y los proveedores han suspendido el suministro por la creciente deuda.
En el nororiental departamento de Santander se les adeuda más de tres meses de salarios a los 950 empleados de los 40 hospitales, que atienden a dos millones de pacientes al mes.
Jorge Torres, presidente del sindicato en Santander, la crisis hospitalaria se debe a que "la ley 100 de 1993 ha sido un completo fracaso".
Con esa ley, el gobierno puso en marcha un modelo basado en la autofinanciación de los hospitales públicos mediante la venta de servicios y aportes fiscales, pero creó un sistema de intermediación que ha canalizado los recursos, según el sindicato.
Esta ley "puso en términos de mercado a todo el sector de los hospitales sin darles la posibilidad de adecuarse" para enfrentar la competencia de las empresas privadas que atienden a la población con mayores recursos, señaló William Vargas, secretario general del sindicato del sector en Bogotá.
El Estado financiaba en su totalidad el funcionamiento de los hospitales, pero con la nueva ley "los aportes están entre 30 y 40 por ciento, dinero que se queda en poder de las empresas intermediarias", dijo Vargas.
Orozco estimó que las empresas intermediarias que se crearon con la ley "se han quedado durante cinco años con cerca de 1.500 millones de dólares, de los 2.500 millones que el gobierno ha girado para el funcionamiento de los hospitales".
"Acabar con los intermediarios que se quedan con los recursos y que los utilizan con otros fines es uno de los pasos necesarios para superar la crisis", dijo Orozco.
Natalia Paredes, investigadora del Centro de Educación y Cultura Popular (CINEP), indicó que a los hospitales públicos sólo acuden las personas de bajos recursos económicos, que no están amparadas por los sistemas privados de atención en salud, por lo que el nivel de ingresos de estos centros es reducido.
Además, si el paciente declara que no tiene dinero para pagar, "que es lo que ocurre la mayoría de las veces, se le hace un estudio socioeconómico y si clasifica como pobre sólo paga el 10 por ciento del valor de su cuenta", añadió.
El restante 90 por ciento se le factura a la Secretaría de Salud del municipio o departamento, que hace la intermediación y en la mayoría de las veces incumple los pagos.
Los dirigentes del sindicato de trabajadores de la salud aseguran que la crisis hospitalaria ha sido propiciada por el gobierno, que "quiere llevar al aniquilamiento a estas instituciones para ofrecércelas más adelante a empresas del sector privado".
El gobierno arguye, por su parte, que la crisis del sector se debe a la forma ineficiente como vienen operando en la prestación de sus servicios.
No obstante, Paredes replicó que con esa posición parcializada el gobierno trata de eludir su responsabilidad "de garantizar el derecho a la salud de todos los colombianos".
El Ministerio de Salud atribuye la responsabilidad de la actual crisis hospitalaria a los centros asistenciales, éstos a los gobiernos departamentales y éstos a la nación, "y así se culpan unos a otros mientras la población pobre sigue desprotegida", dijo la investigadora del CINEP. (FIN/IPS/yf/ag/he-if/99
