Los grupos que luchan por vivienda en Sao Paulo, la mayor ciudad de Brasil, comenzaron a ocupar calles y edificios abandonados en demanda al gobierno de planes efectivos de solución habitacional.
Estas acciones forman parte de una táctica similar a la adoptada con éxito por el Movimiento de los Sin Tierra (MST), que obtuvo amplio apoyo a su lucha por reforma agraria, con ocupaciones bien organizadas de predios rurales improductivos en todo el país.
Cerca de 30 edificios fueron invadidos en los últimos meses, la mayoría perteneciente al gobierno y sin uso hace muchos años.
Ante la orden judicial de desalojo, en algunos casos, las familias salen y pasan a vivir en la calle a pocos metros, con sus escasos muebles, en una impactante denuncia.
Unos 2.000 "sin techo" se juntaron el miércoles ante la sede del gobierno del estado de Sao Paulo, para reclamar que se ejecuten los anunciados proyectos habitacionales y que sean tenidos en cuenta en la definición de prioridades del presupuesto estadual destinado a la vivienda.
La crisis habitacional en Sao Paulo se agravó en los últimos tiempos. "Cada día hay más gente viviendo en las calles", observó María Inés Volpato, asesora jurídica de la Pastoral de la Vivienda, organización de la Iglesia Católica local que hace décadas asiste a la población sin hogar digno.
Con el alto desempleo, las familias no pueden pagar el alquiler, incluso en las peores viviendas, como los "cortizos" (colmenas), viejas casas donde se hacinan decenas de familias en "condiciones terribles e inimaginables para un ser humano", explicó Volpato.
En tal situación, participar de ocupaciones, aunque ilegales, se hizo una alternativa atractiva, porque es gratuita y a veces duradera, añadió.
Son acciones encabezadas por grupos organizados, como la Unión de los Movimientos por Morada (UMM), fundada hace doce años a partir principalmente de los cortizos, cuya población en Sao Paulo es estimada en 600.000 personas.
Reconocida informalmente por las autoridades como portavoz de los sin techo, la UMM lanzó una ofensiva, promoviendo la invasión de seis edificios simultáneamente, el 25 de octubre.
Tales acciones tienen por fin forzar a los gobiernos municipal y estadual a buscarles una solución, aunque sea vivienda de bajo costo financiada a largo plazo o tierras donde se pueda construir edificios de departamentos o casas.
La UMM prefiere un proceso participativo luego de obtenido el terreno. Movilizar a las familias favorecidas para, en trabajo conjunto y solidario, el llamado "mutirao", construir sus propias casas.
Además de fortalecer la comunidad, abarata la construcción, haciendo más productivos los escasos recursos para atender a la población pobre. La organización asegura hacer cada unidad por un costo 35 por ciento inferior al estimado por la alcaldía.
Pero reclama todos los derechos de un verdadero ciudadano, como saneamiento básico, guarderías, áreas de esparcimiento y deportes y, principalmente, escuelas. Todos tienen que estudiar, incluso para una participación política efectiva, señaló Donizeti de Oliveira, uno de sus tres coordinadores.
La Secretaría de Vivienda del municipio estima que en Sao Paulo, una ciudad de 10 millones de habitantes, hay 400.000 familias carentes de habitaciones adecuadas.
La cifra es probablemente subestimada, ya que los expertos y movimientos populares creen que existen dos millones de personas viviendo en las "favelas" (barrios irregulares de casas muy precarias) y unas 600.000 en los cortizos.
Las estadísticas oficiales apuntan que en todo Brasil hay un déficit de 5,4 millones de unidades habitacionales.
La acción por vivienda en Sao Paulo se radicalizó últimamente también por el surgimiento de nuevas organizaciones, como el Movimiento de los Trabajadores Sin Techo.
El éxito logrado en las invasiones a comienzos de este año, cuando alcanzó a ubicar 277 familias en dos edificios, le permitió al líder de ese MST urbano, Hamilton de Souza, conquistar fieles adeptos.
Una ocupación, aunque no logre alojar la gente, es un acto político que hace crecer el movimiento, sostiene De Souza.
La actitud combativa por la vivienda ganó también la adhesión de los vendedores callejeros, un sector que protagonizó muchas manifestaciones violentas en los últimos años, al tener sus actividades vedadas en varios barrios y calles.
"Decidimos reaccionar ante la represión de nuestra actividad por la alcaldía", porque sin poder trabajar muchos no pueden pagar el alquiler de sus casas, explicó José Ricardo Teixeira, director del Sindicato de los Trabajadores de la Economía Informal, que asegura tener 12.000 afiliados. (FIN/IPS/mo/dm/ip/99
