Organizaciones de prensa y sociales de Colombia condenaron hoy el asesinato de un periodista y un reportero gráfico que se disponían a cubrir las elecciones para alcalde en una localidad del nordeste de este país.
El periodista Luis Rincón y el reportero gráfico Alberto Sanchez fueron asesinados el domingo en un sector rural a cinco kilómetros del municipio de El Playón, departamento de Santander, donde operan grupos del rebelde Ejército de Liberación Nacional (ELN) y paramilitares de derecha.
La policía informó que se desconocen los autores del asesinato de los dos comunicadores, que colaboran con varios medios del departamento de Santander.
Los organismos de seguridad informaron que Rincón y Sánchez fueron interceptados por un grupo de hombres armados que los desviaron de su ruta para luego darles muerte.
El presidente del Congreso Legislativo, Miguel Pinedo, dijo que el asesinato constituyó una nueva violación de la libertad de prensa.
Con Rincón y Sanchez, son ocho los periodistas asesinados desde enero por razones directamente relacionadas con su trabajo. La organización internacional Reporteros Sin Fronteras registró más de 130 muertes violentas de comunicadores en Colombia en los años 90.
El investigador de medios de comunicación Javier Restrepo dijo a IPS que las muertes de Rincón y Sanchez deben ser atribuidas a las partes en pugna en la guerra civil, "que han manifestado su desconocimiento del derecho a la libre expresión".
Restrepo consideró que Colombia afronta una guerra en la que los periodistas representan un orden totalmente opuesto al de los grupos que buscan resolver los problemas por medio de las armas, lo cual los hace vulnerables.
Román Medina, presidente del Club de Prensa, de Bogotá, dijo que el asesinato de los dos comunicadores es una muestra de lo riesgoso que ejercer el periodismo en Colombia.
Medina dijo que los periodistas colombianos no tienen garantías legales para llevar a cabo su función social de informar y que con frecuencia son secuestrados, asesinados y amenazados por los distintos actores de la violencia.
La Fundación para la Libertad de Prensa sostuvo que cerca de un centenar de periodistas han sido amenazados en lo que va del año y varios debieron abandonar el país por amenazas de muerte.
Ignacio Gómez, director ejecutivo de la Fundación para la Libertad de Prensa, que se asesine cada mes a un periodista en promedio no debe ser extraño "en un país en el que hay cerca de 25.000 muertes violentas al año".
Distintos estudios indican que Colombia tiene cerc de 100 muertes violentas por cada 100.000 habitantes, mientras en el resto de América Latina ese índice es de 15 por cada 100.000.
No obstante, según las organizaciones de prensa, los ataques contra los periodistas no sólo representa un atentado contra el derecho a la vida, sino contra la libertad de prensa y contra la democracia.
La última ofensiva de los grupos armados contra los periodistas fue en octubre, cuando fueron secuestrados Henry Romero, fotógrafo de la agencia internacional de noticias Reuters, y otros seis comunicadores.
Romero, liberado luego a comienzos de noviembre, fue retenido por el rebelde Ejército de Liberación Nacional (ELN) en Cali (oeste), para hacerle "un juicio revolucionario" por haber publicado una fotografía en la que se mostraba la cara de un guerrillero de esa organización.
Los otros seis comunicadores, también liberados a comienzos de mes, fueron retenidos por las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) en el nordeste para que conocieran e informaran "los desmanes que cometen los paramilitares" de derecha contra la población civil.
En esa oportunidad la Asociación de Periodistas de Barrancabermeja, tras reclamar la inmediata liberación de sus colegas, dijo que "no es con la amenaza del fusil" como los periodistas pueden informar la realidad de los hechos.
La retención de periodistas por parte de los grupos armados también fue condenada en esa oportunidad por el arzobispo de Cali, Héctor Henao, quien pidió a los grupos armados reflexionar "sobre la necesidad de humanizar la guerra" y sacar a los civiles del conflicto armado.
Según el prelado "de ninguna manera puede responsabilizarse a los periodistas del conflicto". Por el contrario, los comunicadores "con su trabajo buscan que los colombianos conozcan la situación que se vive en el país", dijo.
Según Henao, para que los periodistas puedan cumplir con su función de informar necesitan de una gran autonomía e independencia, que no se da bajo circunstancias de presión.
Así mismo, también a comienzos de noviembre, fueron atacadas con un coche bomba en la ciudad de Cali las oficinas de la corresponsalía del diario El Tiempo, el de mayor circulación nacional, en una campaña de atentados que ha sido atribuida a narcotraficantes.
El ataque contra El Tiempo se produjo varios días después de que el gobierno autorizara la extradición de Jaime Lara y de otros dos extranjeros reclamados por la justicia estadounidense por delitos de narcotráfico. (FIN/IPS/yf/mj/hd/99
